La sanidad de los presos lleva dos a?os en un limbo legal

La atenci¨®n sanitaria a los presos que cumplen condena en las c¨¢rceles espa?olas se ha quedado en un limbo legal. Interior no renueva desde 2014 los convenios que manten¨ªa con las Comunidades Aut¨®nomas para garantizar la atenci¨®n especializada a los reclusos, pero tampoco ha iniciado el traspaso de las competencias a los servicios auton¨®micos de salud al que obliga la ley de Cohesi¨®n y Calidad del Sistema Sanitario, de 2003. Prisiones contact¨® en agosto de 2015 con las Comunidades Aut¨®nomas con las que manten¨ªa convenio para invitarles a iniciar el traspaso de competencias, pero casi a?o y medio despu¨¦s, ni el Gobierno ha promovido este traspaso ni ninguna comunidad ha recogido el guante lanzado por Interior. Mientras, las asociaciones y los m¨¦dicos que atienden a los reclusos advierten de que la sanidad que reciben es cada vez m¨¢s precaria.

La ley de Cohesi¨®n y Calidad del Sistema Sanitario, de 2003, establece un plazo de 18 meses para transferir a las comunidades aut¨®nomas los servicios sanitarios. La norma entr¨® en vigor el 30 de mayo de 2003, por lo que la transferencia debi¨® hacerse efectiva antes del 31 de diciembre de 2004. Pero 12 a?os despu¨¦s, solo el Pa¨ªs Vasco ha asumido estas competencias (Catalu?a tiene transferido todo el sistema de prisiones). En el resto, ni el Gobierno central ni los auton¨®micos mostraron durante a?os ning¨²n inter¨¦s en llevarlo a cabo y siguieron renovando los convenios bilaterales por los que los servicios de salud auton¨®micos se hac¨ªan cargo de la atenci¨®n especializada a los reclusos que Prisiones no puede ofrecer.

Pero estos acuerdos dejaron de renovarse en 2014, cuando llegaron los nuevos f¨¢rmacos contra la hepatitis C, un virus que, seg¨²n los datos de la Sociedad espa?ola de Sanidad Penitenciaria, afecta a alrededor de 13.000 de los 65.000 reclusos que hay en Espa?a. El elevado coste de los nuevos tratamientos, inasumible con el importe de los convenios que hasta entonces se firmaban, dinamit¨® las relaciones entre Prisiones y las comunidades, que pleitean en los tribunales por ver a qui¨¦n le corresponde pagar estos antivirales. La mayor¨ªa de los jueces est¨¢ dando la raz¨®n a las autonom¨ªas, lo que ha llevado a Interior a, por primera vez, solicitar a las consejer¨ªas de Salud ¡°el inicio de las conversaciones¡± para llevar a cabo la transferencia.

En una pregunta formulada el 29 de noviembre por Unidos Podemos durante una sesi¨®n plenaria en el Senado, el ministro, Juan Ignacio Zoido, asegur¨® que el Gobierno trabaja ¡°para dar cumplimiento¡± a la ley de 2003. ¡°Las comunidades no han querido asumir las competencias. Desde Instituciones Penitenciarias, a lo largo de los ¨²ltimos cuatro a?os se ha estado queriendo transferirla y ninguna comunidad ha querido escuchar. Ninguna ha, ni siquiera, contestado¡±, asegur¨® Zoido en referencia al escrito enviado a las comunidades en agosto de 2015, tres meses antes de que concluyeran los cuatro a?os de Gobierno con mayor¨ªa absoluta de Rajoy.

El ministro tiene raz¨®n cuando advierte de que ning¨²n gobierno regional ha pedido el traspaso de las competencias, pero Interior tampoco ha impulsado las conversaciones 16 meses despu¨¦s de enviar su escrito. A preguntas de este peri¨®dico, una portavoz de Instituciones Penitencias se remite a lo dicho por Zoido y no aclara si el Gobierno va a hacer algo por acelerar el traspaso.

