La Generalitat asumir¨¢ todos los funcionarios

Entre los principales objetivos de la ley de Transitoriedad est¨¢ el de garantizar que los servicios p¨²blicos sigan funcionando normalmente en el momento de la llamada "desconexi¨®n" de Catalu?a. Para ello es b¨¢sico que los funcionarios y personal laboral de todas las administraciones que ahora trabajan en Catalu?a lo sigan haciendo normalmente. Eso s¨ª, no todos mantendr¨¢n las mismas condiciones. En el caso de los funcionarios que son considerados autoridad p¨²blica, como jueces o polic¨ªas, solo podr¨¢n seguir desarrollando su actividad si solicitan la nacionalidad catalana.

Los actuales funcionarios de la Generalitat no notar¨¢n cambio alguno en caso de independencia. Seg¨²n el borrador "se integran autom¨¢ticamente en la Administraci¨®n General de Catalu?a". El personal funcionario y laboral al servicio de la Administraci¨®n del Estado espa?ol que preste sus servicios en Catalu?a "puede optar a la integraci¨®n en condici¨®n de personal al servicio de la Administraci¨®n General de Catalu?a, con la misma vinculaci¨®n y en los t¨¦rminos y condiciones establecidos en esta ley", reza el texto. Estos trabajadores "tienen derecho a recibir la formaci¨®n adecuada para ejercer sus funciones y a disponer de un periodo transitorio suficiente para acreditar el conocimiento del catal¨¢n en el nivel que lo haga apto para cumplir las funciones propias del cargo". El texto no especifica ni qu¨¦ nivel es este ni el tiempo concreto que se les otorgar¨¢ para acreditar dicho conocimiento.

El otro cambio de calado para los actuales funcionarios del Estado en Catalu?a afectar¨¢ b¨¢sicamente a jueces y polic¨ªas, que tienen reconocida la condici¨®n de "autoridad p¨²blica". "La incorporaci¨®n del personal del Estado espa?ol a la Administraci¨®n General de Catalu?a requiere la posesi¨®n de la nacionalidad catalana en aquellos puestos de trabajo que impliquen el ejercicio de poder o autoridad p¨²blica".

M¨¢s all¨¢ de esta limitaci¨®n el texto insiste en la integraci¨®n autom¨¢tica de los funcionarios. No es una cuesti¨®n balad¨ª, ya que el Estado tiene m¨¢s de 29.000 trabajadores p¨²blicos en Catalu?a. Adem¨¢s, en las ¨²ltimas semanas la inquietud de este colectivo ha ido en aumento por las advertencias del diputado de Junts pel S¨ª, Llu¨ªs Llach, quien advirti¨® de que se sancionar¨¢ a los funcionarios que no acaten la ley de Transitoriedad Jur¨ªdica. El Gobierno catal¨¢n, lejos de desmentir a este diputado, insisti¨® en que "las leyes est¨¢n para cumplirse".

Para anticiparse a una posible desbandada de funcionarios tras la independencia se prev¨¦ un "procedimiento de urgencia" para integrar nuevo personal.