Los jefes de las C¨¢maras

Cuarenta a?os despu¨¦s

Landelino Lavilla

El 15 junio de 1977 ¡ªalgo menos de un a?o desde que el 8 de julio de 1976 se formara el primer Gobierno de Adolfo Su¨¢rez¡ª el pueblo espa?ol vot¨®, en elecciones generales, los diputados y senadores para componer un Parlamento bicameral, cuya existencia fue el primer y m¨¢s relevante elemento genuinamente democr¨¢tico con el que se culminaba la fase inicial de transici¨®n y se pasaba a la puesta en acci¨®n del poder constituyente que nos llevar¨ªa a la Constituci¨®n del 29 de diciembre de 1978.

Los espa?oles vivimos aquella jornada electoral, aquel 15 de junio, con esperanzada ilusi¨®n y en un ambiente notoriamente festivo.

En el a?o precedente se cumplimentaron las medidas de orientaci¨®n de la transformaci¨®n pol¨ªtica que se iniciaba, se traz¨® el programa de actuaci¨®n y la Ley para la Reforma Pol¨ªtica fue elaborada en agosto y tramitada seguidamente hasta su aprobaci¨®n en las Cortes el 18 de noviembre de 1976, y en refer¨¦ndum, el 15 de diciembre siguiente.

La ley se sancion¨® el 4 de enero de 1977, se public¨® en el BOE del d¨ªa siguiente y a partir de su vigencia se acometi¨® la preparaci¨®n de las elecciones para cuyo fin se expidi¨® el Real Decreto-ley de 14 de marzo de 1977 por el que se establecieron las normas electorales que hab¨ªan de regir los comicios a celebrar en junio y conforme a la citada ley.

Se adoptaron tambi¨¦n las disposiciones necesarias para asegurar los derechos y libertades que prestaran soporte a la legitimidad y aceptaci¨®n del proceso en curso. No resulta aventurado proclamar que se superaron as¨ª, sin impugnaciones ni pol¨¦micas significativas, los usuales precedentes electorales en Espa?a.

Cuanto acabo de subrayar es consecuente a un juicio de valor favorable al contenido de las normas electorales y a las medidas adoptadas con la convicci¨®n de que el ¨¦xito de la transici¨®n y la aceptaci¨®n del orden constitucional que se estableciera pend¨ªa del juicio compartido de legitimidad y limpieza sobre la forma en que aquella primera fase se hubiera conducido y gestionado.

Las normas electorales han merecido, sin embargo, sucesivos juicios cr¨ªticos de severidad creciente. Pero hay que tener en cuenta la ocasi¨®n y circunstancias en las que fueron adoptadas, con literal constricci¨®n a las elecciones previstas en la Ley para la Reforma Pol¨ªtica. Nada prejuzgaba el Real Decreto-ley de 1977 acerca de la suerte que ulteriormente corriera el sistema electoral.

Pero es lo cierto que, con los retoques que hizo la Constituci¨®n, el sistema electoral vigente, a tenor de la Ley Org¨¢nica de 1985, ha consolidado y ha mantenido en un elevad¨ªsimo porcentaje lo que el citado Real Decreto-ley dispuso (quiz¨¢ la modificaci¨®n m¨¢s significativa ¡ªy justificada¡ª introducida en 1985 fue la reducci¨®n del alto grado de judicializaci¨®n de la administraci¨®n electoral, que estimamos necesario para la aceptaci¨®n generalizada en los comicios de 1977).

La estabilidad constitucional alcanzada debiera calmar impaciencias e inhibir din¨¢micas disolventes en pro del bienestar

En todo caso, parece necesario recordar que la bondad de un sistema electoral pende de la equilibrada conjugaci¨®n de dos objetivos, no propiamente contradictorios pero s¨ª rec¨ªprocamente condicionantes: la representatividad del resultado y el favorecimiento de razonables soluciones de gobierno. Ni la plenitud de aqu¨¦lla, con las excesivas fragmentaciones de opciones pol¨ªticas y consiguientes efectos dispersivos, justifica serias y frecuentes frustraciones de la estabilidad gubernamental ni, en aras de ¨¦sta, puede aparecer contradicha una representaci¨®n genuina del pluralismo pol¨ªtico.

La correcta y equilibrada consecuci¨®n de los objetivos ha sido patente en las diversas elecciones celebradas en los 40 a?os transcurridos desde las primeras de 1977. Esta es la raz¨®n objetiva de que el sistema electoral mantenga sus rasgos definitorios porque responden en origen a un certero diagn¨®stico sobre el asentamiento y estabilizaci¨®n de la democracia y de los partidos pol¨ªticos, hecho en su fase germinal y con los consiguientes condicionantes y limitaciones.

