El Gobierno autoriza el 98% de pasos a la privada: as¨ª funcionan las puertas giratorias de los altos cargos

"Las evaluaciones de compatibilidades son extremadamente laxas; no limitan pr¨¢cticamente nada", opina Julio Gonz¨¢lez Garc¨ªa, catedr¨¢tico de derecho administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, sobre una normativa que afecta, entre otros, a exministros, exsecretarios de estado, exconsejeros de organismo reguladores como la CNMV o ex altos cargos militares. "Eso est¨¢ en consonancia con lo que ocurre en Espa?a en otros ¨¢mbitos, como en el Congreso. Tambi¨¦n las autorizaciones de compatibilidad a los diputados han demostrado ser poco exigentes", a?ade. Este diario pidi¨® la opini¨®n de la directora de la Oficina de Conflictos de Intereses, que aleg¨® problemas de agenda.

Cuando los exaltos cargos solicitan la autorizaci¨®n para realizar una actividad privada, la OCI pide informes al departamento en el que trabajaba antes el solicitante. Cuando los recibe, y si estos no ven inconveniente, expide una resoluci¨®n de apenas unas l¨ªneas en la que deja constancia de que ¡°no existen objeciones¡±. As¨ª, los permisos de compatibilidad no se basan en investigaciones de la OCI y tampoco dependen de una evaluaci¨®n externa o de una votaci¨®n de un grupo de expertos independientes. El Ministerio de Hacienda y Administraciones P¨²blicas, del que dependen los integrantes de este organismo con 18 plazas de personal asignadas, siempre ha defendido que aplica la Ley a ¡°rajatabla¡±.

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El PP y Ciudadanos se comprometieron en su pacto de investidura a crear un organismo independiente que supervise el trabajo de la Oficina. El PSOE apuesta por dotar a este departamento de independencia funcional y por prohibir durante cinco a?os la incorporaci¨®n exnovo de exaltos cargos a empresas de sectores sobre los que hayan tenido responsabilidades. Podemos ya present¨® una propuesta en el Congreso para que ese periodo de inelegibilidad sea de diez a?os y que el veto sea permanente cuando se trate de ocupar un puesto directivo o en el consejo de una empresa de un sector estrat¨¦gico para el pa¨ªs. Y Ciudadanos, finalmente, aspira a que la Oficina rinda cuentas en el Congreso y a que se sancionen econ¨®micamente los incumplimientos en materia de incompatibilidad, seg¨²n su programa electoral.

¡°El problema no es procedimental¡±, opina Marcos Vaquer Caballer¨ªa, catedr¨¢tico de derecho administrativo de la Universidad Carlos III. ¡°Hay que dotar a la oficina de verdadera independencia, porque ahora su titular es un director general de un Ministerio, lo que no asegura en modo alguno su autonom¨ªa funcional, aunque la ley la proclame¡±, argumenta. ¡°Y hay que aumentar su transparencia¡±, a?ade. ¡°Adem¨¢s, la ley tambi¨¦n le atribuye otras funciones de vigilancia y comprobaci¨®n sobre las que poco o nada se sabe de c¨®mo las ejerce¡±.

"El principal problema y agujero del sistema reside en que la oficina no realiza ninguna comprobaci¨®n de las actividades de los ex altos cargos que no presentan ninguna solicitud de autorizaci¨®n¡±, advierte Jaime Castellano, investigador de Hay Derecho y coautor de un estudio sobre las puertas giratorias basado en todas las compatibilidades concedidas y denegadas. ¡°El sistema conf¨ªa en la buena fe de los ex altos cargos. No hay mecanismos de control y seguimiento¡±, a?ade. ¡°Si un ex alto cargo env¨ªa una solicitud a la oficina para que le autorice una cierta actividad, se analiza la petici¨®n, y lo normal es que se apruebe si vemos las resoluciones emitidas. Pero el problema es que un ex alto cargo podr¨ªa ejercer una actividad sin pedir permiso previamente, porque nadie les controla ni hace seguimiento¡±.

