Jueces y fiscales rechazan que el defensor del pueblo catal¨¢n denuncie una ¡°persecuci¨®n penal de cargos¡±
El PdCAT y ERC env¨ªan el documento a Europa tras las condenas de Mas, Rigau u Ortega
Jueces, fiscales y partidos nacionales (con la excepci¨®n de Unidos Podemos) rechazan las conclusiones de un informe del defensor del pueblo de Catalu?a en el que se denuncia la "persecuci¨®n penal de cargos electos"; "las restricciones del derecho a la libertad de expresi¨®n que afectan el conocido como proceso soberanista"; "un debilitamiento de la separaci¨®n de poderes en Espa?a"; y "la influencia que el ejecutivo tiene sobre la Fiscal¨ªa". Rafael Rib¨®, el S¨ªndic de Greuges, presentar¨¢ este jueves en Madrid el documento, que el PdCAT y ERC han enviado a la Comisi¨®n Europea tras las condenas judiciales de Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau o Francesc Homs por organizar el 9-N.
El S¨ªndic de Greuges (defensor del pueblo) pone como ejemplo de restricci¨®n de la libertad de expresi¨®n casos como el de Joan Coma, concejal de la CUP acusado de un posible delito de incitaci¨®n a la sedici¨®n por alentar a la desobediencia al decir en un pleno que ¡°para hacer una tortilla hay que romper los huevos¡±. La supuesta erosi¨®n de la separaci¨®n de poderes se ilustra con informes de instituciones internacionales. Y la ¡°persecuci¨®n penal de los cargos electos¡±, con la inhabilitaci¨®n de Mas y otros pol¨ªticos independentistas por organizar la consulta del 9-N.
?"Con la misma serenidad con la que mi instituci¨®n ha presentado informes que han causado pol¨¦mica, como el de malnutrici¨®n infantil, de 2013, por el que se dijo que exageraba, o que hac¨ªa pol¨ªtica, o que era un demagogo, he presentado este¡±, opin¨® Rib¨®, que ha enviado el documento al Gobierno, al Congreso y a m¨²ltiples instituciones internacionales. ¡°De seis partidos en el Parlament, uno solo, el PP, manifest¨® una descalificaci¨®n total del informe. Los dem¨¢s entraron en el m¨¦rito de la cuesti¨®n¡±, sigui¨® en conversaci¨®n con EL PA?S. ¡°Recomendamos que se atiendan las recomendaciones de la defensora del pueblo de Espa?a sobre la Ley mordaza; que se salvaguarde la libertad de expresi¨®n hasta el extremo; y sobre todo que a los problemas pol¨ªticos no se les apliquen soluciones penales¡±, a?adi¨® Rib¨®, que tambi¨¦n critica que la reforma de la Ley org¨¢nica del Tribunal? Constitucional haya permitido que este organismo aplique medidas ejecutivas para garantizar el cumplimiento de sus sentencias.
El S¨ªndic, elegido para el cargo en 2004 y ratificado por unanimidad en el Parlament en 2010, defiende su independencia y recuerda que el informe refleja a?os de trabajo ejecutado por un equipo de profesionales multidisciplinar. Como ejemplos de los retrocesos que denuncia su informe, Rib¨® pone la condena a la tuitera Casandra; la pol¨¦mica con los titiriteros en Madrid; la querella contra Carme Forcadell, presidenta del Parlament; o que no se haya investigado el "contenido conspirador" de la grabaci¨®n de una conversaci¨®n entre Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz, entonces ministro de Interior, y el director de la Oficina Antifraude de Catalu?a. Sin embargo, sus conclusiones han ca¨ªdo como una bomba en una Comunidad Aut¨®noma en la que Mas y otros pol¨ªticos independentistas han sido inhabilitados.
¡°Rechazamos rotundamente que en cualquier informe del defensor del pueblo pueda tacharse a jueces y magistrados de haber traicionado el principio de separaci¨®n de poderes por el resultado de las resoluciones judiciales que hayan dictado contra cargos de la Generalitat¡±, resumi¨® Celso Rodr¨ªguez, portavoz de la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura. ¡°Sin duda alguna estos se han visto sometidos a un proceso con todas las garant¨ªas, en el que han podido ejercer en plenitud su derecho de defensa, y que se ha visto resuelto por los Tribunales competentes indudablemente sin ninguna presi¨®n, injerencia o influencia de ninguna otra instancia, instituci¨®n o colectivo¡±, a?adi¨®. ¡°Tachar la actividad de los tribunales de una judicializaci¨®n de la pol¨ªtica tambi¨¦n merece nuestro rechazo porque desde luego no nos prestar¨ªamos nunca a eso¡±.
¡°No estamos en absoluto de acuerdo con el informe¡±, coincidi¨® Jes¨²s Alonso, portavoz de la Asociaci¨®n de fiscales y fiscal jefe de la Audiencia Nacional. ¡°Nosotros somos aut¨®nomos en la actuaci¨®n y sometidos siempre a la legalidad¡±, sigui¨®. Y ejemplific¨®: ¡°El Gobierno ahora es del PP y la fiscal¨ªa est¨¢ actuando en muchos procedimientos ejerciendo su labor acusatoria contra el PP. No se deja en absoluto guiar¡±.
¡°Nuestra postura es clara: la Constituci¨®n marca las reglas del juego y cualquier intento de modificar la legalidad no puede ser por las bravas ni por la fuerza en un sentido amplio¡±, opin¨® Emilio Fern¨¢ndez, portavoz de la Uni¨®n Progresista de Fiscales.
