Jueces y polic¨ªas tendr¨¢n que aprender el catal¨¢n

El borrador de la Ley de Transitoriedad Jur¨ªdica establece un r¨¦gimen ling¨¹¨ªstico que considera el catal¨¢n como ¨²nica "lengua propia de Catalu?a", mientras que "se garantiza¡± que el castellano pueda mantener tambi¨¦n los actuales usos "vigentes". La mayor novedad en el cap¨ªtulo ling¨¹¨ªstico tiene consecuencias sobre los funcionarios estatales que decidan ingresar en la Administraci¨®n de la Generalitat, ya que tendr¨ªan la obligaci¨®n de aprender el catal¨¢n, para lo que dispondr¨ªan de "un periodo transitorio suficiente" ¡ªsin especificar¡ª para poder acreditar un conocimiento del catal¨¢n que les permita desarrollar su trabajo con normalidad en esa lengua. El sentido ¨²ltimo es la indistinta utilizaci¨®n de ambas lenguas, "sin que se pueda exigir traducci¨®n".

Seg¨²n el texto, los poderes p¨²blicos de Catalu?a promover¨¢n la "plena normalidad del uso social de la lengua catalana", mientras que dotar¨¢n de un "reconocimiento especial" al castellano, al considerarlo "parte importante del patrimonio cultural de la sociedad catalana".

La quincena de art¨ªculos que forman parte del cap¨ªtulo ling¨¹¨ªstico es una sint¨¦tica compilaci¨®n de las distintas normas auton¨®micas que regulan actualmente el uso del catal¨¢n (y del aran¨¦s), competencia en el que el Gobierno de la Generalitat siempre ha querido blindarse. El principio utilizado es que "los ciudadanos tienen el derecho de opci¨®n ling¨¹¨ªstica", por lo que deben poder escoger entre el catal¨¢n y el castellano en sus relaciones con las instituciones que integran la Administraci¨®n de la Generalitat y en el resto de su actividad diaria. De ah¨ª se deduce la obligatoriedad de ¨¦stas a poder prestar su servicio en cualquiera de las dos lenguas, ya sea oralmente o por escrito

Ese precepto se traslada tambi¨¦n al ¨¢mbito de la justicia, donde actualmente se detectan los mayores problemas para implantar el catal¨¢n ¡ªel pasado a?o solo el 8% de las sentencias dictadas en Catalu?a se redactaron en esa lengua¡ª. Uno de los apartados se centra en ello, al afirmar que "se adoptar¨¢n las medidas jur¨ªdicas y pr¨¢cticas necesarias¡± para asegurar que ¡°un porcentaje adecuado" de jueces, magistrados y fiscales "tengan un conocimiento adecuado y suficiente del catal¨¢n". Esas garant¨ªas de capacitaci¨®n en el uso del catal¨¢n, se?ala el texto, se extender¨¢n tambi¨¦n sobre notarios, registradores de la propiedad y mercantiles, responsables del Registro Civil y el conjunto de los funcionarios de la Administraci¨®n de Justicia.

El articulado reafirma el modelo de inmersi¨®n ling¨¹¨ªstica que actualmente marca el catal¨¢n como "lengua vehicular" en la ense?anza, tanto universitaria como no universitaria y rechaza un modelo de segregaci¨®n de alumnos por cuesti¨®n de lengua.