Las indemnizaciones por abandono del puesto que reciben durante dos a?os los ex altos cargos van de los casi 4.600 euros mensuales que cobra un exministro hasta los cerca de 10.000 que percibe el expresidente de una comisi¨®n nacional.

Los altos cargos est¨¢n obligados por la Ley a presentar una declaraci¨®n de bienes y otra de actividades cuando toman posesi¨®n, y de nuevo cuando abandonan el cargo. El Tribunal de Cuentas?denunci¨® en un informe de abril de 2016 que la OCI no hab¨ªa comprobado la veracidad de las declaraciones de los altos cargos. Su conclusi¨®n es contundente: ¡°No se realiz¨® actuaci¨®n alguna de comprobaci¨®n de la realidad de los datos declarados por los altos cargos¡±. Pese a que la OCI puede pedir colaboraci¨®n de las administraciones tributarias y de la seguridad social para verificar los datos declarados, ¡°no se utiliz¨®¡±. Tampoco para detectar posibles omisiones. En las alegaciones al informe, la OCI respondi¨® que los altos cargos son los responsables de la veracidad y actualidad de sus declaraciones, pero el Tribunal de Cuentas no estuvo de acuerdo: ¡°Un adecuado control de sus actividades tras el cese exige la realizaci¨®n de comprobaciones sobre las mismas¡±, se?ala.

Seg¨²n los datos proporcionados por la Oficina, los exsecretarios de Estado, exembajadores y exconsejeros de organismos reguladores fueron los m¨¢s activos en la b¨²squeda de nuevas actividades. Entre las autorizaciones concedidas, una permite a una exconsejera de la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores irse al patronato de la fundaci¨®n de un banco, o al antiguo jefe de gabinete del ministro de Industria Miguel Sebasti¨¢n pasar a la empresa ACS. Adem¨¢s, hasta once exministros han pedido y recibido autorizaci¨®n de la oficina para trabajar durante los dos a?os posteriores a que dejaran su ministerio, en lo que sus equipos califican como un ejercicio de ¡°transparencia¡±.

Uno de los ¨²ltimos exaltos cargos que ha obtenido el visto bueno de la OCI es Arsenio Fern¨¢ndez de Mesa, exidirector de la Guardia Civil. No solo ha sido fichado para el consejo de administraci¨®n de Red El¨¦ctrica Espa?ola, sino que se le han autorizado otras dos actividades privadas en las empresas Absylum Integral Services y Preventia Neuro-Technology, tal y como acaba de publicar el Portal de Transparencia.

El listado de las autorizaciones para que los altos cargos puedan irse a trabajar a la privada fue la ¨²nica informaci¨®n novedosa que aport¨® el Portal de Transparencia cuando se inaugur¨® en diciembre de 2014. Hasta entonces no se publicaba este registro. Actualmente tampoco se publican los informes en los que se basan las autorizaciones. La OCI no los facilita por considerarlos informaci¨®n interna y ¡°preparatoria¡± que no debe divulgarse, seg¨²n la respuesta que dio a EL PA?S. Expertos como el catedr¨¢tico Julio Gonz¨¢lez consideran que deber¨ªan ser p¨²blicos.

Jos¨¦ Manuel Garc¨ªa-Margallo, titular de Exteriores en el anterior Gobierno, fich¨® como tertuliano fijo del programa de Ana Rosa en Telecinco tras abandonar su puesto. Es el ¨²ltimo de los 11 exministros que ha pasado por la OCI para pedir permiso para dedicarse a la actividad privada. Esta le autoriz¨® la compatibilidad en enero pasado.

