La muerte que le sali¨® gratis al patr¨®n
Dos empresarios esquivan la c¨¢rcel y pagar una indemnizaci¨®n por la muerte de un obrero porque el juzgado olvid¨® ejecutar la sentencia
La vida de Sonia R. V. no ha sido f¨¢cil. Con 24 a?os, y solo diez meses despu¨¦s de su boda, perdi¨® a su marido. Manuel Vicente, de 26 a?os, cay¨® desde el techo de una nave industrial de Sevilla cuando hac¨ªa trabajos de reforma para la firma Secour SC. Sonia qued¨® destrozada. Y llena de ira emprendi¨® una batalla que al menos durante algunos a?os le ayud¨® a sobrellevar el dolor. Se propuso que los culpables (por omisi¨®n) de la muerte de su marido pagasen por ello ante la justicia. Hoy, 16 a?os despu¨¦s, aquella batalla judicial contin¨²a, pero ha sufrido hirientes derrotas. No porque los culpables sean inocentes, sino porque la juez que enjuici¨® el accidente olvid¨® encarcelarles. Y cuando quiso hacerlo, legalmente no se pod¨ªa. Ni nada se puede hacer ya.
Un grave error judicial ha permitido que los responsables de la muerte de Manuel Vicente no hayan pisado la c¨¢rcel (deb¨ªan cumplir 15 meses) ni pagado un solo c¨¦ntimo de los 210.000 euros que una juez de Sevilla les impuso (150.000 euros para Sonia y 60.000 para su ya anciana suegra).
Siete a?os estuvo dormido en las estanter¨ªas del juzgado el sumario. La sentencia, sin tacha, firme e irrecurrible, exist¨ªa, y dec¨ªa lo que hab¨ªa que hacer. Pero faltaba ejecutarla. De nada sirvieron los constantes escritos que presentaban Sonia y su abogado, Aurelio Garnica, ante el Juzgado de lo Penal n¨²mero 5 de Sevilla, hasta octubre pasado dirigido por Mar¨ªa Jos¨¦ Cuenca. Le recordaban que los patronos segu¨ªan con sus tretas para no abonar la indemnizaci¨®n y que tampoco iban a la c¨¢rcel.
¡°Nunca me llamaron para preguntarme si necesitaba algo; me qued¨¦ casi en la indigencia, y sin el amor de mi vida¡±
Cuando Aurelio coment¨® que ya no se pod¨ªa hacer nada, Sonia no daba cr¨¦dito. Doce a?os de lucha y de pasillos judiciales tirados por la borda. Hasta lleg¨® a contratar a unos detectives para que siguieran los pasos de los patronos de Secour, los hermanos Francisco Jos¨¦ y Juan Jaime Rodr¨ªguez (los condenados). Justo despu¨¦s del accidente, se apresuraron a cerrar la empresa por quiebra. Y, casi simult¨¢neamente, abrieron otra, con distinto nombre, para escabullirse de pagar.
Uno de los hermanos hizo separaci¨®n de bienes con su esposa y le desvi¨® casi todo el patrimonio semanas despu¨¦s del siniestro. Sonia les conoc¨ªa, eran los jefes de su marido. "Nunca me llamaron para preguntarme si necesitaba algo; me qued¨¦ casi en la indigencia¡±, se?ala con dolor. Le tiemblan las palabras cuando recuerda aquel d¨ªa. Ahora tiene dos hijos peque?os, de otra relaci¨®n. No les ha contado nada de su pasado. Ni a ellos ni a nadie. Lleva muchos a?os masticando todo ella sola (por eso prefiere no revelar su identidad completa). En su entrevista con EL PA?S, llora desconsolada: "Era el amor de mi vida, aun no lo he superado...".
¡°Y, aparte de la indemnizaci¨®n, deb¨ªan a mi marido 500.000 pesetas de las de entonces [3.000 euros] por salarios atrasados, y tambi¨¦n se las quedaron ellos¡±, dice.
Los condenados ni siquiera ten¨ªan un seguro que cubriera los accidentes mortales de sus trabajadores. Al contrario, la p¨®liza de su seguro ¡°exclu¨ªa expresamente los accidentes laborales con resultado de muerte¡±.
