¡°No podemos obligar ni multar, y ese es un defecto tremendo de la ley¡±

Esther Arizmendi preside el Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno, el ¨®rgano que vela por el cumplimiento de la Ley de Transparencia. Lo hace con una exigua plantilla de 19 personas, una oficina cuyo alquiler se come buena parte de su presupuesto y la dificultad de controlar a un Gobierno que, a juzgar por sus respuestas durante la entrevista, no apoya la ley que garantiza el derecho a saber en Espa?a desde hace algo m¨¢s de a?o y medio. "Nos hemos sentido solos en la lucha por la transparencia", asegura en una oficina decorada con muebles sobrantes de ministerios y cuadros sacados del dep¨®sito de Muface.

Pregunta: Apenas 5.800 peticiones de informaci¨®n en a?o y medio. ?Por qu¨¦ no ha calado la ley entre los espa?oles?

Respuesta: Por varias razones. La primera, porque no se ha hecho suficiente publicidad. Si sales a la calle y preguntas a alguien si sabe que hay una ley que te permite saber por qu¨¦ no se ha acabado el polideportivo de tu barrio o cu¨¢nto se han gastado en un tramo de carretera, te dir¨¢n que qu¨¦ has desayunado, que eso no pasa, que la Administraci¨®n no cuenta estas cosas. Poco despu¨¦s de la entrada en vigor de la ley se hicieron tres d¨ªas de publicidad. Es muy insuficiente y no se ha reiterado, as¨ª que no ha llegado.

P. El Defensor del Pueblo tild¨® de "disuasorio" el sistema de acceso.

R. Es el segundo motivo, la dificultad del acceso. Piden tu DNI, correo electr¨®nico y adem¨¢s tu cuenta bancaria en una plataforma de la Agencia Tributaria. Eso es terror¨ªfico para cualquier persona. Qu¨¦ tiene que ver una cosa con otra. Pues no. Desisto. Eso echa mucho para atr¨¢s. En los pa¨ªses donde funciona bien se contesta simplemente con un correo electr¨®nico. Lo importante no es qui¨¦n pregunta sino si lo que se pregunta es p¨²blico. Si lo es, tienes que darlo. A quien sea. Sucede as¨ª en Reino Unido, Chile, M¨¦xico, Estados Unidos¡­ Eso hay que arreglarlo.

P. ?Tiene que ver tambi¨¦n con eso tan espa?ol de quejarnos mucho pero luego no actuar??

R. Mucho. Primero, a los que somos un poco mayores nos educaron para creer que preguntar es de mala educaci¨®n. Durante muchos a?os la Administraci¨®n abrazaba los datos como suyos y cuando le preguntaban contestaba, o no, seg¨²n le pareciera. No estaba sometida a reglas. Lo que nos encanta a los espa?oles es quejarnos en los bares e irnos a casa, pero las cosas se arreglan con responsabilidad. Esta ley atribuye al ciudadano una gran responsabilidad, porque si no la usa, la ley muere. El n¨²mero de informaciones que se ponen en publicidad activa est¨¢ relacionado con las preguntas que se hacen, y pasan de oficio a estar en el listado de cosas que se publican. Si no preguntas, si no usas tu derecho, eso se muere.

P. ?Por qu¨¦ todav¨ªa no tiene reglamento la ley? Evitar¨ªa la disparidad a la hora de interpretar.

R. Nosotros estamos definiendo los criterios, qu¨¦ es informaci¨®n auxiliar y de apoyo y qu¨¦ no, qu¨¦ es reelaborar, estamos diciendo que una causa de inadmisi¨®n tiene que ser motivada y ajustada al caso concreto. Vamos ajustando hasta que haya reglamento. Se hizo un borrador, lo informamos y pusimos bastantes pegas. No ha salido y a m¨ª si sale como estaba, no me gusta. El reglamento que hab¨ªa preparado no acaba con los problemas gordos de la ley.