Durante sus casi 40 a?os de vigencia, la Constituci¨®n Espa?ola de 1978 ha presidido un ciclo de normalizaci¨®n pol¨ªtica y, consecuentemente, de afirmaci¨®n y avance consolidado de los derechos fundamentales y las libertades p¨²blicas; un periodo de progreso econ¨®mico y social que ha permitido su homologaci¨®n con el nivel y condiciones de vida de los pa¨ªses de nuestro entorno natural y de la civilizaci¨®n a la que pertenecemos y contribuimos.

Hoy la Constituci¨®n experimenta los envites de minor¨ªas que, sin conciencia de los riesgos conjurados y habiendo crecido en la experiencia de la libertad y la democracia que otros conquistaron y ellos han disfrutado, est¨¢n dispuestos a desde?ar la concordia y traer al presente, no para asimilarlo sino para revivirlo, un pasado de riesgos y azares. La estabilidad constitucional alcanzada es ya, empero, aval que debiera calmar impaciencias, inhibir din¨¢micas disolventes y respaldar, en la convivencia pacificada, la generalizada voluntad de conquistar el mejor futuro de progreso y bienestar para todos los espa?oles.

Landelino Lavilla fue ministro de Justicia y presidente del Congreso (1979-1982). Actualmente es consejero permanente de Estado.

Entre la instituci¨®n y la renovaci¨®n

Ana Pastor

Tras 40 a?os de vida democr¨¢tica, el trabajo legislativo que hoy se desarrolla en Espa?a no puede desligarse de un mundo cambiante, poblado de fen¨®menos que se relacionan con la globalizaci¨®n, la tecnolog¨ªa y los nuevos conocimientos cient¨ªfico-t¨¦cnicos, y que desaf¨ªan a veces nuestra capacidad para asimilar sus din¨¢micas. Todo ello se percibe en la vida del Congreso, y est¨¢ muy bien que as¨ª sea; pero el procedimiento que seguimos al hacer las leyes no constituye, sin m¨¢s, un m¨¦todo de trabajo, sino tambi¨¦n ¡ªy por encima de todo¡ª la expresi¨®n de un ideal pol¨ªtico y social, que en nuestro caso se corresponde con el modelo democr¨¢tico definido en la Constituci¨®n. Ese modelo se concreta en el sistema de la monarqu¨ªa parlamentaria, estrechamente asociado al concepto de representaci¨®n.

En su famoso Federalista n¨²mero 10, James Madison teoriz¨® sobre las ventajas de la democracia representativa cuando este sistema era todav¨ªa una experiencia pol¨ªtica innovadora. M¨¢s de dos siglos despu¨¦s, podemos considerar probadas tales ventajas, y afirmar con certeza que los pa¨ªses m¨¢s libres cuentan con instituciones parlamentarias eficaces y bien consolidadas. Esto no ha privado a otras sociedades de experimentar sistemas alternativos, pero los resultados no han sido precisamente felices. Cabr¨ªa decir entonces que, para los espa?oles que viven en el siglo XXI, la garant¨ªa de su protagonismo ciudadano, del reconocimiento de sus derechos y de la armonizaci¨®n de sus diversos intereses sigue estando en el edificio decimon¨®nico de la Carrera de San Jer¨®nimo.

Entendido como pr¨¢ctica con sus rasgos propios, el parlamentarismo lleva sobre las espaldas una gran tradici¨®n, en la que se descubre, adem¨¢s, una importante carga simb¨®lica. Nuestra historia parlamentaria remite a momentos emblem¨¢ticos y a grandes tribunos en los que vemos representada la conformaci¨®n de la naci¨®n espa?ola, y la iconograf¨ªa del Congreso mantiene muy presente el recuerdo de ese pasado. Sin embargo, aunque el Congreso actual sea el continuador de otros cuerpos que operaron all¨ª desde la inauguraci¨®n del palacio en 1850, la naturaleza y la funci¨®n de nuestro Parlamento son expresi¨®n del tipo de Estado espec¨ªficamente definido en el art¨ªculo 1 de la Constituci¨®n de 1978: social y democr¨¢tico de derecho, cuyos valores supremos son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo pol¨ªtico, y en donde la soberan¨ªa nacional reside en el pueblo espa?ol.