La respuesta de Zoido no ha gustado a los m¨¦dicos de prisiones, que llevan a?os exigiendo que se cumpla la ley. ¡°Queremos entender que el ministro est¨¢ reci¨¦n llegado y no tiene la informaci¨®n necesaria. Pero sus explicaciones fueron muy lamentables¡±, se queja Carmen Hoyos, coordinadora de la sanidad penitenciaria de la Organizaci¨®n M¨¦dica Colegial. ¡°Decir a estas alturas que la responsabilidad para hacer la transferencia est¨¢ en manos de las comunidades aut¨®nomas es rid¨ªculo¡±, lamenta Hoyos, que asegura que los m¨¦dicos que atienden a los reclusos se sienten ¡°un arma arrojadiza¡± de los pol¨ªticos.

Todos los partidos, en teor¨ªa, coinciden en que las competencias de la sanidad de los presos deben estar en manos de los gobiernos regionales y as¨ª lo manifestaron cuando, el pasado 28 de octubre, el Senado aprob¨® por unanimidad una propuesta en este sentido de Unidos Podemos. Hace dos semanas, todos los partidos votaron de nuevo a favor de este traspaso, esta vez en la Comisi¨®n de Interior del Congreso. Iniciativas en el mismo sentido se han aprobado tambi¨¦n por unanimidad en varios Parlamentos aut¨®nomos, como los de Andaluc¨ªa, Asturias, Arag¨®n, Baleares, Canarias y Cantabria. ?Por qu¨¦ no se dirigen entonces las comunidades al Gobierno para que ponga en marcha el proceso? Instituciones Penitenciarias, los m¨¦dicos y las consejer¨ªas de Salud consultadas admiten que el problema es econ¨®mico.

Desde que dejaron de firmarse los convenios, las comunidades facturan a Interior cada atenci¨®n prestada por sus servicios de salud, pero Prisiones ralentiza su pago, en muchos casos, pleiteando en los tribunales. Seg¨²n los datos recopilados por Unidos Podemos para presentar sus propuestas en las Cortes, el Gobierno debe a las comunidades 25 millones de euros, sin contar con los f¨¢rmacos de la hepatitis.

El debate de la PNL presentada por Podemos en el Senado evidenci¨® que la financiaci¨®n va a ser casi la ¨²nica clave para abordar el traspaso. EL PSOE intent¨® que la iniciativa llevara una enmienda que garantizara desde el Gobierno ¡°la dotaci¨®n econ¨®mica¡± de la nueva competencia de las comunidades, pero el PP se neg¨®, aunque la misma enmienda, junto a otra que obliga a Prisiones a asumir la deuda que tiene con las consejer¨ªas de salud, s¨ª sali¨® adelante en la propuesta aprobada en el Congreso.

Un informe elaborado por el Sindicato Profesional de la Sanidad Penitenciaria (SPSP) sobre los costes que tendr¨ªa la transferencia de competencias cifra en 114 millones de euros el coste total de la atenci¨®n sanitaria a los alrededor de 55.000 presos de las c¨¢rceles de las comunidades pendientes de asumir las competencias. Si se hace efectivo el traspaso, Prisiones deber¨ªa consignar una partida econ¨®mica para esta atenci¨®n que se repartir¨ªa entre las comunidades en funci¨®n, principalmente, del n¨²mero de presos que acogen. Hasta hace dos a?os, Interior gastaba un importe parecido en los convenios bilaterales, pero como hace dos a?os que estos no se firman, el dinero invertido por Prisiones para atender a los reclusos ha ido disminuyendo, por lo que la transferencia podr¨ªa suponer para el Gobierno central un gasto superior al que ahora hacen, advierte el secretario general del SPSP Jos¨¦ Antonio Veiras.

Para las comunidades, por su parte, ha resultado m¨¢s c¨®modo mantener los convenios bilaterales, pero ahora que estos no existen, se est¨¢n encontrando con que tienen que asumir igualmente la atenci¨®n a los reclusos sin recibir a cambio el dinero que Interior les ingresaba cada a?o. ¡°A las comunidades les conviene negociar cuanto antes¡± concluye Veiras, que asegura que la inseguridad jur¨ªdica que ahora pesa sobre la sanidad penitenciaria est¨¢ repercutiendo negativamente en la atenci¨®n que reciben los reclusos: ¡°Las comunidades se contienen en la atenci¨®n que prestan a los presos porque no saben qui¨¦n la va a pagar¡± afirma Veiras.