¡°Yo volv¨ª a donde estaba, a todas mis posiciones anteriores, a la actividad privada de la que ven¨ªa¡±, explica Cristina Garmendia, exministra de Ciencia e Innovaci¨®n. ¡°Tambi¨¦n ped¨ª permisos para cosas que estaba estudiando, sin que fueran decisiones tomadas, porque quer¨ªa ver si ten¨ªa compatibilidad total, como es l¨®gico. Solamente con que est¨¦s explorando (la posibilidad de un trabajo) debes pedir el permiso¡±, sigue Garmendia, que obtuvo decenas de autorizaciones. ¡°Tienes que explicitar para lo que se te requiere. No me suena que pidieran m¨¢s datos: no depende tanto de qu¨¦ vayas a hacer como de si esa empresa o instituci¨®n es incompatible con las decisiones en las que hayas estado involucrado¡±.

Mientras los partidos dan con una f¨®rmula para la reforma, los exaltos cargos trabajan: nada les impide ocupar el puesto que quieran en la empresa que se lo ofrezca m¨¢s de dos a?os despu¨¦s de dejar la Administraci¨®n.

Ocho sanciones a ex altos cargos

El informe del Tribunal de Cuentas que fiscaliz¨® la actividad de la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) entre 2012 y 2014 le critic¨® por no haber tramitado ni conocido denuncia alguna sobre presuntos incumplimientos de la Ley de Conflictos de Intereses, y por no haber iniciado, instruido o resuelto ning¨²n expediente sancionador.

En los diez a?os de actividad de esta oficina han sido sancionados ocho ex altos cargos, seg¨²n la respuesta de la OCI a una solicitud de informaci¨®n de este diario. Se conocen los nombres de seis de ellos, porque sus sanciones, graves o muy graves, est¨¢n penalizadas con la publicaci¨®n en el Bolet¨ªn Oficial del Estado (BOE). La OCI se neg¨® a divulgar el nombre de los otros sancionados y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), el organismo que vela por el cumplimiento de la Ley de Transparencia en Espa?a, desestim¨® la reclamaci¨®n de EL PA?S para que los hiciera p¨²blicos al considerar que se trata de "datos personales" relativos a la comisi¨®n de una infracci¨®n administrativa.

Una infracci¨®n leve consiste en la ¡°no declaraci¨®n de actividades o de bienes y derechos patrimoniales¡± en los registros dentro de los plazos establecidos. La sanci¨®n es simplemente una amonestaci¨®n. Si el alto cargo recibe un apercibimiento y, pese a ello, sigue sin presentar la declaraci¨®n, se considera falta grave y se publica en el BOE. La omisi¨®n de datos entrar¨ªa tambi¨¦n en esa categor¨ªa. La infracci¨®n muy grave se da cuando se incumple la norma de incompatibilidades o se dan datos falsos en la declaraci¨®n. En ese caso la sanci¨®n puede llegar a la destituci¨®n (si a¨²n est¨¢n en el cargo p¨²blico) o la no percepci¨®n de la pensi¨®n indemnizatoria.

Entre los sancionados est¨¢ Luis Hern¨¢ndez, inspector general de Sanidad del Ministerio de Defensa, que sigui¨® ejerciendo de m¨¦dico ¨Cy cobrando por ello- mientras ejerc¨ªa como alto cargo. Tambi¨¦n Almudena Mu?oz, directora general de Casa del Mediterr¨¢neo, que no present¨® la declaraci¨®n de bienes tras su cese, pese a que se la pidieron, y Marta Plana, que ejerci¨® cargos en una empresa privada pese a recibir la pensi¨®n compensatoria durante los dos a?os siguientes a su cese como consejera de la Comisi¨®n del Mercado de las Telecomunicaciones.

Estos expedientes tampoco son p¨²blicos. Pese a que el Ministerio de Hacienda publica en su p¨¢gina web el informe que env¨ªa la OCI al Congreso dos veces al a?o, el documento no incluye las resoluciones relativas a los procedimientos sancionadores. Este diario pudo acceder a ellas porque se entrega una copia al Congreso de los Diputados. En este enlace se pueden consultar las resoluciones de los tres altos cargos mencionados anteriormente.