Acuerdo urgente para mantener las pensiones

Es, sin duda, la primera reforma que debe afrontar el nuevo Gobierno. Afecta a 9,5 millones de pensionisas, de los cuales en torno a 6 millones perciben una jubilaci¨®n y la evoluci¨®n demogr¨¢fica en nuestro pa¨ªs augura la ruina del sistema si no se toman medidas. El sistema p¨²blico de pensiones requerir¨¢ 120.000 millones de euros este a?o, lo que supone en torno a un tercio del gasto p¨²blico total de Espa?a y equivale al doble del gasto en Sanidad y tres veces el de Educaci¨®n. La hucha, que se fue llenando en los a?os de mayor crecimiento econ¨®mico y de empleo, se vaciar¨¢ en diciembre de 2017.

Pocos problemas socioecon¨®micos est¨¢n tan bien diagnosticados como el de las pensiones p¨²blicas contributivas. El sistema de reparto vigente implica que los trabajadores activos de hoy pagan las percepciones de los jubilados de hoy. No hay previsi¨®n ni capitalizaci¨®n. El sistema est¨¢ topado por una cotizaci¨®n m¨¢xima que se detrae de la remuneraci¨®n de los activos y por una pensi¨®n m¨¢xima. Este sistema de reparto ha entrado en crisis en un momento pol¨ªtico delicado (m¨¢s de 300 d¨ªas sin Gobierno efectivo).

Enti¨¦ndase por crisis no una quiebra del sistema y el impago de las percepciones. Un sistema de reparto como el vigente en Espa?a tiene garantizado en torno al 10% del PIB en ingresos. Los pensionistas siempre dispondr¨¢n de ese 10%; pero si el PIB cae, el n¨²mero de los pensionistas aumenta, la pensi¨®n se prolonga o aparecen otros desequilibrios internos, la pensi¨®n ser¨¢ menor y el poder adquisitivo puede hundirse. La crisis as¨ª entendida se ha hecho evidente por el r¨¢pido agotamiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social (la hucha) que ha pasado de un dep¨®sito de m¨¢s de 60.000 millones a guardar hoy apenas 24.000.

El sistema de pensiones p¨²blicas necesita una reforma en profundidad. No un cambio de modelo, sino un patr¨®n m¨¢s adecuado de gesti¨®n y financiaci¨®n. Con sueldos m¨¢s bajos, la cotizaci¨®n cae aunque la afiliaci¨®n aumente; con contratos temporales, sucede lo mismo. La suposici¨®n de que la crisis actual del sistema es coyuntural y el d¨¦ficit del sistema (unos 17.000 millones) desaparecer¨¢ con rentas m¨¢s altas y empleo m¨¢s estable es demasiado optimista. Es probable que la ca¨ªda de rentas salariales y el estancamiento del empleo fijo hayan llegado para quedarse.

Mientras tanto, los gastos del sistema crecen, por efecto del mayor acopio de jubilaciones, porque las pensiones cada vez son m¨¢s altas, porque la relaci¨®n entre cotizantes y pensionistas se deteriora y porque el sistema de reparto no puede sostener una afluencia creciente de jubilados con largos periodos de percepci¨®n y subsistencia. El factor que pone en peligro la financiaci¨®n del sistema a largo plazo no es el paro, ni la depresi¨®n salarial, sino la persistente ampliaci¨®n del periodo que media entre el comienzo de la percepci¨®n y el momento del fallecimiento del pensionista. Este plazo crece por el aumento de la esperanza de vida; aumenta y dilata el coste de las percepciones, mientras que los ingresos por cotizaciones se mantienen en el mismo porcentaje de PIB.

La pregunta crucial para el jubilado o al borde de la jubilaci¨®n es si percibir¨¢ su pensi¨®n sin merma de cuant¨ªa, de derechos (?por qu¨¦ los futuros pensionistas no van a percibir la misma pensi¨®n que los actuales si cotizan igual?) y de poder adquisitivo durante su vida. La respuesta es que si no se toman ya medidas correctivas, el sistema entrar¨¢ en crisis (riesgo de recorte de las percepciones) en los pr¨®ximos cinco a?os.

Reforma perentoria

El agotamiento de la hucha implica que a partir de diciembre de 2017 el desequilibrio entre ingresos y pagos del sistema pasa a constituirse en deuda y deber¨¢ ser soportado por el Presupuesto en forma de endeudamiento. A nadie se le escapa que el Presupuesto del Estado dif¨ªcilmente puede soportar, con su estructura actual de ingresos y gastos, un esfuerzo financiero de 15.000 millones, que es lo que costar¨ªa absorber las pensiones de viudedad y orfandad. Sin contar con el hecho de que las cuentas del Estado sufren vaivenes c¨ªclicos m¨¢s acusados que las cotizaciones.

?En qu¨¦ consistir¨ªa la reforma financiera o correcci¨®n del sistema de pensiones p¨²blicas? A t¨ªtulo indicativo, el paso inicial es un acuerdo pol¨ªtico-social sobre una reforma profunda dentro del actual sistema de reparto. El acuerdo trasciende el Pacto de Toledo; debe implicar un compromiso de los agentes pol¨ªticos y sociales a largo plazo, porque el modelo vigente implica una distancia creciente en el periodo de percepci¨®n de la pensi¨®n. Importan por supuesto y mucho las decisiones de reforma a corto plazo, para prevenir los recortes. En el marco de ese acuerdo deseable parece oportuno explorar algunas v¨ªas de acci¨®n. Como estas:

1. Respaldo presupuestario, en lo que permita la pol¨ªtica de estabilidad, de los derechos de los trabajadores activos y los jubilados.

2. Supresi¨®n r¨¢pida y ordenada de las exenciones y reducciones de cotizaci¨®n (como las tarifas planas) que se aplican como est¨ªmulo a la creaci¨®n de empleo e incentivan poco o nada.

3. Sondear la posibilidad de crear recargos fiscales transitorios (en Renta o en Sociedades), para hacer frente al descenso de ingresos. El PSOE ya ha propuesto un tributo especial.

4. Calcular el impacto y consecuencias de eliminar parcialmente el tope m¨¢ximo de cotizaci¨®n, quiz¨¢ aplicable a las rentas salariales m¨¢s altas. En este punto, el debate es enconado porque se supone que eliminar el tope de cotizaci¨®n deber¨ªa tener como consecuencia un aumento correlativo de la pensi¨®n m¨¢xima. Seg¨²n los m¨¢s cautelosos, implicar¨ªa un encarecimiento del factor trabajo.

5. Reforma o recorte de la pensi¨®n de viudedad, pensada inicialmente como una compensaci¨®n en un mercado laboral con escasa presencia de la mujer. Podr¨ªa considerarse la sustituci¨®n del r¨¦gimen actual por una prestaci¨®n pagada por una sola vez.

6. Ampliaci¨®n efectiva de la edad de jubilaci¨®n, pactada con las empresas. En este ¨¢mbito, ser¨ªa oportuno sondear tambi¨¦n la modificaci¨®n de las normas que impiden a un jubilado seguir trabajando, siempre y cuando pague una cotizaci¨®n.

La reforma no es tr¨¢gica, pero s¨ª perentoria. Lo que se decide sobre pensiones surte efecto a largo plazo. No hay margen para parches demag¨®gicos, ni demoras.