Espa?a no permitir¨¢ que Gibraltar haga ¡°competencia desleal¡± tras el ¡®Brexit¡¯
Un informe de Exteriores califica de "injustificado privilegio" el estatuto del Pe?¨®n en la UE
La decisi¨®n del Consejo Europeo del pasado d¨ªa 29, que aprob¨® las directrices de la negociaci¨®n del Brexit, de condicionar cualquier futura relaci¨®n entre Gibraltar y la UE a un acuerdo previo entre el Reino Unido y Espa?a, ha otorgado a esta ¨²ltima un poder de veto sin precedentes sobre la colonia. A la hora de ejercer esa facultad, Espa?a se ha trazado sus l¨ªneas rojas. Entre ellas, que no admitir¨¢ un acuerdo que permita a Gibraltar mantener una competencia desleal con su entorno espa?ol. As¨ª lo asegura el informe sobre la salida de Londres de la UE que el Ministerio de Exteriores ha enviado al Congreso.
Espa?a es partidaria de un Brexit soft: quisiera que el futuro acuerdo entre el Reino Unido y la UE, cuando se consume la salida, se pareciera como una gota de agua al actual statu quo,aunque es consciente de que la decisi¨®n de abandonar el Mercado ?nico y la Uni¨®n Aduanera y de poner coto a la libre circulaci¨®n de trabajadores impondr¨¢ diferencias que quisiera minimizar.
Una relaci¨®n favorable a Espa?a
Reino Unido es el cuarto mercado de bienes espa?oles y el primero en servicios. En 2015, la balanza de bienes fue favorable a Espa?a en m¨¢s de 5.600 millones de euros. En 2014, el super¨¢vit en servicios super¨® los 7.000 millones de euros.
Primer destino de las inversiones espa?olas en el exterior, con un stock de 62.117 millones de euros en 2014.
Primer emisor de turistas a Espa?a, con 16,9 millones de visitantes en 2016.
Pero si hay una situaci¨®n que no desea perpetuar bajo ning¨²n concepto es la relaci¨®n actual con Gibraltar. El informe Negociaciones sobre la retirada del Reino Unido de la UE, elaborado por la Secretar¨ªa de Estado para la UE y al que ha tenido acceso EL PA?S, deja claro que ¡°Gibraltar es una cuesti¨®n de Estado¡± y que el r¨¦gimen especial del que goza la colonia ¡°es una condici¨®n que Espa?a tuvo que aceptar en su momento [1986] para poder adherirse a las entonces Comunidades Europeas¡±, ya que el Reino Unido ingres¨® en 1973. En estas tres d¨¦cadas, el estatuto del Pe?¨®n ¡°ha derivado en una situaci¨®n de injustificado privilegio¡±.
El documento recuerda que Gibraltar disfruta de las cuatro libertades (libre circulaci¨®n de trabajadores, mercanc¨ªas, servicios y capitales), pero no forma parte de la Uni¨®n Aduanera ni se le aplica la legislaci¨®n brit¨¢nica, por lo que ¡°ha desarrollado un r¨¦gimen propio extremadamente permisivo en materia fiscal, aduanera y de establecimiento de sociedades, que en la pr¨¢ctica lo ha convertido en un para¨ªso fiscal¡±.
Tras recordar que el Pe?¨®n no forma parte del Reino Unido ¡ªes un territorio sujeto a descolonizaci¨®n cuyas relaciones exteriores dependen de Londres¡ª y que la aplicaci¨®n a Gibraltar de un futuro acuerdo entre las autoridades brit¨¢nicas y la UE requerir¨¢ del visto bueno del Gobierno espa?ol, el informe deja claras cu¨¢les ser¨¢n sus l¨ªneas rojas: ¡°Espa?a no puede aceptar que la UE negocie con el Reino Unido una relaci¨®n que [no sea] compatible con la posici¨®n espa?ola sobre la reivindicaci¨®n territorial, que [no] respete los intereses espa?oles, de los ciudadanos del Campo de Gibraltar y que [no] impida una situaci¨®n de competencia desleal con el territorio espa?ol¡±.
Sin embargo, lo inmediato y prioritario ser¨¢ negociar los derechos de los europeos residentes en el Reino Unido y los brit¨¢nicos en la UE. Seg¨²n datos oficiales (las estimaciones son muy superiores), m¨¢s de 102.000 espa?oles residen en el Reino Unido (50.000 dados de alta en la Seguridad Social) y 286.000 brit¨¢nicos en Espa?a (105.000 pensionistas).
¡°Espa?a mantiene que la mejor soluci¨®n ser¨ªa mantenerse lo m¨¢s cercano a la letra o al esp¨ªritu de la actual legislaci¨®n¡±, sostiene el informe, aunque reconoce que ello choca con la intenci¨®n brit¨¢nica de frenar la llegada de europeos, imponiendo un sistema de cuotas o limitando su acceso a prestaciones sociales.
