El Supremo delibera si el Estado debe indemnizar a las hijas de un narco

"Llegar¨¦ hasta donde haga falta para que me devuelvan el Pazo de Bai¨®n", ha venido proclamando un incansable Laureano Oubi?a, el traficante de hach¨ªs m¨¢s famoso y castigado en Espa?a, todav¨ªa en prisi¨®n, desde que en 1995 la Audiencia Nacional acometiera el primer experimento de embargo con el mayor latifundio vin¨ªcola gallego que el narco y su mujer, Esther Lago, hab¨ªan comprado pocos a?os antes. Dos d¨¦cadas despu¨¦s, el asunto sigue coleando en los tribunales y son las dos hijas del matrimonio las que han tomado las riendas del litigio como herederas legales de la finca que fue vendida por el Estado, en 2008, por 15 millones de euros.

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Las hermanas Esther y Lara Oubi?a Lago han recurrido ante la Sala Civil del Tribunal Supremo para reclamar la herencia de su madre, un asunto que ha sido ya admitido a tr¨¢mite y que est¨¢ pendiente de sentencia. En el enredado pleito plantean que su progenitora falleci¨® en 2001 en un accidente de tr¨¢fico sin que pudiera asistir al juicio por blanqueo en la Audiencia Nacional como principal imputada. Las herederas de la esposa de Oubi?a recuerdan que su madre era la depositaria de la mayor¨ªa de las acciones del pazo pese a lo cual ellas no fueron admitidas como parte en el proceso por el que se acord¨® de oficio el decomiso de la finca, el primero que se ejecut¨® por blanqueo de dinero del narcotr¨¢fico en Espa?a.

Las hijas del matrimonio Oubi?a-Lago, nacidas en la d¨¦cada de los ochenta, sostienen que aquel juicio, en 2002, se celebr¨® sin que hubiera acusaci¨®n, porque su madre hab¨ªa muerto sin ser condenada por tr¨¢fico de drogas y la causa qued¨® extinguida. Adem¨¢s, subrayan que la fiscal¨ªa hab¨ªa retirado la acusaci¨®n por blanqueo contra su padre, que en realidad solo figuraba como un simple gerente de la firma Pazo Bay¨®n y que siempre afirm¨® que el dinero que se pag¨® por ella proced¨ªa del contrabando de tabaco.

Con la pareja fuera del banquillo, la vista en la Secci¨®n Cuarta de la Audiencia Nacional se celebr¨® entonces solo contra los testaferros del pazo (una hermana y cu?ado de la fallecida), un abogado de Vilagarc¨ªa y las dos sociedades paname?as off shore bajo las que, a criterio del tribunal, se ocultaban los Oubi?a, sus verdaderos propietarios.

En aquel juicio, que dio pie al decomiso del Pazo de Bai¨®n, las hijas de Oubi?a no consiguieron personarse pese a que lo intentaron. Bas¨¢ndose en el art¨ªculo 657 del C¨®digo Civil, que reconoce los derechos de trasmisi¨®n de los bienes a sus herederos, reclamaron su parte, o al menos la mitad de los bienes que ten¨ªan en r¨¦gimen de gananciales sus progenitores, sociedades mercantiles e inmuebles que tambi¨¦n hab¨ªan sido intervenidos judicialmente.

El tribunal de la Audiencia Nacional no admiti¨® sus argumentos y acord¨® el decomiso porque el origen del dinero (unos 138 millones que los Oubi?a pagaron por ella) era el tr¨¢fico de drogas, una resoluci¨®n contra la que no cab¨ªa recurso. Las hermanas acudieron entonces al Tribunal de Estrasburgo, alegando indefensi¨®n por ¡°haber sido indebidamente despojadas de los bienes adquiridos por herencia de su madre¡±.

Con la Ley de Fondo de 2003, aprobada en pleno proceso de los Oubi?a, se lleg¨® a la venta de la finca cinco a?os despu¨¦s. Un ¨²ltimo cap¨ªtulo que todav¨ªa hizo m¨¢s ins¨®lito y enrevesado el caso, porque cuando el Plan Nacional sobre Drogas abri¨® la convocatoria para adjudicar el pazo tuvo que anularla. Las hijas consiguieron paralizar el concurso de subasta al presentar el recurso de amparo que se encontraba en tr¨¢mite ante Estrasburgo.

El embrollo se enderez¨® con un dictamen del abogado del Estado que propuso la redacci¨®n de una nueva convocatoria en la que una de sus clausulas incluy¨® la advertencia a las bodegas candidatas a comprar el pazo de que exist¨ªa una demanda interpuesta por Esther y Lara Oubi?a. Adem¨¢s, el Estado se vio obligado a informar a las cuatro empresas que optaron al concurso (Feixenet, Mart¨ªn Codax, Condes de Albarei y Marqu¨¦s de Riscal) que la Administraci¨®n asumir¨ªa cualquier riesgo econ¨®mico derivado del pago de una eventual indemnizaci¨®n o, incluso, la devoluci¨®n de la propiedad, aunque esta fuera la resoluci¨®n m¨¢s improbable.

Pero Estrasburgo se dio prisa y dos semanas despu¨¦s de que la cooperativa de Vilanova de Arousa (Pontevedra), Condes de Albarei, ganase la puja como mejor postor, el tribunal europeo desestim¨® la demanda de las hijas de Oubi?a. Sin entrar siquiera a analizar los fundamentos del recurso -art¨ªculos del Convenio para la Protecci¨®n de los Derechos Humanos que supuestamente hab¨ªa violado el Estado espa?ol al decomisar el pazo-, la Corte Europea aleg¨® que no cab¨ªa un pronunciamiento porque las herederas ¡°no hab¨ªan agotado todav¨ªa las v¨ªas judiciales internas¡± en Espa?a.

Despu¨¦s de que Oubi?a perdiese ya todas sus batallas contra el decomiso del pazo, tanto en el Supremo como en el Constitucional, la ¨²ltima baza que les queda a sus hijas es la v¨ªa civil en la que est¨¢n inmersas ahora. Representadas por el abogado madrile?o Emilio Murcia, las hermanas han promovido una tercer¨ªa de dominio, un procedimiento que se plantea dentro de los procesos de ejecuci¨®n pecuniarios y en el que el propietario (no deudor) insta el levantamiento del embargo. El Pazo de Bai¨®n es hoy una bodega y un centro de reiserci¨®n para toxic¨®manos.