Las otras v¨ªctimas del conflicto vasco
Una ley vasca abre un proceso para reconocer entre 315 y 447 casos de afectados por abusos policiales cometidos entre 1978 y 1999
¡°El 26 de noviembre de 1985, la Guardia Civil detuvo a mi hermano Mikel en su domicilio de San Sebasti¨¢n. Mi madre, que viv¨ªa en Orbaiceta (Navarra), sorprendida, viaj¨® al cuartel donostiarra de Intxaurrondo. All¨ª le dijeron que no estaba y buscara en objetos perdidos. Mikel ten¨ªa 32 a?os¡±. As¨ª comienza Lourdes Zabalza el relato del final de Mikel, pendiente de esclarecer. Tras su detenci¨®n, la familia Zabalza fue conociendo lo sucedido a Mikel por la prensa. Ninguna instituci¨®n les informaba. ¡°Un par de d¨ªas despu¨¦s publicaron que cuando dos guardias civiles acompa?aban a Mikel a localizar un zulo en Endarlaza se escap¨®, se tir¨® al r¨ªo y desapareci¨®. Me extra?¨® porque Mikel no sab¨ªa nadar. Guardias de Orbaiceta nos dec¨ªan que le hab¨ªan visto en el sur de Francia mientras un sindicato de la Guardia Civil se?alaba que hab¨ªa fallecido en Intxaurrondo. El 15 de diciembre, al fin, tuvimos una notificaci¨®n oficial. El delegado del Gobierno en Navarra, Luis Rold¨¢n, nos llam¨®. Cog¨ª el tel¨¦fono y me dijo que hab¨ªan encontrado un cad¨¢ver esposado en Endarlaza. ¡°?Seguro que es mi hermano?¡±, le pregunt¨¦. ¡°!Quien va a ser pues!¡±, me contest¨®.
¡°Nos dijeron que el cad¨¢ver estaba irreconocible en el Instituto Forense de Pamplona¡±, sigue Lourdes Zabalza. ¡°Exigimos verlo y estaba intacto, incomprensible al permanecer en el agua veinte d¨ªas pues, seg¨²n algunos forenses, deb¨ªa presentar lesiones y mordeduras de peces. Adem¨¢s, lo encontr¨® la Guardia Civil en una zona que ya hab¨ªa rastreado la Cruz Roja del Mar. Un primo nuestro, detenido con Mikel, declar¨® que gritaba y vomitaba. Las sospechas de su muerte en Intxaurrondo ten¨ªan fundamento¡±.
Reconocimiento sin sentencia judicial
¡°El objetivo de esta ley es cubrir la deficiencia de la Ley de V¨ªctimas del Terrorismo, que s¨®lo reconoce como v¨ªctimas a las de bandas terroristas. En la etapa traum¨¢tica de ETA ha habido v¨ªctimas de abusos policiales desamparadas por las instituciones durante muchos a?os, a las que debemos reconocer para que se sientan integradas en la sociedad democr¨¢tica y mejore la convivencia¡±, se?ala el secretario de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fern¨¢ndez.
Fern¨¢ndez precisa que ¡°el reconocimiento como v¨ªctima no requiere una sentencia judicial: basta con acreditar los hechos por v¨ªa administrativa, como en el caso Zabalza. Lo amparan resoluciones de la ONU y del Consejo de Europa¡±. La ley ¡°tampoco pretende un proceso penal, no se trata de investigar autor¨ªas; s¨®lo reconocer a v¨ªctimas desamparadas¡±. Una comisi¨®n¡ªcon representantes del Parlamento vasco, Gobierno y juristas¡ª evaluar¨¢ si el da?o sufrido es merecedor de indemnizaci¨®n.
La ley es avalada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Pa¨ªs Vasco, Juan Luis Ibarra, y el Fiscal Superior, Juan Calparsoro. El PP teme que invada competencias del Estado. Pero el Gobierno vasco replica que las indemnizaciones son competencia auton¨®mica y acota su vigencia hasta 1999 para no interferir en acciones judiciales.