Mantener los intercambios comerciales
¡°El objetivo de Espa?a [en el futuro acuerdo comercial entre Londres y Bruselas] es mantener los actuales flujos econ¨®micos con el Reino Unido y que no se introduzcan barreras (arancelarias y no arancelarias) a los productos espa?oles¡±, se?ala el informe. Un motivo de preocupaci¨®n es el riesgo de que productos agr¨ªcolas europeos sean sustituidos por terceros pa¨ªses. Tambi¨¦n advierte de la necesidad de negociar un nuevo acuerdo de pesca con Londres y la conveniencia de mantener ¡°las normas actuales en ¨¢reas esenciales para el sector tur¨ªstico¡±.
Derechos de los residentes
Aunque la Comisi¨®n ha advertido de que jur¨ªdicamente no hay derechos adquiridos, Espa?a aboga porque en el acuerdo de divorcio entre Londres y Bruselas ¡°se reconozcan la totalidad de los derechos que ahora tienen los nacionales residentes en virtud de la legislaci¨®n comunitaria¡±. Esos derechos ser¨ªan aplicables a los ciudadanos y sus familiares que estuvieran residiendo en territorio de la otra parte ¡°en la fecha de corte que se decida, que deber¨ªa ser la de la retirada del Reino Unido de la UE¡±. Inicialmente, el 29 marzo de 2019.
Espa?a no solo defiende ¡ªcomo ya se recoge en las directrices del Consejo Europeo¡ª que se garanticen los derechos de los actuales residentes permanentes (los que llevan m¨¢s de cinco a?os), sino que reclama ¡°un acuerdo sobre los derechos de los residentes temporales (los que llevan m¨¢s de tres meses), que tienen una expectativa de acceder a la residencia permanente¡±.
El informe critica el procedimiento aplicado por las autoridades brit¨¢nicas para acreditar los periodos de residencia, al se?alar que ¡°deber¨ªa ser tan ¨¢gil y transparente como sea posible¡±, por medio de pruebas documentales f¨¢ciles de obtener y que ¡°puedan incluso expedir, en su caso, las autoridades nacionales¡±.
Respecto a las prestaciones de la Seguridad Social, aboga por ¡°mantener el actual modelo de reconocimiento de prestaciones¡± [los brit¨¢nicos causan un gasto sanitario en Espa?a de m¨¢s 250 millones anuales y reciben unos 650 millones en pensiones] y subraya la necesidad de ¡°preservar esos mismos derechos para los [m¨¢s de 7.000] trabajadores transfronterizos en Gibraltar¡±.
El futuro acuerdo entre el Reino Unido y la UE no estar¨¢ antes de 2023
El acuerdo que regular¨¢ las futuras relaciones entre el Reino Unido y la UE no estar¨¢ en vigor antes de 2023, varios a?os despu¨¦s de que se haya consumado el divorcio. As¨ª se deduce del informe remitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores al Congreso, que recuerda que ¡°la Comisi¨®n [Europea] prev¨¦ un periodo de negociaci¨®n de nuevos acuerdos de entre cinco y siete a?os¡± y pone el ejemplo del CETA recientemente firmado con Canad¨¢, cuya negociaci¨®n se ha prolongado durante siete a?os.
Aunque el Reino Unido ha pedido que el divorcio y el futuro acuerdo se negocien simult¨¢neamente, lo que permitir¨ªa ganar dos a?os, este planteamiento ha sido rechazado por el Consejo Europeo, que ha impuesto la negociaci¨®n sucesiva. En una primera fase se negociar¨ªan los derechos de los europeos residentes en suelo brit¨¢nico (y a la inversa) y el llamado ¡°cheque de salida¡± (el coste financiero del divorcio) y solo cuando haya ¡°avances sustanciales¡± sobre las condiciones de una ¡°salida ordenada¡±, se pasar¨ªa a discutir el futuro acuerdo comercial.
El grupo negociador (task force) de la UE que dirige el franc¨¦s Michel Barnier ¡ªquien el pr¨®ximo d¨ªa 10 comparecer¨¢ ante el Congreso de los Diputados¡ª espera obtener "suficiente avances sobre las principales cuestiones del acuerdo de retirada en el curso de 2017". Si este c¨¢lculo, que parece demasiado optimista dada la complejidad de los temas a tratar (especialmente la deuda financiera de Londres), se cumple, el a?o pr¨®ximo podr¨ªa arrancar la negociaci¨®n del futuro acuerdo. Antes, el Consejo Europeo deber¨¢ aprobar sus directrices, como ya ha hecho con las del divorcio.
La demora en la entrada en vigor del futuro acuerdo ¡ªque probablemente deber¨¢n ratificar los Parlamentos de los 27¡ª ha llevado a la UE a prever un ¡°periodo transitorio¡±, que deber¨ªa ser ¡°claramente definido y limitado en el tiempo¡±, aunque nadie sea capaz de prever cu¨¢nto.
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