Los protagonistas de la transici¨®n eran notables conocedores de nuestra historia pol¨ªtica, y era f¨¢cil descubrir en su estilo y en su oratoria la herencia de un Castelar, de un Cristino Martos, de un C¨¢novas o de un Melquiades ?lvarez. Posteriormente, el decurso de nuestra democracia ha coincidido con ese mundo din¨¢mico en el que Espa?a ocupa un lugar preeminente, y es l¨®gico que el trabajo de los parlamentarios refleje las caracter¨ªsticas y necesidades de una sociedad como la actual. La agenda del Parlamento debe incorporar respuestas a esas necesidades, que requieren un buen armaz¨®n de conocimientos actualizados, de la misma manera que en su d¨ªa incorporamos el tratamiento de asuntos como la protecci¨®n medioambiental o nuestra pertenencia a la Uni¨®n Europea. Por su parte, al mandato que expresan a trav¨¦s del sufragio los ciudadanos suman hoy una opini¨®n muy activa, que dispone de medios in¨¦ditos para expresarse.

Deber¨ªamos extraer las mejores lecciones de nuestra historia parlamentaria y especialmente del ¨¢nimo dialogante de la Transici¨®n

La actividad de la C¨¢mara no podr¨ªa dejar de inscribirse entre las coordenadas de la ¨¦poca a la que pertenecemos, y es f¨¢cil percibir tal adaptaci¨®n en la forma y en el desarrollo de los debates.

En ese sentido, el contenido de los discursos, pero tambi¨¦n la organizaci¨®n de las intervenciones y la regulaci¨®n de los tiempos resultan fundamentales para servir con mayor eficacia a una sociedad como la actual, que espera de sus representantes respuestas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. El trabajo parlamentario debe contribuir a resolver los problemas y alejarse de las arengas dogm¨¢ticas. El debate debe ir al grano y no perderse en ataques est¨¦riles o en discursos vac¨ªos, que pueden ganar titulares de prensa pero que poco o nada aportan a resolver los problemas que acucian a mucha gente.

La palabra sigue siendo hoy el medio m¨¢s eficaz para buscar en la C¨¢mara el consenso en torno a las decisiones importantes o extraer de la confrontaci¨®n de ideas la s¨ªntesis m¨¢s eficaz. El lenguaje parlamentario debe contribuir a ensalzar la labor que nos han encargado los ciudadanos, a dignificar la instituci¨®n. Respeto en el uso de la palabra, respetar al otro, porque solo as¨ª respetamos al conjunto de los espa?oles que nos han elegido.

Quienes estamos en el Congreso deber¨ªamos extraer las mejores lecciones de nuestra historia parlamentaria ¡ªy especialmente del ¨¢nimo dialogante que caracteriz¨® la Transici¨®n¡ª para traducir la voluntad de la sociedad de hoy, singularmente compleja y necesitada m¨¢s que nunca de inscribir sus innumerables interrelaciones en un marco bien definido de libertad, de justicia y de convivencia. Para delegar esa tarea en los representantes concurren los espa?oles a las citas electorales desde hace 40 a?os, conscientes de que el bienestar y el progreso del pa¨ªs requieren y requerir¨¢n siempre de la vitalidad de sus instituciones democr¨¢ticas.

Ana Pastor fue ministra de Sanidad y de Fomento. Actualmente es presidenta del Congreso de los Diputados.

El Senado del siglo XXI

Javier Rojo

Hoy, la situaci¨®n de nuestro pa¨ªs nada tiene que ver con la Espa?a de 1977 ya que gozamos de una Constituci¨®n que garantiza la libertad y la democracia plena. Estamos en Europa y las comunidades aut¨®nomas son una realidad, aunque las tensiones territoriales sean m¨¢s acuciantes.

El Senado, pr¨¢cticamente desde el inicio del sistema democr¨¢tico, se ha planteado la necesidad y conveniencia de su reforma. Se han barajado m¨²ltiples propuestas desde todos los ¨¢mbitos, sin que ninguna de ellas se haya llegado a formular en concreto. Siempre falt¨® voluntad pol¨ªtica por miedo a desacuerdos territoriales. El debate y la posibilidad de una reforma por el camino seguido hasta ahora se ha agotado. Fundamentalmente porque ha faltado valent¨ªa para reformar el actual texto constitucional. Y, sin embargo, la necesidad de un nuevo Senado es cada vez m¨¢s perentoria, requiriendo una reforma constitucional profunda en sus contenidos territoriales.

