La Guardia Civil acusa al exalcalde de Chiloeches de prevaricaci¨®n medioambiental

Al margen del incendio de agosto ¡ªque ya ha costado entre cinco y ocho millones de euros a las arcas p¨²blicas, seg¨²n fuentes conocedoras de estos trabajos¡ª, la investigaci¨®n del Seprona por delitos medioambientales tiene dos patas. En la primera se investigan las irregularidades en el tratamiento de los residuos. En la segunda se trata de aclarar c¨®mo pudo este complejo gestionar miles de toneladas de desechos durante a?os sin una autorizaci¨®n ambiental en vigor ¡ªcompetencia de la Junta de Castilla-La Mancha¡ª ni licencia municipal ¡ªcompetencia del Ayuntamiento¡ª.

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El actual Consistorio de Chiloeches clausur¨® el pasado junio las instalaciones, precisamente por no tener licencia. En agosto, cuando se incendi¨®, Ahora Chiloeches ¡ªque gobierna la localidad¡ª sostuvo que la planta "llevaba operando varios a?os, siempre en situaci¨®n de ilegalidad".

Desde 2010

Un informe del arquitecto municipal del 25 de noviembre de 2010 al que ha tenido acceso EL PA?S ya reconoc¨ªa la ilegalidad de la planta. "La nave 1 tiene licencia de obras y de actividad", apuntaba el escrito. "El resto de naves (la 2 y 3) as¨ª como las edificaciones auxiliares (aparcamientos, casetas, dep¨®sitos y cobertizos de materiales) no cuentan con ning¨²n tipo de licencia", a?ad¨ªa. El Consistorio, entonces del PP, intent¨® que los propietarios regularizaran las instalaciones, algo que no hicieron. En el escrito se reconoce que "el Ayuntamiento declar¨® la caducidad y archivo del citado expediente" de regularizaci¨®n. Y la planta sigui¨® funcionando pese a no tener los permisos y ser ilegal.

El Juzgado de Instrucci¨®n 1 de Guadalajara, encargando del caso, ha tomado declaraci¨®n este viernes a varios testigos. Entre ellos, al actual alcalde, Juan Andr¨¦s Garc¨ªa. Seg¨²n ha declarado, la ¨²ltima actuaci¨®n municipal sobre la planta de residuos peligrosos se remonta a mayo de 2012. Fue un nuevo requerimiento para que regularizara su situaci¨®n. "Desde entonces no hab¨ªa nada, ni inspecciones ni nada", ha explicado a EL PA?S. Su equipo, al llegar al Ayuntamiento en 2015, investig¨® la planta, descubri¨® que carec¨ªa de licencia y la cerr¨®.

Prevaricaci¨®n medioambiental

Por permitir presuntamente que la planta operara la Guardia Civil acusa al exregidor del PP C¨¦sar Urrea de "prevaricaci¨®n medioambiental", delito recogido en el art¨ªculo 329 del C¨®digo Penal. Urrea fue alcalde entre 2011 y 2015, a?o en el que fue desalojado por Ahora Chiloeches y el PSOE. Antes hab¨ªa sido edil de Urbanismo. Urrea ha rehusado este viernes ofrecer su versi¨®n a este peri¨®dico. Cuando fue interrogado por la Guardia Civil dijo que "no ten¨ªa conocimiento claro" de la ilegalidad de las instalaciones, seg¨²n fuentes conocedoras de la investigaci¨®n.

La Junta de Castilla-La Mancha tambi¨¦n era consciente de las carencias de las instalaciones, ya que aquel informe del arquitecto municipal de 2010 fue remitido a esta Administraci¨®n. A finales de 2014, tras un largo proceso administrativo, la Junta suspendi¨® la autorizaci¨®n ambiental de la planta, una decisi¨®n que fue luego respaldada por el Tribunal Superior de Justicia. Pero sigui¨® funcionando pese a carecer tambi¨¦n de permiso ambiental. El viceconsejero de Medio Ambiente, Sergio Gonz¨¢lez, dimiti¨® a mediados de este mes tras conocerse su relaci¨®n con una de las empresas que gestionaba estas instalaciones.