El siniestro que seg¨® la vida de Manuel Vicente se produjo a las 15.30 horas del 19 de Octubre de 2000 (hace 16 a?os). Junto a otro compa?ero, se subi¨® al tejado de una nave situada en la calle Mallol, 22, de Sevilla. Para subirse, utilizaron un elevador. Iban provistos de unos arneses, pero sin las cuerdas para sujetarse. Mientras su colega bajaba a por ellas, Manuel Vicente se apoy¨® en un v¨¦rtice de la cubierta, sobre unas placas de fibrocemento (uralita), que cedieron por el peso y cay¨® al interior de la nave. Su muerte no mereci¨® ni una frase en los peri¨®dicos digitales.
Para colmo de males, los hermanos Rodr¨ªguez ni siquiera ten¨ªan un seguro que cubriera accidentes mortales de sus trabajadores. Al contrario, la p¨®liza que manten¨ªan con la compa?¨ªa Maphre ¡°exclu¨ªa expresamente los accidentes laborales con resultado de muerte¡±. Es decir, o pagaban los patronos o nadie m¨¢s lo har¨ªa.
Cuando Aurelio coment¨® que ya no se pod¨ªa hacer nada, la joven viuda de Manuel Vicente no daba cr¨¦dito.
Los empresarios intentaron lavarse las manos alegando que ellos no hab¨ªan ordenado al trabajador subirse a la cubierta, que lo hizo por su cuenta. En derecho laboral, los patronos tienen la obligaci¨®n legal de imponer a sus obreros que extremen las medidas de seguridad e impedirles que realicen labor alguna si no est¨¢n provistos de las medidas establecidas. Responden penalmente por ello, hasta con la c¨¢rcel. Sonia busc¨® un abogado y acudi¨® a la v¨ªa penal. Ah¨ª empez¨® su segundo calvario. Tuvo que esperar cuatro a?os, hasta abril de 2004, para que el Juzgado de lo Penal 5 de Sevilla (tambi¨¦n tras una larga y dilatada instrucci¨®n) dictara la sentencia. Los hermanos Rodr¨ªguez fueron condenados a un a?o de c¨¢rcel por un delito de homicidio por imprudencia (la muerte de Manuel Vicente) y tres meses m¨¢s por otro contra la seguridad de los trabajadores.
A partir de ese momento, los reos no dejaron de tramar. Recurrieron la condena ante la Audiencia de Sevilla (con tres jueces), sin ¨¦xito. El tribunal confirm¨® un a?o despu¨¦s la pena y remiti¨® las diligencias al juzgado de lo penal para que la ejecutase de inmediato. Para entonces hab¨ªan pasado seis a?os desde el ¨®bito.
La sentencia supuso una peque?a "satisfacci¨®n moral" para Sonia. Pero pronto vio que lo que parec¨ªa el fin solo era el principio hacia la nada. Para eludir el pago de la indemnizaci¨®n (todo era un desastre en Secour SC: no ten¨ªan seguro, ni licencia municipal la obra que le cost¨® la vida a Manuel Vicente; y ni siquiera hab¨ªa cascos para los operarios el d¨ªa de accidente), los hermanos Rodr¨ªguez declararon en quiebra la empresa. Y abrieron otra. Y Cuando Sonia descubri¨® esa segunda sociedad, abrieron una tercera... A¨²n siguen ofreciendo en Sevilla presupuestos para reformas y obras.
Sonia y su anciana suegra se han convertido en nuevas v¨ªctimas del olvido
Los Rodr¨ªguez siempre iban por delante del juez. Sonia y su abogado exigieron al juzgado que, dado que los hermanos Rodr¨ªguez "se hab¨ªan burlado del juez cerrando y abriendo sociedades para no pagar los 210.000 euros", al menos los encerrase en la c¨¢rcel. Esto lo pidi¨® Sonia al juez el 1 de septiembre de 2008. El 27 de febrero de 2012 (cuatro a?os despu¨¦s), el juez le pregunt¨® al fiscal si deb¨ªan ingresar en prisi¨®n los due?os de Secour (contest¨® que s¨ª). Dos meses despu¨¦s, decret¨® que ingresasen en prisi¨®n.
