El Supremo considera que la Fiscal¨ªa pod¨ªa investigar a la juez Rosell, pero que se excedi¨®

El Tribunal Supremo ha anulado la investigaci¨®n preliminar que realiz¨® la Fiscal¨ªa de Las Palmas a la juez y exdiputada de Podemos Victoria Rosell en noviembre y diciembre de 2015 porque invadi¨® aspectos esenciales del procedimiento disciplinario a jueces y magistrados que est¨¢ reservado al Consejo General del Poder Judicial. El alto tribunal cree, adem¨¢s, que esa investigaci¨®n vulner¨® el derecho de defensa de la magistrada. La Sala de lo Contencioso-Administrativo cree que la fiscal¨ªa tiene competencias para llevar a cabo una investigaci¨®n disciplinaria sobre un juez, pero siempre que esta sea ¡°muy preliminar y temporalmente se limite a lo estrictamente necesario para determinar si procede o no instar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la incoaci¨®n de un expediente disciplinario¡±. Sin embargo, en el caso de Rosell, la fiscal¨ªa no se qued¨® en esa investigaci¨®n preliminar sino que ¡°se excedi¨® e invadi¨® las competencias en materia disciplinaria del CGPJ¡±.

El Supremo anula por tanto la investigaci¨®n realizada por la fiscal Evangelina R¨ªos, pero tambi¨¦n la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que consider¨® que la fiscal¨ªa no tiene competencias para incoar unas diligencias preprocesales en materia disciplinaria a los jueces.

La apertura de la investigaci¨®n se produjo poco despu¨¦s de que Rosell anunciara su decisi¨®n de dar el salto a la pol¨ªtica. Las diligencias las abri¨® la Fiscal¨ªa de Las Palmas el mismo d¨ªa que en la Fiscal¨ªa se recibi¨® una denuncia an¨®nima sobre la existencia de un contrato firmado entre una entidad vinculada a la Uni¨®n Deportiva Las Palmas y otra empresa, en cuyo nombre actuaba el periodista Carlos Sosa, pareja sentimental de la magistrada. El objetivo de la investigaci¨®n de la fiscal¨ªa era valorar la posible comisi¨®n de una infracci¨®n disciplinaria por parte de la magistrada al no haberse abstenido en la causa penal abierta en su juzgado contra el presidente de ese club de f¨²tbol, Miguel ?ngel Ram¨ªrez.

La decisi¨®n de la fiscal¨ªa de investigar a la juez Rosell por causas disciplinarias suscit¨® mucha cr¨ªticas entre jueces y fiscales y recibi¨® el reproche de algunas asociaciones profesionales de ambas carreras. El Supremo da ahora la raz¨®n a quienes la cuestionaron. La sentencia del alto tribunal, de la que ha sido ponente el magistrado Jorge Rodr¨ªguez-Zapata P¨¦rez, recuerda al Ministerio Fiscal le corresponde ¡°el ejercicio de acciones procesales de diversa naturaleza, entre las que se encuentra la de instar la iniciaci¨®n del procedimiento disciplinario respecto a Jueces y Magistrados¡±. La Fiscal¨ªa ¡°insta de los ¨®rganos competentes el ejercicio de la potestad disciplinaria, pero en absoluto pueda afirmarse que la ejerza. Las actuaciones que realice el Ministerio Fiscal para verificar si es procedente el ejercicio de la acci¨®n, s¨®lo pueden tener como efecto jur¨ªdico externo el eventual ejercicio de la acci¨®n legal correspondiente, instando la iniciaci¨®n del procedimiento disciplinario¡±.

Las diligencias preprocesales del Ministerio Fiscal, seg¨²n el alto tribunal, deben respetar los principios de contradicci¨®n, proporcionalidad y defensa y en ning¨²n caso su contenido debe ser de tal naturaleza que pueda condicionar ¡°el eficaz ejercicio del derecho de defensa¡± en el posterior procedimiento disciplinario. Debe tratarse ¡°de una investigaci¨®n marcadamente preliminar, que debe concordar en forma proporcionada con las competencias exclusivas en materia disciplinaria¡±, destaca la sentencia.

El Tribunal Supremo tambi¨¦n discrepa de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en que no hubo vulneraci¨®n del derecho al sufragio de Victoria Rosell, que en aquella fecha era candidata de Podemos al Congreso de los Diputados, derivada de la actuaci¨®n de la Fiscal¨ªa al emitir una nota informativa sobre las diligencias. La sentencia destaca que dicha vulneraci¨®n no existe, entre otras razones, porque la magistrada obtuvo su esca?o.

La sentencia incluye un voto particular discrepante del magistrado Pablo Lucas, al que se adhieren los magistrados Jos¨¦ Luis Requero y Pilar Teso, en el que sostiene que la sentencia transforma el art¨ªculo 5.3, referido a diligencias preprocesales -claramente penales y, por tanto, no disciplinarias- en fuente habilitadora de facultades de investigaci¨®n del Ministerio Fiscal en materia disciplinaria sobre los jueces. En su voto, afirma que la Constituci¨®n no encomienda ning¨²n cometido instructor al fiscal en materia de r¨¦gimen disciplinario a jueces y magistrados, y, de acuerdo con ella, si el Ministerio Fiscal tiene conocimiento de hechos de posible trascendencia disciplinaria imputables a un juez o magistrado, como ocurri¨® en este caso, la ¨²nica actuaci¨®n que le cabe es ponerlos en conocimiento del CGPJ.