?Qu¨¦ opciones tiene el Gobierno de frenar el refer¨¦ndum de Catalu?a?

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La inc¨®gnita ya no es s¨®lo qu¨¦ ley esgrimir¨¢ el Gobierno para evitar que se celebre el refer¨¦ndum ilegal de independencia en Catalu?a ¡ªel art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n, la Ley del Tribunal Constitucional, la Ley de Seguridad Nacional, el C¨®digo Penal¡ª sino a qu¨¦ herramientas recurrir¨¢ para aplicar en la pr¨¢ctica esas leyes si la Generalitat se niega a obedecerlas. Qu¨¦ har¨¢ si a la comunicaci¨®n ¡°el refer¨¦ndum est¨¢ anulado por un tribunal¡± la Generalitat responde ¡°no acato esa anulaci¨®n¡±; si a la notificaci¨®n ¡°este cargo p¨²blico queda suspendido de sus funciones por orden del Constitucional¡± el cargo p¨²blico replica ¡°no voy a abandonar mi despacho¡±.

Es decir, la duda es c¨®mo se lograr¨¢ aplicar la ley o las resoluciones judiciales en una comunidad aut¨®noma cuyas autoridades se han declarado en desobediencia abierta. El Gobierno de la Generalitat y la mayor¨ªa independentista del Parlament han comunicado de forma transparente que seguir¨¢n adelante con su plan, sometidos solo a una legalidad nueva que est¨¢n a punto de aprobar de forma unilateral. Utilizando las instituciones del Estado ¡ªla Generalitat y el Parlament lo son¡ª pero ignorando las reglas de juego del Estado.

En esa discusi¨®n sobre el c¨®mo no han entrado a¨²n, p¨²blicamente, ni el Gobierno de Mariano Rajoy ni ninguno de los partidos constitucionalistas. S¨ª est¨¢ sobre la mesa el debate previo, el de qu¨¦ leyes o instrumentos constitucionales enarbolar si finalmente el Gobierno catal¨¢n convoca hoy el refer¨¦ndum de independencia del 1 de octubre. Estas son -m¨¢s all¨¢ de los recursos judiciales que puedan interponerse hoy para hacer cumplir resoluciones previas del Tribunal Constitucional- algunas de las herramientas legales que se barajan:

Art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n

• ?Es posible suspender las competencias de una Comunidad?

El art¨ªculo 155 no contempla, al contrario de lo que se dice a menudo, la suspensi¨®n de la autonom¨ªa. Pero s¨ª puede suponer una asunci¨®n de algunas o todas las competencias de una comunidad aut¨®noma por parte del Gobierno central. Es decir, una intervenci¨®n temporal de la autonom¨ªa. El art¨ªculo 155 permite al Ejecutivo, previa autorizaci¨®n del Senado, adoptar ¡°las medidas necesarias¡± para ¡°obligar¡± a una comunidad a cumplir la ley. Para ejecutar esas medidas, el Gobierno ¡°podr¨¢ dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades aut¨®nomas¡±.

• ?Qu¨¦ medidas adicionales se implantar¨ªan?

Con ese art¨ªculo en la mano Rajoy podr¨ªa, por ejemplo, ordenar a la consejera catalana de Educaci¨®n que cierre los colegios ¡ªpara evitar que se usen como locales para el refer¨¦ndum¡ª o a los Mossos D¡¯Esquadra que retiren las urnas. Tambi¨¦n podr¨ªa adoptar otras medidas, porque el art¨ªculo no las acota.

• ?Por qu¨¦ el Gobierno rechaza la aplicaci¨®n del art.155? ?Qu¨¦ plazos tiene para ejecutarlo?

El Gobierno ha eludido siempre la referencia al 155 porque considera que en Catalu?a puede ser visto por mucha gente como una agresi¨®n. El portavoz del PP, Rafael Hernando, dijo adem¨¢s el mes pasado que ya no hay tiempo para aplicar ese precepto. En realidad, los plazos no est¨¢n tasados, pero es cierto que al menos ser¨ªa necesario un lapso de d¨ªas para llevarlo a t¨¦rmino: el Gobierno tiene primero que requerir expresamente a las autoridades de la comunidad para que cejen en su actitud y enviar despu¨¦s al Senado el plan de medidas que se dispone a tomar; la C¨¢mara abre entonces un plazo (sin especificar) para estudiar en comisi¨®n esas medidas, escuchar las alegaciones de la comunidad afectada y elaborar un informe razonado; y finalmente se debe celebrar un pleno para autorizar el plan del Gobierno ¡ªse requiere mayor¨ªa absoluta, de la que el PP dispone ahora mismo¡ª o tumbarlo.

Art¨ªculo 92 de la Ley del Tribunal Constitucional

• ?Qu¨¦ sanciones se contemplan?en caso de desobediencia?

Es una especie de art¨ªculo 155 del propio tribunal: un precepto que le faculta ¡ªdesde 2015, cuando el PP lo introdujo¡ª para tomar medidas extraordinarias contra cargos p¨²blicos que se declaren en desobediencia: desde imponerles multas reiteradas (mientras no cese la desobediencia) de entre 3.000 y 30.000 euros hasta suspenderlos de sus funciones ¡°durante el tiempo preciso¡±.

