El Supremo archiva la causa contra un diputado del PP por malversaci¨®n

El Tribunal Supremo ha archivado la causa abierta al diputado del PP Oscar Clavell L¨®pez al no apreciar delitos de prevaricaci¨®n o malversaci¨®n en el decreto que firm¨® en diciembre de 2010, cuando era alcalde de La Vall d¡¯Uix¨® (Castell¨®n), para validar unas facturas por valor de 706.789 euros del servicio de limpieza. La causa se abri¨® como consecuencia de una exposici¨®n razonada elevada al Supremo por la juez de Instrucci¨®n 2 de Nules (Castell¨®n), Laura Alem¨¢n, que atribu¨ªa a Clavell presuntos delitos de prevaricaci¨®n y malversaci¨®n de caudales p¨²blicos por la autorizaci¨®n de esos pagos.

La juez de Castell¨®n consideraba que el alcalde prevaric¨® al firmar un decreto, el 30 de diciembre de 2010, que valid¨® las facturas por valor de 706.789,39 euros emitidas por Secopsa, la empresa contratada por el Ayuntamiento para realizar el servicio de limpieza de este municipio de 31.000 habitantes. Clavell autoriz¨® el pago pese a que la responsable t¨¦cnica de la ejecuci¨®n del servicio hab¨ªa manifestado que este no se estaba ejecutando correctamente. Cuando firm¨® estas resoluciones, Clavell era alcalde circunstancial del municipio en sustituci¨®n de la alcaldesa, Isabel Bonig, actual presidenta del PP valenciano.

El Supremo, que asume el criterio del fiscal a favor de que se cerrara el caso, argumenta que no es lo mismo una ilegalidad administrativa que un delito de prevaricaci¨®n, ya que este, requiere que la resoluci¨®n sea injusta y arbitraria "de forma patente y clamorosa", lo que los jueces no aprecian en este caso. Adem¨¢s, la prevaricaci¨®n exige que la resoluci¨®n se produzca ¡°a sabiendas¡± de que se est¨¢ cometiendo una ilegalidad lo que tampoco concurre en este caso, seg¨²n el Supremo.

La Sala de lo Penal puntualiza que el hecho de descartar delito en el decreto de Clavell no supone concluir que, desde el punto de vista administrativo, su actuaci¨®n fuese correcta. "El tipo subjetivo (de la prevaricaci¨®n) exige la clara conciencia de la ilegalidad o de la arbitrariedad que se ha cometido, pues lo dem¨¢s ser¨ªa invadir el campo del control judicial de los actos administrativos, que a nosotros no nos corresponde, y dado que no puede apreciarse tal claridad o evidencia en la conducta del aforado no puede considerarse que se haya cometido un delito de prevaricaci¨®n¡±, concluye el tribunal.

En cuanto al delito de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, el Supremo dice que no se ha aportado indicio alguno de esta infracci¨®n penal. Tampoco encaja la conducta del aforado en un delito de fraude y exacciones ilegales, ya que, seg¨²n el tribunal, no existen datos de que se hubiera querido causar un perjuicio a la Administraci¨®n.

La investigaci¨®n judicial sobre Clavel fue motivo de confrontaci¨®n entre el PP y Ciudadanos cuando ambos partidos negociaban este verano el pacto de investidura. Clavell fue imputado por la juez de Nules en 2015, pero los populares le incluyeron como n¨²mero dos de la lista por Castell¨®n en las elecciones del 20 de diciembre, por lo que, tras los comicios y una vez que tom¨® posesi¨®n de su acta como diputado del Congreso, la instructora remiti¨® el caso al Tribunal Supremo, que abri¨® una causa para investigarle. Su situaci¨®n, seg¨²n Ciudadanos, chocaba con dos de las condiciones impuesta por el partido de Albert Rivera al PP para apoyar la investidura de Rajoy: la ¡°separaci¨®n inmediata de cualquier cargo p¨²blico que haya sido imputado formalmente por corrupci¨®n pol¨ªtica hasta la resoluci¨®n completa del procedimiento judicial¡±y la ¡°eliminaci¨®n de los aforamientos ligados a cargos pol¨ªticos y representantes p¨²blicos¡±.

?Cuando estall¨® el caso en mayo de 2014, Clavell asegur¨® que hab¨ªa ordenado el pago para ¡°evitar una huelga de limpieza¡± de los trabajadores de Secopsa. Los sindicatos hab¨ªan anunciado movilizaciones en el marco de un conflicto entre la empresa y los trabajadores por los retrasos en el pago de las n¨®minas. El ex primer edil asegur¨® en aquella ocasi¨®n que hab¨ªa firmado el pago para que la empresa pudiera abonar las n¨®minas y evitar as¨ª la movilizaci¨®n sindical.