El gran fiasco contra la pesca pirata

La marca Espa?a tiene un problema si, incluso en los confines del mundo, se menciona a Espa?a cuando se habla de pesca ilegal. En la remota isla de Pascua los rapanuis llevan a?os embarcados en una lucha contra la pesca furtiva. Y entre los pa¨ªses que citan al hablar de los buques que esquilman sus caladeros est¨¢ Espa?a. "Hasta hace cuatro o cinco a?os ten¨ªamos muy mala imagen, de permisividad", admite Alberto L¨®pez-Asenjo, secretario general de Pesca del Ministerio de Agricultura. "Pero ha mejorado gracias a la labor de la inspecci¨®n y a algunas operaciones. La UE reconoce el esfuerzo de Espa?a", concluye.

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Una parte importante de esos esfuerzos, sin embargo, se ha dado de bruces con el Tribunal Supremo. Este anul¨® en diciembre la investigaci¨®n del Seprona de la Guardia Civil ¡ªliderada por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela¡ª contra Vidal Armadores, el grupo gallego al que varios pa¨ªses y organizaciones ecologistas acusan de pesca ilegal desde hace a?os. El tribunal no analiz¨® los delitos que se les imputaban ¡ªmedioambiental, blanqueo de capitales, falsedad documental y crimen organizado¡ª; entre otras cosas, porque el caso todav¨ªa estaba en fase de instrucci¨®n. Simplemente, el Supremo neg¨® la competencia para poder perseguir delitos en aguas internacionales (la actividad supuestamente il¨ªcita se desarroll¨® en los caladeros de merluza negra de la Ant¨¢rtida). "Esto supondr¨ªa que actos como acribillar a disparos [...] en alta mar a n¨¢ufragos [...] desde un barco sin pabell¨®n ser¨ªa ajeno a la jurisdicci¨®n espa?ola aunque los autores fueran espa?oles", lament¨® en un voto particular el juez Antonio del Moral Garc¨ªa, que rechaz¨® la decisi¨®n de sus compa?eros del Supremo.

Tras el fallo ¡ªque la organizaci¨®n ecologista Oceana recurrir¨¢ ante el Constitucional¡ª la Audiencia Nacional no tuvo m¨¢s remedio que paralizar la investigaci¨®n. Y revertir los pasos dados. El ¨²ltimo, hace unos d¨ªas, fue devolver los m¨¢s de 17.540 millones de dongs vietnamitas (m¨¢s de 700.000 euros) que el Estado ten¨ªa retenidos. Esa cantidad se logr¨® en la subasta de la carga de 164,4 toneladas de merluza negra que se inmoviliz¨® en Vietnam durante la operaci¨®n del Seprona del pasado a?o. El dinero se ha entregado a un grupo chino que hab¨ªa adquirido el cargamento a una de las sociedades de los Vidal.

Lo mismo ha ocurrido con los tres buques que se inmovilizaron ¡ªdos en Cabo Verde y uno en Senegal¡ª y que hist¨®ricamente han estado vinculados a los Vidal (los continuos cambios de nombre y pabell¨®n complican seguir el rastro de la propiedad). Oceana y Sea Shepherd alertan de que dos de ellos se preparan "para zarpar despu¨¦s de estar detenidos desde hace m¨¢s de dos a?os en el puerto de Mindelo". "Cabo Verde no debe dejar que salgan", pide Mar¨ªa Jos¨¦ Cornax, de Oceana.

50 millones de beneficios

"Calculamos que ten¨ªan unos beneficios limpios cada a?o de entre ocho y 15 millones de euros", indican fuentes de la investigaci¨®n que lider¨® el Seprona contra el grupo Vidal, denominada Yuyus. "En los cinco a?os que investigamos fueron 50 millones de beneficio", a?aden estas fuentes, que no ocultan su frustraci¨®n por la decisi¨®n del Supremo de paralizar la instrucci¨®n.

"No ayuda", dice L¨®pez-Asenjo sobre la sentencia del Supremo. No obstante, defiende que la Administraci¨®n tambi¨¦n ha actuado contra el grupo a trav¨¦s de varios expedientes sancionadores, que alcanzan los 17 millones de euros. La paradoja es que, seg¨²n ha denunciado Greenpeace, el grupo Vidal recibi¨® "cerca de 16 millones en subvenciones pesqueras de 2002 a 2009 por parte de las Administraciones espa?olas".

?Corren peligro los expedientes administrativos contra los Vidal tras el fallo del Supremo? El ministerio y el Seprona creen que no. "El archivo de la causa penal no afecta al procedimiento sancionador", se?ala un informe del departamento que dirige Isabel Garc¨ªa Tejerina. "El objeto de este no es la actividad pesquera desarrollada por buques ilegales sino la participaci¨®n de personas f¨ªsicas y jur¨ªdicas espa?olas en la explotaci¨®n, gesti¨®n y propiedad de buques identificados por las organizaciones regionales de ordenaci¨®n pesquera u otras organizaciones internacionales por haber incurrido en actividades de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada", a?ade el informe. El grupo Vidal va a recurrir ante la Audiencia Nacional los expedientes. Y no prev¨¦n utilizar la sentencia del Supremo, admiten fuentes de su defensa.

Mientras, desde el Seprona se advierte: "Si llega otra denuncia sobre pesca ilegal, se investigar¨¢". Aduce la Guardia Civil que hasta que no haya una segunda sentencia no se puede considerar que exista una jurisprudencia que les impida perseguir la pesca ilegal aunque sea en los confines del mundo.