El juez de P¨²nica revisa facturas que suman 16 millones por la caja b del PP

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Del ¡®tamayazo¡¯ al Canal

La reciente Operaci¨®n Lezo no ha impedido que el titular del Juzgado Central de Instrucci¨®n 6, Eloy Velasco, haya seguido trabajando en el otro gran sumario que acorrala al PP de Esperanza Aguirre por su presunta financiaci¨®n irregular: el caso P¨²nica.La semana pasada, el magistrado orden¨® a la Comunidad de Madrid que remitiera a la Audiencia Nacional toda la informaci¨®n que tuviera sobre los 16,5 millones de euros que se gast¨® el Ejecutivo regional para promocionar el Plan Regional de Inversiones de Madrid (conocido como Prisma) durante los a?os 2006 y 2007, etapa en la que el presunto cabecilla de la trama, Francisco Granados, controlaba como consejero de Presidencia la millonaria partida dedicado a dicho plan.

Velasco quiere conocer los expedientes de contrataci¨®n, las memorias y los certificados de ejecuci¨®n de los trabajos, seg¨²n confirman a EL PA?S fuentes cercanas a la investigaci¨®n. Toda la documentaci¨®n se ha incorporado a la ¨²nica pieza del sumario que a¨²n permanece bajo secreto, la referida a la supuesta caja b del partido, y en la que est¨¢n imputados, entre otros, el que fuera gerente del partido en Madrid, Beltr¨¢n Guti¨¦rrez, el exconsejero de Transportes Jos¨¦ Ignacio Echeverr¨ªa, y el empresario Javier L¨®pez Madrid, tambi¨¦n investigado en la Operaci¨®n Lezo.

Gastos sin justificar

Los gastos ahora bajo sospecha en el caso P¨²nica fueron remitidos en 2010 por la empresa p¨²blica del suelo, Arpegio ?reas de Promoci¨®n Empresarial SA, ya investigada por otros gastos dentro del sumario, a la Comunidad de Madrid para que esta se hiciera cargo de la abultada partida. Sin embargo, la Intervenci¨®n del Ejecutivo regional se neg¨® en 2015, ya con Cristina Cifuentes en la presidencia, a validarla, al considerar que buena parte de los gastos que inclu¨ªan no estaban convenientemente justificados.

La partida ha sido en los ¨²ltimos meses objeto de debate en la Asamblea de Madrid por los conceptos e importe de gran parte de los trabajos reflejados en ella. As¨ª, 5,9 de los 16,5 millones fueron destinados a ¡°consultor¨ªas y asistencias para la tramitaci¨®n de licitaciones¡±, y ah¨ª se incluyeron los sueldos de una veintena de trabajadores contratados para llevar a cabo el plan de inversiones.

La siguiente gran partida es la destinada a actos de propaganda de las obras. Las facturas que el juez Velasco quiere investigar suman 3,3 millones en este concepto, que incluye los actos de colocaci¨®n de primeras piedras. Hay, por ejemplo, una factura de 28.232 euros para la primera piedra de la comisar¨ªa de polic¨ªa de Alcal¨¢ de Henares con la presencia de Esperanza Aguirre; otra por 29.000 euros para un acto similar con la residencia de mayores de Navas del Rey; y 35.000 euros m¨¢s para dar publicidad a una obra del Plan Prisma en Serranillos del Valle. En total, solo en este tipo de celebraciones la Comunidad gast¨® 782.000 euros.

M¨¢s elevada es la partida dedicada a dar a conocer las obras: 2,5 millones en ¡°campa?a publicitaria instituciones¡±. En ella se incluyen 852.000 euros por la realizaci¨®n de un ¡°v¨ªdeo estereosc¨®pico en tres dimensiones¡± y los 500.000 euros gastados en la creaci¨®n y mantenimiento de una web. Tambi¨¦n 28.072 euros invertidos en traer urgentemente desde China en avi¨®n 10.000 paraguas y bol¨ªgrafos de propaganda.

Junto a todo ello, otros gastos como 65.000 euros en tel¨¦fono, otros 78.000 en ¡°¨²tiles y herramientas de escritorio¡±, 96.027 en ¡°supermercados, suministros higi¨¦nicos, farmacia, consumibles inform¨¢ticos y bebidas (agua y caf¨¦)¡± y 289.000 en el alquiler de plazas de garaje para empleados y el arrendamiento de oficinas.

No es la primera vez que Arpegio y algunas de estas partidas aparecen en el sumario de P¨²nica. En julio de 2016, Velasco ya reclam¨® a la Comunidad de Madrid que le entregase de manera ¡°urgente e inmediata¡± toda la informaci¨®n del periodo 2006-2011 referido a 22 consorcios urban¨ªsticos y un sinf¨ªn de contratos de obras p¨²blicas del Plan Prisma. Entre ellos, los adjudicados por 9,8 millones a la empresa An¨¢lisis y Gesti¨®n de Desarrollos Urbanos SA (Dusa).

Entonces el magistrado ya apuntaba la sospecha de que todos estos contratos se licitaron de manera supuestamente irregular ¡°bajo la esfera de dominio de Francisco Granados¡±, unas veces ¡°en persona¡± y otras ¡°por delegaci¨®n¡±. El empresario David Marjaliza se?al¨® en su confesi¨®n a Jaime Gonz¨¢lez Taboada, entonces vinculado a Arpegio y hoy consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Cristina Cifuentes, de cobrar comisiones por estas obras. Taboada siempre lo ha negado.

En el sumario tambi¨¦n se investiga a la Fundaci¨®n de la empresa p¨²blica por la financiaci¨®n con m¨¢s de 300.000 euros de un concierto organizado por Waiter Music, una empresa de la trama.