P. ?Por qu¨¦ est¨¢ parado? ?Al Gobierno no le interesa a ley?

R. No s¨¦ lo que es, pero la transparencia entre los pol¨ªticos es una palabra y una bandera en la que se envuelven mucho, pero a la hora de apostar por ella, dar ejemplo, hacerla algo vivo, no veo mucha iniciativa.

P. ?Se la toman m¨¢s en serio algunos gobiernos auton¨®micos?

R. Nos relacionamos mucho con las comunidades aut¨®nomas y hay quien tiene leyes mucho m¨¢s modernas y m¨¢s avanzadas que la del estado, como Catalu?a, Arag¨®n o Canarias. La de Estado es una ley de m¨ªnimos. La aplicaci¨®n es desigual. Cuando se trae un hijo al mundo hay que apostar por ¨¦l. Esto no se acaba con la aprobaci¨®n de la ley; empieza con la aprobaci¨®n de la ley y el consejo.?

P. ?Cree que el Gobierno impuls¨® la ley solo porque Espa?a era el ¨²ltimo pa¨ªs europeo sin norma de acceso a la informaci¨®n? Porque despu¨¦s no se ha hecho nada m¨¢s, y el Consejo trabaja con 19 personas y sin apenas presupuesto para publicidad.

R. Tenemos un presupuesto de tres millones de euros, y el 80% se va en pagar sueldos y alquiler. Hemos pedido un edificio afectado para no tener que pagar. Nos quedan 400.000 euros para hacerlo todo: formaci¨®n, actividad y seguimiento, reuniones con comunidades aut¨®nomas. A veces nos hemos sentido un poco solos en esta lucha, s¨ª, es as¨ª.

P. ?Hay poco compromiso pol¨ªtico en general?

R. Todos hablan de transparencia, todos los partidos. Y ellos saben muy bien que siguen sin cumplir la ley. Ellos que tienen que dar ejemplo siguen sin aclarar bien sus procesos de democracia interna, sin explicarlos a la ciudadan¨ªa; sus fundaciones est¨¢n todav¨ªa en un terreno poco claro¡­ Esto de la transparencia parece ser un poco molesto en ocasiones. Es una bonita bandera, una bonita palabra, un bonito discurso, pero falta el compromiso. En todos los programas viene la transparencia nombrada un m¨ªnimo de 20 veces, pero el ejemplo se da en uno mismo. Tienes que cumplirla y demostrarla. No se lo aplican.

Los pol¨ªticos hablan de transparencia pero? no est¨¢n comprometidos con la transparencia

P. En pa¨ªses con tradici¨®n de rendici¨®n de cuentas suelen decir que sus dirigentes son igual de corruptos, pero que la transparencia la previene, porque todo se ve y se sabe. Si hubi¨¦ramos tenido ley hace a?os, ?habr¨ªamos evitado casos de corrupci¨®n?

R. Se hubieran podido prevenir. Es posible que sean igual de corruptos y que la corrupci¨®n sea una condici¨®n humana dif¨ªcil de exterminar. Lo verdaderamente importante es qu¨¦ haces con la corrupci¨®n. La vicepresidenta sueca dimiti¨® en 1992 porque se supo que hab¨ªa comprado dos tabletas de Toblerone, 15 euros, con una tarjeta del ministerio. Vale que puedes ser igual de corrupto, pero las consecuencias no son las mismas. Hay dimisiones por multas de tr¨¢fico, por perder un refer¨¦ndum, en Islandia por los papeles de Panam¨¢. En 2005 hizo caer a Gordon Brown. Cuando The Guardian pregunt¨® en qu¨¦ gastaban el dinero los miembros del Gobierno se descubri¨® que pagaban la caseta del perro, la moqueta de su casa... Cayeron varios.

P. Tendemos a pensar que todo lo que se hace con dinero p¨²blico debe ser p¨²blico. ?Es as¨ª?

R. Vale como regla general, con una matizaci¨®n. Es p¨²blico siempre y cuando no est¨¦ afectado por alg¨²n l¨ªmite. Es p¨²blico salvo cuando se hace lo que se llama "test del da?o" y resulta que hace m¨¢s da?o al inter¨¦s general darlo a conocer que no darlo a conocer.