El ministro del Interior, Jos¨¦ Barrionuevo, reconoci¨® que Zabalza no era de ETA. Todo apunta a que se le relacion¨® err¨®neamente con un atentado de la banda. Hubo un proceso judicial que se archiv¨® en 1988.
Lourdes Zabalza recuerda que en 1995 se reabri¨® el caso cuando encontraron al agente del Cesid, Alberto Perote, un testimonio escrito del sargento de la Benem¨¦rita, Pedro G¨®mez Nieto, en el que aseguraba que Mikel muri¨® por parada card¨ªaca en el cuartel de Intxaurrondo. Pero en 2009 se volvi¨® a cerrar por falta de pruebas. Oficialmente, Zabalza muri¨® ahogado y la Ley de V¨ªctimas del Terrorismo no le reconoce como v¨ªctima al no serlo de una banda terrorista.
Por la misma raz¨®n no se reconoce como v¨ªctimas a los hijos de Victoriano Aguiriano y Luisa Barandiar¨¢n, muertos por disparos de la Polic¨ªa Nacional, en un control a la entrada de Vitoria el 16 de octubre de 1982. Aunque en este caso una sentencia reconoce abuso policial. El matrimonio, seg¨²n el auto, dio marcha atr¨¢s a su veh¨ªculo cerca del control y escap¨® en direcci¨®n contraria. Seg¨²n el auto, llevaban en el veh¨ªculo cartones de tabaco rubio. Un polic¨ªa hizo varios disparos a 60 metros y a los 300 se detuvo el veh¨ªculo. Estaban muertos. ¡°Mis padres murieron a las 21,30 y lo supimos a las 24 horas por un familiar¡±, se?ala I?aki, uno de los cinco hijos, entre 27 y 14 a?os. ¡°Nadie en la Administraci¨®n central ni en la vasca nos dijo nada ni se ocup¨® de nosotros. Nos valimos por nuestros medios con apoyo de gente de nuestro pueblo, Bergara¡±.
Los hijos abrieron un proceso penal que no prosper¨®. Entonces, iniciaron un procedimiento administrativo y dos a?os despu¨¦s una sentencia reconoci¨® ¡°desproporci¨®n en grado sumo¡± en la actuaci¨®n policial y una indemnizaci¨®n de 10 millones de pesetas a repartir entre los cinco hijos.
?El caso Lasa-Zabala
Un caso similar, por existir una sentencia condenatoria sin reconocimiento de la condici¨®n de v¨ªctima, es el de Lasa-Zabala, uno de los m¨¢s conocidos. Jos¨¦ Antonio Lasa y Jos¨¦ Ignacio Zabala, presuntos miembros de ETA, fueron secuestrados en octubre de 1983 por guardias civiles en Francia; torturados en San Sebasti¨¢n y asesinados y enterrados en cal viva en Bursot (Alicante). Cuando reconocieron sus restos en 1995, la familia abri¨® un proceso penal y, en 2000, la Audiencia Nacional conden¨® a 365 a?os por asesinato a un gobernador civil, un general de la Guardia Civil, un sargento y dos guardias. El Tribunal Supremo y el de Derechos Humanos de Estrasburgo lo confirmaron. Pero a la familia Lasa-Zabala no se les reconoce como v¨ªctimas porque los autores del crimen son funcionarios del Estado y no de una banda terrorista. Asun Lasa, hermana de Jos¨¦ Antonio, denuncia por ello ¡°trato desigual¡± con los culpables porque los del caso Lasa-Zabala ¡°pasaron poco tiempo en la c¨¢rcel, pese a la gravedad de sus delitos, mientras que los de ETA cumplen mucha m¨¢s condena por los suyos¡±.
Los tres casos se incluyen en la horquilla entre 315 y 447 v¨ªctimas de abusos policiales por hechos ocurridos entre 1978 y 1999, susceptibles de ser reconocidos por la ley aprobada por el Parlamento vasco el 28 de julio, con el apoyo del PNV y PSE y continuista del decreto del Gobierno de Patxi L¨®pez, de 2012, para el per¨ªodo de 1960 a 1978.
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