Las manos que mecieron el Canal de Isabel II

Esperanza Aguirre y el ahora detenido Ignacio Gonz¨¢lez confiaban tanto en Ildefonso de Miguel que en 2006 le encargaron que gestionara la mayor empresa p¨²blica de la Comunidad de Madrid, el Canal de Isabel II, un mastodonte con cerca de 2.500 empleados y a la que solo en patrimonio se le calcula un valor cercano a los 3.000 millones de euros. Estuvo en el cargo hasta el verano de 2009, cuando por sorpresa abandon¨® el Canal.

Se vio obligado a dimitir despu¨¦s de que el consejo de administraci¨®n pusiera pegas a su intento de adjudicar un contrato de atenci¨®n telef¨®nica de 26 millones de euros a una de las ofertas m¨¢s caras presentadas a concurso. Esa salida por la puerta de atr¨¢s no signific¨® que De Miguel, que acompa?aba a Gonz¨¢lez en el c¨¦lebre viaje a Colombia en el que este ¨²ltimo fue espiado, perdiera el contacto con sus antiguos valedores.

Solo dos meses despu¨¦s de abandonar el Canal, De Miguel cre¨® una sociedad llamada Zubenelgenubi, y otros siete meses m¨¢s tarde se constituy¨® Servicios Aeron¨¢uticos de Control y Navegaci¨®n (Saerco), cuya sede fue registrada este jueves por orden del juez Eloy Velasco. La primera, que se define en el Registro Mercantil como una firma de asesoramiento y consultor¨ªa, tiene el 100% de las acciones de la segunda y su administrador ¨²nico es De Miguel.

Poco despu¨¦s ¡ªprincipios de 2011¡ª, el Gobierno abr¨ªa la posibilidad de que empresas privadas gestionaran el control a¨¦reo de los aeropuertos m¨¢s peque?os de la red de Aena. De repente, Saerco, una compa?¨ªa nueva y completamente desconocida en el mundo de la aviaci¨®n, consigui¨® hacerse con la adjudicaci¨®n de los aeropuertos canarios de La Palma, Lanzarote y Fuerteventura por m¨¢s de cuatro millones de euros anuales.

Ese mismo a?o Saerco y otra de las empresas de la red de De Miguel se vieron beneficiadas por los pr¨¦stamos preferentes a bajo inter¨¦s que una entidad dependiente de la Comunidad de Madrid estaba repartiendo a proyectos innovadores. El Gobierno regional entreg¨® la gesti¨®n de 80 millones de euros del entonces Ministerio de Ciencia e Innovaci¨®n a un ente p¨²blico-privado opaco que se encarg¨® de seleccionar los proyectos. Empresas de dos exaltos cargos de Aguirre ¡ªDe Miguel y Manuel Lamela¡ª consiguieron financiaci¨®n. Pasados cinco a?os, dos de cada tres de esos proyectos resultaron fallidos, incluidos los de los exaltos cargos.

Las dos empresas de De Miguel no devolvieron el dinero (m¨¢s de tres millones de euros) y la Comunidad de Madrid las llev¨® a los tribunales. Una de ellas, Safeview, y sus fiadores (entre ellos Zubenelgenubi) ya han sido condenados dos veces a devolver el pr¨¦stamo.