El juez archiva la investigaci¨®n que abri¨® el caso del fraude de la formaci¨®n en Andaluc¨ªa

M¨¢s informaci¨®n

Ciudadanos plagia informes en el dictamen sobre el fraude de los cursos

La juez rechaza imputar a Chaves y Gri?¨¢n por los cursos de formaci¨®n

En abril de 2014, la polic¨ªa hizo p¨²blico un supuesto fraude en los cursos de formaci¨®n subvencionados por la Junta de Andaluc¨ªa con irregularidades, dijo, que podr¨ªan superar a las del caso ERE. El origen se situ¨® en M¨¢laga, donde se centraron inicialmente las pesquisas de la denominada operaci¨®n Edu, pero la investigaci¨®n termin¨® extendi¨¦ndose por toda Andaluc¨ªa con distinto nombre y diligencias en 18 sedes judiciales. Tres a?os despu¨¦s, el Juzgado de Instrucci¨®n 8 de M¨¢laga ha archivado provisionalmente la pieza principal sobre las ayudas concedidas en esta provincia a 27 empresas, en la que estaban imputados 12 cargos pol¨ªticos y funcionarios de la Administraci¨®n auton¨®mica. El sobreseimiento, pedido recientemente por la fiscal¨ªa, se puede recurrir.

En el foco estaba la concesi¨®n de subvenciones para cursos de formaci¨®n para desempleados, con compromiso de contrataci¨®n, a trav¨¦s de sendas resoluciones dictadas el 4 de noviembre y el 15 de diciembre de 2010. Hab¨ªa un grupo de seis investigados por los presuntos delitos de prevaricaci¨®n y malversaci¨®n, entre ellos, el que fuera delegado de Empleo en M¨¢laga y director provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Juan Carlos Lome?a, y la exjefa del Servicio de Formaci¨®n para el Empleo, Mar¨ªa Isabel Almendro. La acci¨®n contra los otros seis investigados se dirig¨ªa por supuesta falsedad y estafa.

El juez Juan Pedro Jim¨¦nez ha concluido que no existen indicios de delito y declara en su auto, como le pidieron las defensas de los investigados, que la constituci¨®n de esta causa ¡°no perjudica la reputaci¨®n de los mismos¡±. El magistrado est¨¢ de acuerdo con el ministerio p¨²blico en que ¡°lo ¨²nico¡± que se ha podido comprobar durante la instrucci¨®n es que la Administraci¨®n p¨²blica ¡°se ha visto desbordada e incapaz de llevar a cabo el examen previo, control exhaustivo, seguimiento detallado y verificaci¨®n pormenorizada del enorme n¨²mero de cursos subvencionados¡±. De 875 ciclos y expedientes de formaci¨®n ocupacional en 2009 se pas¨® a 1.485 en 2010.

El juzgado separ¨® 27 piezas de este procedimiento, sobre cada una de las empresas beneficiadas con una ayuda p¨²blica, y la mayor¨ªa de estas diligencias ha sido tambi¨¦n archivada. Para el magistrado, ese descontrol del que habla por parte de la Administraci¨®n ¡°no supone que exista perjuicio patrimonial a los fondos p¨²blicos¡±, no ocurre esto simplemente porque la entidad no reuniera los requisitos exigidos para la subvenci¨®n, ya que la Junta ha procedido a reclamar el reintegro de la misma.

A lo largo de la instrucci¨®n no ha quedado acreditado, ¡°fuera de las meras sospechas o conjeturas¡±, que existiera ¡°alg¨²n tipo de connivencia¡± entre los funcionarios y responsables del SAE en M¨¢laga y las personas f¨ªsicas y jur¨ªdicas a quienes se otorg¨® la subvenci¨®n. El hecho de que la Intervenci¨®n provincial fiscalizara las adjudicaciones ¡°impide que se pudiera incurrir en arbitrariedad en la selecci¨®n de la beneficiarios¡±, a?ade la resoluci¨®n. Adem¨¢s, el n¨²mero de departamentos implicados ¡°hace imposible que puedan pasar inadvertidas cualesquiera irregularidades cometidas intencionadamente, de mutuo acuerdo¡± con un adjudicatario.

El juez tambi¨¦n descarta que los t¨¦cnicos encargados de seguir un expediente hayan participado en supuestas falsedades o cooperado en estafa o fraude. No existen vinculaciones con los beneficiarios de las ayudas ¡°ni de tipo personal de amistad, ni familiar ni econ¨®micas¡±. Como expuso la fiscal¨ªa, entre la concesi¨®n de las subvenciones y la apertura de la causa penal, los funcionarios han ido cambiando de departamento ¡°y no se puede sostener que quien lo haya sustituido, lejos de denunciar un il¨ªcito penal, lo encubra¡±.

Hasta 18 juzgados repartidos por todas las provincias andaluzas han abierto diligencias por presunto fraude en el uso de ayudas p¨²blicas concedidas por la Junta para ciclos formativos que no se habr¨ªan realizado, no estar¨ªan bien justificados o cuyo coste habr¨ªa sido inflado. Los jueces han ido expresando opiniones distintos sobre si existi¨® o no delito, pero se impone la decisi¨®n de archivo. As¨ª ha ocurrido en juzgados de Sevilla, Ja¨¦n y, ahora, M¨¢laga.