P. P¨®ngame alg¨²n ejemplo.

R. Un ciudadano pregunt¨® cu¨¢ntas veces se hab¨ªa violado el espacio a¨¦reo espa?ol en los ¨²ltimos a?os. Eso preguntar las debilidades de un Estado en caso de ataque. Nombres y apellidos de las personas que han asistido a una inauguraci¨®n de la asociaci¨®n de ciegos espa?oles. Se puede dar el cargo, pero si son personas que asisten a t¨ªtulo particular, no puedes revelar una condici¨®n de salud. Pedir una relaci¨®n de puestos de trabajo de la Administraci¨®n sin purgar. Hay que purgarla porque hay destinos atribuidos por sentencias de violencia de g¨¦nero. O temas que afectan a la seguridad del Estado: d¨®nde est¨¢n colocados radares de detecci¨®n de misiles en territorio espa?ol. No puede ser. Pero la negativa siempre debe estar motivada y justificada para que se pueda entender.

P. El problema es cuando el Gobierno abusa y llama reelaboraci¨®n a pegar unos datos en un Excel, ?no?

R. Hemos hecho un criterio que dice que la mera agregaci¨®n de datos, la suma de tablas diversas, no puede considerarse reelaboraci¨®n. Si solo tienes que juntarlo y agregarlo no lo es. Reelaborar es otra cosa; es hacer algo nuevo.

P. ?Por qu¨¦ no podemos saber cu¨¢nto cobran los empleados p¨²blicos?

R. Ya se puede saber.

P. No en el caso de los asesores eventuales a dedo. El Gobierno se niega a contestar.

R. Debe hacerlo, siempre y cuando est¨¦n entren el criterio firmado con la Agencia de Protecci¨®n de Datos, y que depende de c¨®mo de cerca del poder est¨¦n. Cuanto m¨¢s cerca est¨¢s de la toma de decisiones, de la necesaria rendici¨®n de cuentas, si manejas dinero p¨²blico, menos privacidad se te va a aplicar. Desde luego no es lo mismo un eventual en el gabinete del ministro que un mozo.

P. De acuerdo. El criterio existe, pero el Gobierno sigue neg¨¢ndose.

R. Eso es causa de un recurso contencioso administrativo, que el Consejo llevar¨ªa de la mano con la persona que ha hecho la petici¨®n. Tenemos 22, de los cuales en 13 acompa?amos a ciudadanos, y en 10 litigamos contra la Administraci¨®n. Si el Consejo dice que no se cumple, vamos a ir a por ello.

P. ?C¨®mo se controla el cumplimiento de las resoluciones del Consejo?

R. Llevamos presentadas 1.082 reclamaciones hasta agosto. Han subido. Una resoluci¨®n que acuerda estimar la petici¨®n, insta al organismo a entregar la informaci¨®n en el plazo determinado y tambi¨¦n que se mande copia al Consejo. Si pasan ese tiempo y no llega, entendemos que tampoco al interesado. Tenemos una unidad de seguimiento y control que manda requerimientos. Es un defecto tremendo de la ley de transparencia: el Consejo no tiene poder coercitivo ni puede multar ni puede obligar. Solo puede instar. Pero tenemos una cosa que funciona: la publicidad. Los incumplidores salen a la plaza publica. Se hace una nota y aparecen en la web para conocimiento general. A algunos hay que requerirles, pero cumplen. Y si no quieren cumplir, tienen la v¨ªa del contencioso.

