Las trampas de la carta a Rajoy y al Rey

El ¨²ltimo golpe de efecto del desaf¨ªo independentista ha llegado en forma de carta, en la que los representantes de las tres principales instituciones catalanas ¡ªla Generalitat, el Parlament y el Ayuntamiento de Barcelona¡ª le piden a Mariano Rajoy, con copia al Rey Felipe VI, un esfuerzo a la desesperada para pactar un refer¨¦ndum de autodeterminaci¨®n. El texto, bajo una apariencia de buena fe, est¨¢ plagado de trampas y medias verdades pol¨ªticas, jur¨ªdicas y de comunicaci¨®n.

El verdadero destinatario

La primera trampa tiene adem¨¢s mucho de deslealtad institucional. El texto ha sido enviado a la vez, si no antes, al diario Financial Times, de amplia difusi¨®n internacional, con la intenci¨®n de que sea publicado a lo largo de la ma?ana del viernes. No parece que la voluntad sincera de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Carme Forcadell y Ada Colau sea la de convencer a Mariano Rajoy de buscar una salida negociada a la crisis sino m¨¢s bien la de proyectar hacia el exterior la idea de que son ellos los que persiguen hasta el ¨²ltimo minuto una soluci¨®n pac¨ªfica y pactada.

Pactar sobre un hecho consumado

Los autores de la carta piden a Rajoy, y de paso al Rey, que se pueda pactar un refer¨¦ndum de autodeterminaci¨®n entre el Govern y el Gobierno central, para que los catalanes sean escuchados. En ning¨²n momento explican que esa decisi¨®n ya se ha adoptado de un modo unilateral, desoyendo las advertencias del Tribunal Constitucional. No se se?ala que ya hay una fecha para la consulta, el 1 de octubre, o que ya hay una campa?a en marcha a la que se han destinado recursos p¨²blicos. Ni la menor referencia a dos leyes, la ley del refer¨¦ndum o la de transitoriedad jur¨ªdica, que ya han impuesto una realidad jur¨ªdica contrapuesta a la realidad constitucional espa?ola, en contra de m¨¢s de la mitad de los catalanes y de sus representantes leg¨ªtimos.

El Estatuto ¡°tumbado¡±

El texto se refiere al actual Estatuto de Autonom¨ªa de Catalu?a como una ley votada por los ciudadanos y ¡°tumbada¡± por el Tribunal Constitucional. Sin cuestionar el amplio consenso, entre pol¨ªticos y juristas, que se?ala esa decisi¨®n como el origen y la explicaci¨®n de gran parte de esta crisis institucional, la realidad es que el Estatuto sigue vigente y es la m¨¢xima norma, tras la propia Constituci¨®n, que rige el autogobierno catal¨¢n. Da la impresi¨®n, en la carta, de que las leyes de esa comunidad hubieran sido suprimidas de un plumazo.

¡°Autodeterminaci¨®n¡±, sin eufemismos

Habla la carta de la ¡°demanda reiterada de una amplia representaci¨®n de los parlamentarios y de la sociedad catalana¡± de que se celebre un refer¨¦ndum de autodeterminaci¨®n. Utilizan ya sin tapujos un t¨¦rmino que hasta ahora hab¨ªan esquivado con eufemismos como el del ¡°derecho a decidir¡±. El movimiento independentista sabe que el derecho internacional tiene muy tasado el concepto de libre determinaci¨®n, referido a situaciones coloniales en las que Catalu?a no tiene cabida, como s¨ª la tienen el S¨¢hara Occidental o la Polinesia francesa. Ninguno de los principales grupos parlamentarios del actual Parlament incluy¨® en el programa con que se present¨® a las ¨²ltimas elecciones esa reclamaci¨®n, y las encuestas que constantemente se realizan entre la sociedad catalana no sit¨²an esa demanda ¨Cla autodeterminaci¨®n, que no la voluntad de ser consultada- entre las prioridades de los ciudadanos.

¡°Ofensiva de represi¨®n sin precedentes¡±

No contribuye mucho a la aparente buena intenci¨®n de la carta los t¨¦rminos con los que los firmantes hacen referencia a la respuesta del Estado espa?ol frente al desaf¨ªo independentista. Hablan de una ¡°ofensiva de represi¨®n sin precedentes¡± que ilustran con medias verdades y exageraciones. Por ejemplo, acusan al Gobierno de impedir actos p¨²blicos, horas despu¨¦s de concentrar en Tarragona, sin el menos problema, a miles de personas para el acto de arranque de una campa?a por el ¡°s¨ª¡± declarada ilegal por el Constitucional. Relatan ¡°amenazas a medios de comunicaci¨®n¡± a los que la Justicia les ha exigido expl¨ªcitamente que no den difusi¨®n a la publicidad institucional de un acto de desobediencia. Da la impresi¨®n, por el texto, de que se hubiera puesto en marcha en Catalu?a una represi¨®n ¡°a la turca¡± que en nada se asemeja a la realidad. No hay m¨¢s que leer cada ma?ana los medios catalanes proindependentistas. Da por sentada ¡°la detenci¨®n del 75% de los alcaldes de Catalu?a¡± cuando en ning¨²n momento se ha producido. De hecho, la inmensa mayor¨ªa de ellos se han mostrado dispuestos a acudir ante los fiscales a explicar su voluntad de colaborar en los preparativos de la consulta. La hipot¨¦tica detenci¨®n de alguno de ellos solo tendr¨ªa el objetivo temporal de hacerles cumplir con la obligaci¨®n legal de comparecer ante la justicia cuando son requeridos a ello.

¡°Convocar un refer¨¦ndum no es delito¡±

Es cierto que el Tribunal Constitucional rechaz¨® la reforma penal emprendida por el Gobierno de Aznar que tipific¨® como delito la convocatoria de un refer¨¦ndum, en un movimiento preventivo para frenar la ofensiva emprendida entonces por el Gobierno vasco de Ibarretxe. Los argumentos empleados por el alto tribunal fueron ante todo formales, censurando el modo en que se hab¨ªa introducido en la ley penal ¨Cde forma apresurada, casi por la puerta de atr¨¢s-un nuevo delito. Los firmantes de la carta se agarran a esa decisi¨®n para afirmar que ¡°el C¨®digo Penal espa?ol confirma que convocar un refer¨¦ndum, aunque sea sin acuerdo, ya no es delito¡±. Se trata de una media verdad que oculta la cuesti¨®n de fondo. Los responsables de la crisis son investigados por otros delitos: desobediencia, prevaricaci¨®n y malversaci¨®n. No se trata de la consulta en s¨ª, sino del procedimiento para llevarla a cabo y del contenido elegido, muy lejos de las competencias y atribuciones de la Generalitat. Los convocantes del refer¨¦ndum asumen la falacia de que el pueblo catal¨¢n es ¡°soberano¡± para decidir su futuro, e ignoran que la Constituci¨®n atribuyen expresamente la soberan¨ªa nacional ¡°al pueblo espa?ol¡± en su Art¨ªculo 1. Ese es, en ¨²ltimo t¨¦rmino, el origen de esta gran ilegalidad. Tampoco hay referencia alguna a ello en la carta.