No llegaron a pisar la c¨¢rcel. Pusieron un recurso ante la Audiencia y ganaron por goleada: la ejecuci¨®n de la pena estaba prescrita. Hab¨ªan pasado siete a?os y el l¨ªmite m¨¢ximo para la ejecuci¨®n son cinco. Quedaron libres por completo de ambos delitos y sin tener que pagar ni un duro.? Est¨¢n como si nada hubiesen hecho (o no hecho).
El Consejo del Poder Judicial carece de competencia para sancionar los errores judiciales (eso solo puede hacerlo el tribunal superior jer¨¢rquico del juez), pero s¨ª las tiene para dictaminar que la Administraci¨®n de Justicia (uno de sus juzgados) ha fallado y que la v¨ªctima debe ser resarcida. En el caso de la muerte de Manuel Vicente, el Poder Judicial entendi¨® el pasado 19 de mayo que ¡°se ha producido un funcionamiento anormal de la justicia¡±. ¡°Es especialmente relevante la tardanza en dictar la resoluci¨®n por la que se deneg¨® la suspensi¨®n de la condena¡±, sostiene el Consejo.
Prescritos los delitos y con los patronos en la calle, Sonia ha pedido al Estado una indemnizaci¨®n de 10.000 euros; su abogado le ha dicho que el Ministerio de Justicia es muy restrictivo a la hora de fijar indemnizaciones por errores judiciales. Es decir, con suerte puede conseguir 10.000 de los 210.000 que deb¨ªan cobrar ella y su suegra de los patronos.? ¡°Imag¨ªnese la frustraci¨®n e impotencia que siento; perd¨ª a mi marido y quienes ten¨ªan que pagar por ello se han ido de rositas porque al juzgado se le olvid¨® hacer cumplir la sentencia, pese a que nosotros se lo record¨¢bamos una y otra vez¡±.
Al abogado de Sonia le dijeron como excusa que el funcionario encargado de esos asuntos hab¨ªa estado de baja durante un tiempo. ¡°M¨¢s raz¨®n a¨²n para que el juez o el secretario hubiesen estado encima¡±, subraya Sonia. "No quiero que esto le suceda a ninguna otra viuda¡±. Ella y su anciana suegra son ahora las v¨ªctima de otro delito, el del olvido.
investigacion@elpais.es
Otro olvido en Barcelona
A Abdelaziz Hlimi, pe¨®n en unas obras de Barcelona, le ha pasado algo parecido a lo de Sonia. Aunque ¨¦l, a diferencia del marido de Sonia, sobrevivi¨® a un accidente laboral que milagrosamente pudo contar despu¨¦s: sufri¨® terribles heridas. Tambi¨¦n se cay¨® desde la cubierta de una nave.
El? 23 de diciembre de 2008, Hlimi pidi¨® al Juzgado de Instrucci¨®n 1 de Villafranca del Pened¨¦s una bater¨ªa de medidas para acreditar lo ocurrido y destapar a los responsables de la obra que descuidaron la seguridad. El juez admiti¨® las pruebas, pero? no se practic¨® casi ninguna. El propio juez le dio carpetazo al asunto cuando descubri¨® que se le hab¨ªa pasado el plazo, cinco a?os. Es decir, el delito contra los responsables de la obra hab¨ªa prescrito por inacci¨®n judicial
Hlimi recurri¨® a la Audiencia Provincial, que dej¨® abierto un resquicio para que la causa no se cerrara, al apuntar que el plazo de prescripci¨®n no hab¨ªa expirado para uno de los implicados. El juez retom¨® la investigaci¨®n y pidi¨® opini¨®n al fiscal. Pero este indic¨® que no pod¨ªa hacer nada, que su acusaci¨®n estaba montada sobre la responsabilidad de los implicados que la audiencia hab¨ªa liberado por estar prescritas sus acciones. Y que sin ellos, tampoco pod¨ªa acusar "al se?or Balbino". Pidi¨®, pues, sobreseer la causa y el juez lo acept¨®. Hlimi recurri¨® de nuevo ante la Secci¨®n Quinta de la Audiencia de Barcelona y esta ratific¨® el archivo en 2013.
El Consejo del Poder Judicial considera que se ha producido "un funcionamiento anormal de la Administraci¨®n de Justicia" y que Hlimi debe ser indemnizado. El trabajador pide al Estado 531.000 euros.
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