El Gobierno invoca su derecho a vetar iniciativas de la oposici¨®n
El Ejecutivo recurre al Constitucional y renuncia a pedir la suspensi¨®n cautelar
El Gobierno invoca su ¡°derecho constitucional de oponerse a cualquier iniciativa que implique aumento de gasto o disminuci¨®n de ingresos¡± para recurrir contra el Congreso de los Diputados ante el Tribunal Constitucional. El Consejo de Ministros aprob¨® este viernes iniciar el conflicto de atribuciones contra el Parlamento. El recurso se refiere a dos iniciativas concretas, pero supone buscar respaldo del tribunal para vetar iniciativas de la oposici¨®n en un Congreso en el que est¨¢ en minor¨ªa. Es decir, el Ejecutivo intenta asegurarse la capacidad de impedir la aprobaci¨®n de normas que, bajo su criterio, afectan a los Presupuestos, para evitar que el resto de partidos le pueda imponer una ley.
Por contra, PSOE, Podemos y Ciudadanos entienden que la Mesa del Congreso puede rechazar esos vetos del Gobierno si considera que no est¨¢n fundamentados.
Seg¨²n el portavoz del Gobierno, ??igo M¨¦ndez de Vigo, poder frenar esas iniciativas es ¡°una regla esencial del juego en cualquier Parlamento democr¨¢tico¡± porque, en caso contrario, los Presupuestos Generales ¡°no tendr¨ªan virtualidad¡± y podr¨ªan verse alterados por cualquier iniciativa. ¡°El objeto es impedir la tramitaci¨®n de iniciativas parlamentarias por razones estrictamente presupuestarias, al suponer un aumento de gastos o una disminuci¨®n de ingresos, lo que supone una invasi¨®n de la competencia exclusiva del poder ejecutivo de iniciativa legislativa presupuestaria y de defensa de la ejecuci¨®n de los Presupuestos en vigor. El Gobierno ha utilizado esta facultad en lo que va de legislatura en 18 ocasiones¡±, explica el Ejecutivo.
El gasto de frenar la Lomce
El recurso del Gobierno se refiere a una proposici¨®n de ley para parar la Lomce y otra para reformar el Estatuto de los Trabajadores. Ambas fueron admitidas a tr¨¢mite por el pleno, en contra del PP.
Seg¨²n el Ejecutivo, la de la ley de educaci¨®n supone la p¨¦rdida de ¡°unos 600 millones de euros de ingresos procedentes de fondos comunitarios¡±.
La otra supondr¨ªa ¡°60 millones de euros anuales, utilizando valores de 2013¡±.
Una vez aprobado iniciar el conflicto de atribuciones, la abogac¨ªa del Estado tendr¨¢ que presentarlo antes del 20 de enero. El Gobierno se inclina por no pedir al Tribunal Constitucional la suspensi¨®n cautelar de las normas afectadas por el recurso: una proposici¨®n de ley para frenar la Lomce y una de reforma del Estatuto de los Trabajadores. Esa suspensi¨®n cautelar solo es autom¨¢tica cuando se recurren desde el Estado normas auton¨®micas. Es decir, cuando se formalice el recurso del Gobierno las proposiciones de ley afectadas seguir¨¢n su tramitaci¨®n y si son aprobadas entrar¨¢n en vigor. Pero si el Constitucional falla luego a favor del Gobierno podr¨¢n ser anuladas. El Gobierno tiene voluntad de llevar al tribunal todas las proposiciones de ley de la oposici¨®n que hayan sido vetadas por el Ejecutivo sin que el Congreso haya aceptado frenar la tramitaci¨®n.
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