El Supremo entra en el debate de la escuela concertada

Desde 2004, el Supremo se ha pronunciado sobre la eliminaci¨®n de aulas concertadas en cinco sentencias, a las que ahora hay que sumar las tres dictadas esta semana. Estas resoluciones coinciden con la entrada en la precampa?a electoral del debate de los concertados, avivado en los ¨²ltimos d¨ªas por el PP y las patronales y los padres representantes de estos centros, que se sienten atacados por la decisi¨®n de algunas comunidades de eliminar conciertos. Andaluc¨ªa, la comunidad a la que se refieren las resoluciones del alto tribunal, clausur¨® 60 en 2014.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha aplicado la misma doctrina que ha mantenido en los ¨²ltimos 12 a?os. En la ¨²ltima de las tres sentencias estima el recurso de casaci¨®n interpuesto por la Federaci¨®n de Sindicatos Independientes de Ense?anza de Andaluc¨ªa y revoca la orden de la Junta de Andaluc¨ªa por la que se suprim¨ªa una unidad de segundo ciclo de infantil, en el colegio concertado San Juan Bosco de Mor¨®n de la Frontera (Sevilla) para el curso acad¨¦mico 2013-1014. El fallo del alto tribunal corrige la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa, que dio la raz¨®n a la decisi¨®n de la Junta de no renovar esa unidad alegando que no se cumpl¨ªa el requisito de satisfacer necesidades de escolarizaci¨®n y por el descenso demogr¨¢fico.

En el caso del colegio San Juan Bosco de Mor¨®n hab¨ªa 52 solicitudes para dos unidades, lo que se ajustaba a la ratio profesor/alumno, pero la Junta suprimi¨® una unidad y deriv¨® a 26 alumnos a un centro p¨²blico del municipio porque all¨ª hab¨ªa plazas suficientes. El Gobierno andaluz aleg¨® el principio de subsidiariedad de la ense?anza privada concertada respecto de la p¨²blica, pero el Supremo no comparte este principio. Los jueces se basan en dos sentencias anteriores de la misma Sala y recuerdan que la Ley Reguladora del Derecho a la Educaci¨®n, de 1985, y la Ley Org¨¢nica de Educaci¨®n, de 2006, establecen un "sistema dual" para la prestaci¨®n del servicio educativo en la ense?anza obligatoria y gratuita. Este sistema, seg¨²n explica el Supremo, pivota sobre dos ejes: la ense?anza privada concertada y la p¨²blica, en l¨ªnea con el art¨ªculo 27.4 de la Constituci¨®n.

De lo contrario, indican los magistrados, "la Administraci¨®n educativa podr¨ªa incrementar plazas en los centros p¨²blicos y correlativamente suprimir unidades en los centros privados concertados (a pesar de que la demanda de los mismos se mantenga o se incremente y se cumpla la ratio profesor/alumnos), haciendo desaparecer esa necesidad de escolarizaci¨®n y, por dicha v¨ªa, derogar el sistema de conciertos previsto en la ley". "No se otorga, en dicha regulaci¨®n legal, a los centros privados concertados un car¨¢cter secundario o accesorio respecto de los centros p¨²blicos, para llegar ¨²nicamente donde no lleguen estos ¨²ltimos, es decir, para suplir las carencias de la ense?anza p¨²blica", concluyen los magistrados.

La casu¨ªstica es distinta en las otras dos sentencias dictadas esta semana, en las que el Supremo s¨ª ha dado la raz¨®n a la Junta al considerar que la no renovaci¨®n de una unidad en dos colegios religiosos de Montilla (C¨®rdoba) y Palma del Condado (Huelva) estaba justificada, ya que en ambos casos el descenso demogr¨¢fico hab¨ªa incidido en una reducci¨®n de solicitudes a esos centros, con una bajada de la ratio profesor/alumnos y hab¨ªa plazas en colegios p¨²blicos cercanos. Los jueces advierten que no hay razones legales para primar la ense?anza privada concertada sobre la p¨²blica, cuando ambas se sostienen con los mismos fondos p¨²blicos.

En estos dos casos, la Sala aplica la misma doctrina que ha mantenido en cinco sentencias desde hace doce a?os: que cuando se trata de una modificaci¨®n de un concierto educativo vigente, discuti¨¦ndose la existencia de una causa legal que justifique ese cambio, como es la disminuci¨®n del n¨²mero de alumnos, ello es raz¨®n bastante para reducir, en el siguiente curso escolar, las unidades previstas.

"Lo que no puede sostenerse (¡­) es que en el ejercicio del derecho a la educaci¨®n no resulte de aplicaci¨®n ni la programaci¨®n, ni los principios de eficiencia y econom¨ªa que establece la Ley Org¨¢nica de Educaci¨®n, ni que en el nivel de ense?anza examinado no puedan reducirse unidades, respecto de convenios ya aprobados, por sobrevenidas razones demogr¨¢ficas cuando resulte acreditado que el n¨²mero de alumnos por clase est¨¢ muy por debajo de la ratio aplicable", dice la sentencia del caso de Huelva.