P. ?Por qu¨¦ RTVE se niega a cumplir las resoluciones del Consejo? Es el ejemplo m¨¢s flagrante de incumplimiento.

R. Cree que como compite con las televisiones privadas es un ente sometido a derecho privado. Sin embargo, se olvida muy bien de que en su creaci¨®n es un organismo de servicio p¨²blico y de que juega con dinero publico del presupuesto del estado, y en algunas ocasiones no tiene concurrencia. Por ejemplo, el festival de Eurovisi¨®n solo se puede contratar con la televisi¨®n oficial. Insiste en que dar cualquier informaci¨®n le perjudicar¨ªa en audiencia y concurrencia con canales privados. Pero ya tenemos una sentencia que dice que es p¨²blica y que tiene obligaci¨®n de informar.

P. ?Deber¨ªamos conocer la lista de la amnist¨ªa fiscal?

R. Tenemos un contencioso abierto. Decidir¨¢n los tribunales. La Agencia Tributaria aplica el art¨ªculo 95 de la Ley general tributaria y considera que todo est¨¢ sometido a confidencialidad. Con eso excluye todo un ¨¢mbito y nosotros decimos: vale, algo s¨ª, los datos con los l¨ªmites naturales, los de car¨¢cter personal, los protegidos. No s¨¦ si est¨¢ sometido a secreto cuando la propia Administraci¨®n publica trimestralmente la lista de morosos con nombres, apellidos y hasta el NIF... El criterio es distinto. ?La informaci¨®n es p¨²blica o no lo es? Si lo es, ?lo es para todos? Habr¨ªa que ponderar con la Agencia de Protecci¨®n de Datos y fijar un criterio sobre qu¨¦ debe publicarse. Pero como nos niegan la mayor...

P. ?Deber¨ªamos saber qui¨¦n usa y cu¨¢ndo los coches oficiales?

R. Totalmente. Deber¨ªa bastar con preguntar. El parque m¨®vil centraliza toda la informaci¨®n. Deber¨ªa ser facil¨ªsimo.

P. ?Deber¨ªamos conocer el contenido de las negociaciones del TTIP?

R. Ah¨ª habr¨ªa que hacer la ponderaci¨®n porque que se conozcan determinadas posiciones en un debate puede afectar al avance negociaci¨®n. Eso no quiere decir que una vez que se acabe la negociaci¨®n no haya que levantar esos l¨ªmites. Debe tener un marco temporal. Pero la ley no lo permite. Los l¨ªmites son aplicables a un tiempo determinado, luego habr¨ªa que revisar si ya se puede dar. Lo que es perjudicial en un momento, pasado un tiempo es inocuo.

P. ?Incluir¨ªa ah¨ª la desclasificaci¨®n de documentos? Por ejemplo, lo que sucedi¨® en el 23-F.

R. Totalmente. En EEUU hay una comisi¨®n que revisa cada cierto tiempo los secretos oficiales, los libera y los va abriendo. Es natural. La ley espa?ola no dice nada sobre el tema.

P. Usted ha dicho que llegaremos a saber con qui¨¦n habla por tel¨¦fono el presidente del Gobierno. El paso previo ser¨ªa conocer las agendas de ministros y altos cargos, y no estamos ah¨ª todav¨ªa.

R. Pero vamos a estar. Hay 40 peticiones. Hemos dicho que las agendas hay que darlas. Si es importante el dinero p¨²blico, el tiempo p¨²blico tambi¨¦n. Lo que ha sucedido es que cuando hemos fallado en favor de quien ped¨ªa, en la Administraci¨®n han ido a buscar agendas y como no estaba legislado, no exist¨ªan. El ministro anterior no dej¨® ninguna agenda, etc. As¨ª que decidimos hacer las cosas bien. Hemos elaborado un criterio, llamado agenda para la transparencia, que fije cu¨¢nto tiempo tienen que ser p¨²blicas las agendas, cu¨¢nto tienen que estar en archivo. Lo queremos acabar antes de finales de a?o.

P. ?No se puede saber con qui¨¦n se re¨²ne un ministro consultado los registros de entrada?

R. El registro se constituye a efectos de seguridad y control, y est¨¢ legislado en una disposici¨®n del Ministerio del Interior. No es informaci¨®n p¨²blica y adem¨¢s pasado un tiempo la destruyen.