Cr¨ªticas de Ciudadanos, PSC y PP
Unidos Podemos, PDeCAT y ERC suscriben las conclusiones del S¨ªndic
Unidos Podemos, ERC y el PDeCAT comparten las conclusiones del Defensor del pueblo de Catalu?a y defienden, como este, que muchos de sus razonamientos se basan en informes de organismos internacionales.
"Nosotros estamos muy de acuerdo con el planteamiento y las conclusiones del informe", dice Gloria Elizo, diputada de Unidos Podemos. "Hay tres asociaciones de fiscales que han denunciado injerencias por parte del Ejecutivo, sabemos de esas injerencias por Jueces para la democracia y de presiones en algunos casos por los medios de comunicaci¨®n", a?ade. "Tambi¨¦n estamos de acuerdo en que el salto cualitativo en la capacidad de ejecuci¨®n de sentencias del Tribunal Constitucional nos parece altamente preocupante", sigue. Y subraya: "Decisiones pol¨ªticas deben de solucionarse pol¨ªticamente y no con intervenciones de ¨®rganos jurisdiccionales o del Constitucional".
"Compartimos al ciento por ciento la denuncia del S¨ªndic", ha coincidido Lourdes Ciur¨®, diputada del PDeCAT. "Es significativo que una instituci¨®n apol¨ªtica tenga que hacer un informe en este sentido. Tendr¨ªa que ser alarmante para cualquier Gobierno, porque la denuncia se motiva", ha argumentado. "Hay muestras m¨¢s que evidentes de la falta de independencia judicial y de la mezcla de poderes", ha seguido. Y ha subrayado, en relaci¨®n a la inhabilitaci¨®n de pol¨ªticos independentistas: "Esto viene acompa?ado por las decisiones controvertidas que se han tomado sobre el proc¨¦s y el reto soberanista"
"Compartimos la visi¨®n general que da el S¨ªndic", asegura Esther Capella, diputada de ERC. "Habla de independencia judicial y separaci¨®n de poderes, dos aspectos que hemos denunciado a lo largo de los a?os; y de la limitaci¨®n de la libertad de expresi¨®n en Catalu?a", a?ade. "Recoge un sentir generalizado, tambi¨¦n en instituciones europeas", sigue. "Las modificaciones legales de la ¨²ltima legislatura han pervertido el papel de ¨¢rbitro del Constitucional y lo han convertido en una sala m¨¢s del Supremo por aquello de que para no buscar una soluci¨®n pol¨ªtica me busco una jur¨ªdica".
Antes de presentar su informe en Madrid, Rib¨® especific¨® las razones sobre las que basa sus conclusiones. As¨ª, enumer¨® las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ignoradas por el Gobierno. Tambi¨¦n record¨® la resoluci¨®n de 2017 de la Comisi¨®n de Venecia que criticaba la reforma de la ley que regula el Tribunal Constitucional. Finalmente, denunci¨® que el Gobierno ha omitido las once recomendaciones del Consejo de Europa para mejorar el sistema judicial. En consecuencia, Rib¨® lament¨® durante una comparecencia en el Parlament que exista una ¡°persecuci¨®n penal de cargos electos en Catalu?a¡±, adem¨¢s de una ¡°regresi¨®n democr¨¢tica¡± y de un ¡°debilitamiento de la separaci¨®n de poderes¡±.
Su intervenci¨®n provoc¨® (entonces y ahora) el apoyo de los partidos independentistas y una dura reacci¨®n por parte de la mayor¨ªa de la oposici¨®n.
¡°Le reprochamos que haya vendido la instituci¨®n que dirige al demostrar que es el S¨ªndic del ¡®proc¨¦s¡±, asegur¨® Noem¨ª de la Calle, diputada auton¨®mica de Ciudadanos, el partido que lidera la oposici¨®n. ¡°Le recordamos que del informe de la Comisi¨®n de Venecia sobre el nuevo 9-N solo cita los elementos que m¨¢s le interesan, obviando otros apartados como el que destaca que los pronunciamientos del Tribunal Constitucional tienen car¨¢cter final y vinculante y, por tanto, deben ser respetados por todos los organismos¡±, argument¨®. ¡°No est¨¢ para defender a los pol¨ªticos que se saltan las leyes; debe amparar a los ciudadanos. Estaremos pendientes de la presentaci¨®n que har¨¢ de este informe en Madrid y esperamos que tenga en cuenta que va en representaci¨®n de todos los catalanes¡±.
¡°El s¨ªndico hace un informe que no es nada objetivo¡±, coincide Marta Moreta, del PSC.
¡°Siguen construyendo un relato para justificar sus actuaciones¡±, completa Andrea Levy, que asegura que los independentistas apuestan por una ¡°pol¨ªtica de antagonistas, unos contra otros¡±.
¡°Nosotros pedimos la dimisi¨®n de Rib¨®¡±, cuenta Mariano Gom¨¢, presidente de Societat Civil Catalana (SCC), un lobby antiindependentista que se considera silenciado por el informe. ¡°Hubo agresiones a los j¨®venes de SCC en la UAB, una agresi¨®n f¨ªsica, como la hubo en L¨¦rida cuando un autocar de SCC iba a salir camino de Barcelona para la manifestaci¨®n del 12 de octubre¡ y es inadmisible que no se d¨¦ por enterado, lo obvie y no lo mencione en su informe mientras da alas a todas las actividades secesionistas¡±.
Este peri¨®dico contact¨® con Jueces para la democracia para conocer su opini¨®n, pero su portavoz especific¨® que sus integrantes han acordado no pronunciarse sobre temas relacionados con Catalu?a.
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