Es incuestionable la necesidad de que las comunidades aut¨®nomas participen en las grandes decisiones estatales que tienen que ver con su ¨¢mbito competencial o afecten de forma sustancial a su territorio. Hay que integrarlas en las decisiones comunes. El problema fundamental del Estado de las autonom¨ªas es que no ha alcanzado el grado de integraci¨®n imprescindible en un Estado compuesto, y que da lugar a un cierto albedr¨ªo en las decisiones de cada una y del propio Estado, que suele actuar unilateralmente en cuestiones que afectan o interesan a las comunidades aut¨®nomas.

Porque la integraci¨®n pol¨ªtica, y en consecuencia la social, es el gran reto de los Estados compuestos ya que el autogobierno es perfectamente compatible con la participaci¨®n en las pol¨ªticas generales, dentro de un proyecto de Estado com¨²n.

Desde mi punto de vista, y con la descentralizaci¨®n de la Espa?a actual, la representaci¨®n de las comunidades en un Senado reformado debe serlo a trav¨¦s de los Ejecutivos auton¨®micos. Nuestro sistema pol¨ªtico tiene un marcado car¨¢cter presidencialista, en el que los Ejecutivos ostentan poderes y facultades muy poderosos. La actividad pol¨ªtica est¨¢ concentrada en los Gobiernos, que d¨ªa a d¨ªa son los que toman las decisiones, gestionan y marcan el rumbo de cada comunidad.

Una C¨¢mara Territorial eficaz debe configurarse de modo que la representaci¨®n territorial de cada comunidad la decida cada Gobierno aut¨®nomo. Y que en la organizaci¨®n interna del Senado, los grupos parlamentarios se configuren sobre la base territorial, con un grupo y un portavoz. Cada comunidad tendr¨ªa un n¨²mero determinado de senadores, establecido de una forma ponderada.

Es incuestionable la necesidad de que las comunidades aut¨®nomas participen en las decisiones que afecten a su territorio

Los ejes sobre los que deben girar las funciones del Senado ser¨ªan dos. Primero, ha de ser el instrumento esencial de integraci¨®n pol¨ªtica de las instituciones territoriales en las del Estado. Segundo, el garante de las peculiaridades de cada comunidad, del respeto a sus hechos diferenciales, su autogobierno y las competencias y atribuciones propias. Debe ser la instituci¨®n donde se visualice su presencia en las del Estado y se elabore y articule la participaci¨®n de las comunidades en los proyectos comunes bajo los principios de lealtad constitucional, respeto a las decisiones de unos y otros, no injerencia en las atribuciones de cada uno y, sobre todo, garante de la solidaridad interterritorial.

La cooperaci¨®n y coordinaci¨®n descansan hoy sobre las Conferencias Sectoriales, pero falta una instituci¨®n pol¨ªtica que las englobe. As¨ª, el Senado debe ser la sede de la Conferencia de Presidentes como instituci¨®n de debate general territorial, que marque el rumbo de las pol¨ªticas comunes. Ya no ser¨ªa necesaria su funci¨®n de C¨¢mara de segunda lectura. El control al Gobierno debe ce?irse a su papel territorial. Y en ese sentido, debe ser sometida a su consideraci¨®n y aprobaci¨®n todas las normas con rango de ley que supongan reformas de la estructura del Estado de car¨¢cter territorial. Tambi¨¦n las que en su contenido supongan modificaci¨®n, ampliaci¨®n o recorte de su ¨¢mbito competencial, las que supongan para las comunidades obligaciones de desarrollo o actuaci¨®n en pol¨ªticas p¨²blicas de car¨¢cter general y los programas sectoriales de ¨¢mbito estatal, d¨¢ndole a su aprobaci¨®n el m¨¢ximo rango institucional.

Y, como pieza fundamental del nuevo Senado, estar¨¢n las grandes decisiones de car¨¢cter financiero y econ¨®mico, de ingresos y gastos del conjunto del Estado, y las normas de car¨¢cter fiscal, en todo aquello que tenga repercusi¨®n para sus propias pol¨ªticas. Funciones todas ellas ejercidas por el Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera, que quedar¨ªa integrado como un ¨®rgano propio de la C¨¢mara territorial.

Todas estas facultades del Senado deben ser articuladas de forma detallada para evitar, como hasta ahora, una continua controversia sobre su alcance. En caso de discrepancias con el Congreso, que las habr¨¢, deben preverse los supuestos en los que la decisi¨®n del Congreso prevalezca a la del Senado, y los que exijan una comisi¨®n mixta de los dos para el arbitraje final.

En conclusi¨®n, una reforma para el siglo XXI que respete la diversidad territorial y que fortalezca su unidad como naci¨®n.

Javier Rojo fue presidente del Senado (2004-2011).