Todo es unilateral en el plan de la Generalitat

En 2013 fue la resoluci¨®n soberanista del Parlament (anulada por el Tribunal Constitucional); en 2014, la consulta independentista ¡ªo ¡°proceso participativo¡±¡ª del 9-N (suspendida, en vano, y despu¨¦s anulada tambi¨¦n). En 2015 hubo unas ¡°elecciones plebiscitarias¡± ¡ªaunque eran unas auton¨®micas¡ª y otra declaraci¨®n formal de ruptura (anulada). El a?o pr¨®ximo habr¨¢ ¡°constituyentes¡±. A la vez, o justo antes, se aprobar¨¢n las ¡°leyes de desconexi¨®n¡±. Y Carles Puigdemont anunci¨® este mi¨¦rcoles el ¨²ltimo paso acordado por los partidos independentistas: un ¡°refer¨¦ndum" en septiembre de 2017. No se le ha querido poner el apellido de ¡°unilateral¡± que ped¨ªa la CUP, aunque lo ser¨ªa; como unilateral ¡ªeufemismo para ilegal¡ª era todo lo anterior.

Ninguno de los pasos dados hasta ahora por las fuerzas independentistas ha sido acordado con nadie al otro lado. Porque todos part¨ªan de la misma premisa: m¨¢s a¨²n que el objetivo futuro de la independencia, la reivindicaci¨®n presente de una soberan¨ªa propia para Catalu?a. La capacidad de actuar y decidir al margen del resto de espa?oles.

Ese plan del Gobierno de la Generalitat y de la mayor¨ªa del Parlament ha ido avanzando a pesar de que en su camino hab¨ªa un obst¨¢culo: la Constituci¨®n. Un obst¨¢culo que impide celebrar tanto un refer¨¦ndum ¡°unilateral¡± como uno ¡°acordado¡±.

La Constituci¨®n s¨®lo reconoce un titular de soberan¨ªa: el conjunto del pueblo espa?ol. Y el Tribunal Constitucional lo ha recordado varias veces en los ¨²ltimos a?os: en 2008, cuando impidi¨® al lehendakari Juan Jos¨¦ Ibarretxe convocar una consulta soberanista en el Pa¨ªs Vasco; en 2014, cuando anul¨® la resoluci¨®n del Parlament que en 2013 hab¨ªa declarado a Catalu?a ¡°sujeto pol¨ªtico y jur¨ªdico soberano¡±; en 2015, cuando anul¨® la consulta suspendida ¡ªpero celebrada¡ª del 9 de noviembre de 2014. Y en diciembre de ese mismo a?o 2015 cuando anul¨® la resoluci¨®n con la que, un mes antes, el Parlament hab¨ªa dado luz verde a la ruptura con el resto de Espa?a. Las conclusiones han sido siempre dos: que una parte no puede decidir por el todo; y que las reglas de juego colectivas pueden cambiarse, pero no ignorarse.

Cualquier refer¨¦ndum de independencia vulnerar¨ªa, ha dicho el tribunal, el art¨ªculo 1.2 de la Constituci¨®n: ¡°La soberan¨ªa nacional reside en el pueblo espa?ol, del que emanan los poderes del Estado¡±. Todos los poderes, porque las comunidades aut¨®nomas tambi¨¦n son Estado.

Seg¨²n el tribunal, lo que convierte un refer¨¦ndum de independencia en inconstitucional no es que sea vinculante o que se convoque de forma unilateral, sino que despoja de soberan¨ªa a quien es su "¨²nico titular" -el pueblo espa?ol- y, sobre todo, la pregunta que plantea: "?Quiere usted que esta parte de Espa?a se separe de Espa?a?". Seg¨²n el Constitucional, esa pregunta implica la posibilidad de que Espa?a pierda su unidad; es decir, vac¨ªa de contenido el art¨ªculo 2 de la Constituci¨®n, que establece la "unidad indisoluble de la naci¨®n espa?ola". Vac¨ªenlo, elim¨ªnenlo si quieren, ha dicho el tribunal varias veces dirigi¨¦ndose a los partidos pol¨ªticos, pero h¨¢ganlo siguiendo los cauces: reformando la Constituci¨®n. No por la "inaceptable v¨ªa de hecho": esto es, salt¨¢ndose la ley con hechos consumados.

Por eso, cualquier refer¨¦ndum de independencia impulsado por instituciones p¨²blicas -sea unilateral o acordado, vinculante o consultivo, convocado por una comunidad aut¨®noma o por el Gobierno central- est¨¢, en principio, condenado a la ilegalidad mientras no se reforme la Constituci¨®n. En Espa?a caben los referendos, pero no de independencia. Por eso, porque Catalu?a no es soberana, el refer¨¦ndum comprometido por Puigdemont no se diferencia en nada sustancial de la consulta del 9-N ni de lo que ahora ped¨ªa la CUP. Ni del resto de pasos dados por la Generalitat en estos cuatro a?os. Todos eran unilaterales, aunque no se les pusiera ese nombre. Todos buscaban obtener -unilateralmente- la soberan¨ªa.