Fuego cruzado sobre la UCO

La pol¨¦mica generada por los informes de la Unidad Centra Operativa (UCO) de la Guardia Civil que vinculan a la presidenta madrile?a, Cristina Cifuentes, con un posible delito de cohecho y otro de prevaricaci¨®n, ha avivado un debate de fondo sobre los l¨ªmites de las unidades de ¨¦lite de las Fuerzas de Seguridad. Cifuentes tild¨® los documentos policiales que la incriminaban como un "juicio de valor" e insinuaba que su difusi¨®n escond¨ªa una motivaci¨®n pol¨ªtica. El debate es ahora sobre c¨®mo de fino debe hilar un agente al redactar un atestado centrado en un cargo p¨²blico, cuya trascendencia dar¨¢ titulares. Sobre si est¨¢n justificadas las quejas de dirigentes que critican el "mancha que algo queda" porque mina sus carreras si son exculpados.

?Tienen los investigadores otra forma de volcar sus sospechas? ?Deben valorar el juicio paralelo que se forma despu¨¦s en los medios? Los juristas y expertos consultados subrayan la gran labor de estas unidades policiales ¡ªla UCO y la UDEF, de la Polic¨ªa Nacional, desvelaron la mayor¨ªa de las tramas de corrupci¨®n del PP y el PSOE¡ª; e insisten en que su labor forma parte de un proceso en el que magistrados y fiscales tienen tambi¨¦n la palabra. Pero los analistas puntualizan, a su vez, que los l¨ªmites se franquean en ciertas ocasiones.

"Tenemos un manual para redactar de forma objetiva y en tercera persona, pero luego cada uno imprime su estilo propio. Algunos se mojan m¨¢s y otros menos. En las conclusiones [de un atestado], no tengo ning¨²n empacho en se?alar los elementos que necesita un tipo penal, seg¨²n mi punto de vista. Cuando redacto me intento poner en la cabeza del juez y darle la mayor claridad", ilustra un mando habituado a escribir atestados como polic¨ªa judicial. Para ¨¦l, los reproches de los pol¨ªticos son gajes del oficio. "El imputado tiene derecho a defenderse. Igual que cuando vas al juicio, el abogado defensor pretende que pierdas los papeles. Es parte de nuestro trabajo", a?ade.

Pero el catedr¨¢tico de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, Joan Queralt, censura que estas unidades pequen de "cierta tendencia expansiva" en sus conclusiones indagatorias. "La polic¨ªa elabora informes, pero ni imputa ni acusa. Los hechos se engarzan, se ponderan y se jerarquizan. Pero las inferencias legales corresponden a los jueces", afirma. En esa l¨ªnea, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional y portavoz de la Asociaci¨®n de Fiscales, Jes¨²s Alonso, destac¨® en una entrevista que no le corresponde a la UCO "hacer una valoraci¨®n jur¨ªdica" de los hechos. Y a?adi¨® que esta "costumbre" de los agentes de incluirla en sus informes "no la convierte en necesaria".

Las unidades de ¨¦lite destacan, en cambio, que la ley les otorga plena autonom¨ªa para redactar sus diligencias, basados en unas pesquisas muy laboriosas para rastrear el dinero. "En un informe no te queda m¨¢s remedio que hacer interpretaciones", subraya el secretario general de la Asociaci¨®n Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Alberto Moya. "Tienes que plasmar si lo que investigas es susceptible de delito. Porque, si no lo es, ni siquiera lo trasladas a un fiscal o a un juez", contin¨²a el representante del colectivo, que denuncia la "enorme presi¨®n" a la que se somete a sus compa?eros al se?alarlos p¨²blicamente. En esta l¨ªnea, la Asociaci¨®n Pro Guardia Civil defendi¨® que "los agentes no saben de colores pol¨ªticos". Y el presidente de la Asociaci¨®n de Suboficiales, Jos¨¦ Francisco Silva, critic¨® la "doble vara de medir¡± que algunos utilizan en funci¨®n de si los informes "les convienen o no".

"Nuestras leyes otorgan a estos documentos policiales la categor¨ªa de denuncia. Aunque la jurisprudencia los ha convertido, en la pr¨¢ctica, en una prueba anticipada si no son impugnados por las partes", sostiene Ver¨®nica Gonz¨¢lez-Choren, abogada y profesora de Derecho Procesal de la Universidad Pontificia Comillas, que se pregunta: "El debate de fondo es otro: ?Hasta qu¨¦ punto un pol¨ªtico que aparece investigado en un atestado debe dejar su cargo? ?Es suficiente?".

El juez instructor "dirige"

La piedra que lanz¨® Cifuentes ¡ª"este informe no pasa de ser una sucesi¨®n de valores sin ning¨²n fundamento jur¨ªdico", dijo¡ª abri¨® un intenso fuego cruzado. Podemos acus¨® a la presidenta de "desleal" por "atacar" a la UCO, despu¨¦s de haber alabado la labor de los agentes cuando ejerc¨ªa como delegada del Gobierno de Madrid. Moya insiste, adem¨¢s, en que la UCO siempre funciona "a las ¨®rdenes" de un juez instructor. Una idea que repite ?lvaro Garc¨ªa, de la Uni¨®n Progresista de Fiscales (UPF) ¡ª"es el magistrado el que dirige"¡ª, antes de recalcar que las investigaciones "son un proceso", donde las "calificaciones" usadas por los polic¨ªas "no son vinculantes". "Los fiscales y jueces deben precisar despu¨¦s¡±, advierte. "Los agentes tienen todo el derecho a usar el C¨®digo Penal en sus atestados", remacha Garc¨ªa: "?No nos entenderemos mejor si ponen que est¨¢n persiguiendo un homicidio que si escriben que investigan la muerte voluntaria de una persona hacia otra con unos determinados medios y en un determinado contexto?".

"Tenemos un manual para escribir de forma objetiva", afirma un guardia

"La l¨ªnea divisoria de d¨®nde empiezan y acaban las competencias de estas unidades son difusas. Lo malo es que los polic¨ªas conocen el impacto medi¨¢tico y emiten juicios de valor", opina Borja Mapelli, catedr¨¢tico de Derecho Penal de la Universidad de Sevilla. V¨ªctor Moreno Catena, catedr¨¢tico de Derecho Procesal en la Universidad Carlos III y presidente de la Uni¨®n Espa?ola de Abogados Penalistas, coincide en las mismas cr¨ªticas por "las apreciaciones jur¨ªdicas que no les corresponden": "Son los polic¨ªas quienes dirigen la investigaci¨®n sin control real efectivo y eso deja una tierra de nadie que la ocupa quien est¨¢ sobre el terreno".

El presidente de la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura, Celso Rodr¨ªguez, recalca que la labor de UCO y UDEF es "encomiable", pero que corresponde al juez en exclusiva calificar indiciariamente los posibles delitos que luego calificar¨¢ el fiscal. Ignacio Gonz¨¢lez Vega, de Jueces para la Democracia, va m¨¢s all¨¢: "Queremos una verdadera polic¨ªa judicial, ya que su dependencia real no es de los jueces, sino del Ejecutivo, que puede cambiar a las personas al frente de una investigaci¨®n". Consultados los portavoces policiales de las unidades, ambas declinaron opinar sobre el tema.