El art¨ªculo 92 establece que el Constitucional, para garantizar que sus sentencias se cumplen, ¡°podr¨¢ recabar el auxilio de cualquiera de las Administraciones y poderes p¨²blicos¡±, y que estos deber¨¢n prestar ese auxilio ¡°con car¨¢cter preferente y urgente¡±. As¨ª, el tribunal podr¨ªa dirigirse a cualquier autoridad, nacional, auton¨®mica o municipal, y ordenarle que intervenga para impedir el refer¨¦ndum. La ley subraya asimismo que los magistrados podr¨¢n ¡°requerir la colaboraci¨®n del Gobierno de la Naci¨®n a fin de que, en los t¨¦rminos fijados por el Tribunal, adopte las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las resoluciones¡±; algo muy similar a aplicar el 155 de la Constituci¨®n sin llamarlo as¨ª.

• ?Cu¨¢l es, hasta el momento, la postura de los magistrados?

El problema para Rajoy es que los magistrados del Constitucional se han mostrado hasta ahora muy reacios a aplicar ese art¨ªculo: defienden que es el Gobierno, y en todo caso la fiscal¨ªa, quien debe asumir la responsabilidad de tomar medidas ejecutivas en Catalu?a, no ellos.

Ley de Seguridad Nacional

• ?Puede el Gobierno aplicarla "para garantizar la defensa de Espa?a"?

Regula desde 2015 un escenario inferior a los de alarma, excepci¨®n y sitio: el de ¡°situaci¨®n de inter¨¦s para la seguridad nacional¡±. Con tres posibles objetivos: proteger ¡°la libertad y el bienestar¡± de los ciudadanos, contribuir a la seguridad internacional y ¡°garantizar la defensa de Espa?a y sus principios y valores constitucionales¡±. A este ¨²ltimo punto podr¨ªa apelar el Gobierno para aplicar la ley en Catalu?a, seg¨²n los defensores de esta opci¨®n, aunque fuentes del Ejecutivo la han descartado hasta ahora.

La norma prev¨¦ que en ese caso se establezca ¡°la coordinaci¨®n reforzada de las autoridades competentes en el desempe?o de sus atribuciones ordinarias, bajo la direcci¨®n del Gobierno¡±. As¨ª, de nuevo la clave de esta herramienta es que el Gobierno toma el control del resto de autoridades. Y el obst¨¢culo es tambi¨¦n el mismo: que esas autoridades se nieguen a obedecer.

C¨®digo Penal

• ?Se contemplan los delitos de rebeli¨®n o sedici¨®n tras la celebraci¨®n del refer¨¦ndum?

?Adem¨¢s de los delitos de desobediencia y prevaricaci¨®n ¡ªque ya fueron aplicados para condenar a los impulsores de la consulta del 9-N¡ª y el posible de malversaci¨®n ¡ªque implica c¨¢rcel, y que en aquella ocasi¨®n se descart¨®-, algunas voces han abogado por estudiar la existencia ahora de los delitos de rebeli¨®n o sedici¨®n en el caso catal¨¢n.

El primero requiere que haya un alzamiento ¡°violento¡± contra la Constituci¨®n; el segundo castiga a quienes se alcen ¡°p¨²blica y tumultuariamente¡± para impedir, ¡°por la fuerza o fuera de las v¨ªas legales¡±, la aplicaci¨®n de las leyes o para obstaculizar a cualquier instituci¨®n o funcionario p¨²blico ¡°el leg¨ªtimo ejercicio de sus funciones¡±. En todo caso, aunque los jueces decidieran acusar a las autoridades catalanas de estos delitos, el grueso de la actuaci¨®n ya ser¨ªa previsiblemente a posteriori, como lo fue la condena a Artur Mas por la consulta ilegal del 9-N.

El papel de los Mossos

• ?Por qu¨¦ este cuerpo policial est¨¢ obligado a acatar ¨®rdenes judiciales?

La polic¨ªa auton¨®mica catalana tiene car¨¢cter de polic¨ªa judicial, y como tal debe obediencia a los jueces y fiscales. Por eso, siempre existe el recurso final ¡ªy aparentemente m¨¢s sencillo¡ª de que el 1 de octubre un juez ordene a los Mossos retirar las urnas o impedir el paso a los colegios electorales, sin que el Gobierno tenga que recurrir a ning¨²n otro instrumento. A finales de 2016 los Mossos ya detuvieron por orden judicial a sendos cargos p¨²blicos de la CUP ¡ªla alcaldesa de Berga y un concejal de Vic¡ª que se negaban a comparecer ante los jueces que los hab¨ªan imputado por desobediencia.

Pero el nuevo jefe de los Mossos y el consejero de Interior, nombrados el pasado julio, han sugerido que ahora ya no acatar¨ªan esa orden judicial. El 1 de octubre podr¨ªa darse as¨ª una situaci¨®n ca¨®tica en la que unos mossos obedecieran, otros no, y todos se vieran enfrentados a un choque de autoridades que los dejar¨ªa en el desamparo.