Del puzle del magistrado Llarena al cambio del tribunal de los papeles de B¨¢rcenas

Pablo Llarena, instructor de la querella por delitos de rebeli¨®n y sedici¨®n, entre otros, en el Tribunal Supremo, anunciar¨¢ este lunes, entre las nueve y diez de la ma?ana, su decisi¨®n sobre la medida cautelar de prisi¨®n que mantiene en la c¨¢rcel a 10 querellados, empezando por el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras.

Los 10 autos se notificar¨¢n a los letrados de la defensa cuando Carles Puigdemont ya estar¨¢ declarando, junto con cuatro exconsejeros fugados, ante el juez de instrucci¨®n que en Bruselas debe resolver sobre su entrega a Espa?a.

Estos acontecimientos son el preludio de la campa?a de las elecciones del 21-D que comienza en la medianoche del lunes al martes.

Llarena ha cargado sobre sus espaldas con una dif¨ªcil decisi¨®n: de sus autos depender¨¢ que las elecciones se celebren con exconsejeros y activistas independentistas, algunos de ellos candidatos, en prisi¨®n o en la calle.

En otros t¨¦rminos, el magistrado tendr¨¢ que abordar, como contexto, el tema del pluralismo pol¨ªtico, lo que indudablemente remite al art¨ªculo 1 de la Constituci¨®n Espa?ola, y a la igualdad a la hora de participar en un proceso electoral.

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Los rostros del proc¨¦s

La imagen que de las elecciones convocadas v¨ªa el art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n quiere transmitir, seg¨²n todas las fuentes consultadas, Mariano Rajoy, es la de normalidad, lo que supondr¨ªa las excarcelaciones.

El magistrado admiti¨® enseguida la solicitud de las defensas de celebrar una comparecencia, que no una declaraci¨®n en toda regla, para considerar las medidas cautelares de prisi¨®n. Y salvo alguna excepci¨®n, como fue el caso de la exconsejera de Gobernaci¨®n, Meritxell Borr¨¤s, y ello por iniciativa de su letrado, Xavier Melero, las comparecencias se ci?eron al guion de Llarena. Es decir: no se interrog¨® sobre los hechos de la querella sino sobre la medida de prisi¨®n.

Los fiscales Consuelo Madrigal y Jaime Moreno, que no recurrieron el auto de prisi¨®n eludible con fianza para Carme Forcadell y los cuatro miembros de la Mesa del Parlament -dictado por Llarena el 9 de noviembre- pese a haber solicitado prisi¨®n incondicional, ahora se han mantenido en la petici¨®n de mantener la prisi¨®n para los diez comparecientes.

En el auto del 9 de noviembre, Llarena, tras las declaraciones, abord¨® el tema de la medida cautelar.

¡°Lo que se evalu?a es el riesgo de reiteracio?n en ese comportamiento [unilateral, delictivo] lo que debe hacerse considerando que el devenir poli?tico ma?s pro?ximo y cercano pudiera propiciar la persistencia en la actuacio?n fuera del marco constitucional y transformar la pro?xima legislatura, en un ilegal proceso constituyente¡±, apuntaba.

Es decir: Llarena plantea aqu¨ª si existen posibilidades de que se repita, por as¨ª decir, la din¨¢mica del proc¨¦s.

Y frente a ello responde inmediatamente: ¡°En todo caso, todos los querellados, no es que hayan asumido la intervencio?n derivada de la aplicacio?n del arti?culo 155 de la CE, sino que han manifestado que, o bien renuncian a la actividad poli?tica futura o, los que desean seguir ejercie?ndola, lo hara?n renunciando a cualquier actuacio?n fuera del marco constitucional¡±.

Llarena se apoy¨®, al adoptar la medida de prisi¨®n eludible con fianza para los cinco miembros de la Mesa del Parlament en la posici¨®n favorable de los fiscales, durante la vistilla, a decretar esa medida al menos para Ramona Barrufet, la secretaria cuarta de la Mesa. Y a continuaci¨®n, con mayor o menos ¨¦nfasis, Forcadell y los otros tres miembros (Luis Corominas, Luis Guin¨® y Anna Sim¨®) se acogieron a la v¨ªa Barrufet.

Pero el pasado viernes, el fiscal Moreno consider¨®, expl¨ªcitamente, que declaraciones como la de Barrufet brillaron por su ausencia. Sin embargo, matiz¨®, en referencia a la posici¨®n que cada uno de los comparecientes ocupaba en la organizaci¨®n del refer¨¦ndum, que el papel de cuatro de ellos era de rango inferior al resto: Meritxell Borr¨¤s, Dolors Bassa, Josep Rull y Carlos Mund¨®.

Borr¨¤s iba a la comparecencia, seg¨²n el plan del abogado Melero, con la idea de ser la Barrufet. Se pronunci¨® claramente por la ¡°autocr¨ªtica¡± ¨Cpalabra utilizada por el letrado y el fiscal- de la v¨ªa unilateral y expres¨® su compromiso inequ¨ªvoco con el orden constitucional. Borr¨¤s, a su vez, ha renunciado a continuar su actividad pol¨ªtica.

El abogado Jordi Pina pregunt¨® a cada uno de sus tres defendidos, los exconsejeros Josep Turull, Josep Rull y Jordi S¨¢nchez, presidente de la Asamblea Nacional de Catalu?a (ANC) si ¡°renuncia a cualquier actuaci¨®n pol¨ªtica fuera del marco constitucional¡±. Es decir: reflej¨® en la pregunta exactamente el p¨¢rrafo ya citado salido de la pluma del magistrado Llarena en su auto del 9 de noviembre.

Por su parte, aunque Oriol Junqueras y los exconsejeros vinculados a su partido, excepto Bassa, solo contestaron a su letrado, Andreu Van den Eynde, se pronunciaron por no emprender la v¨ªa unilateral, pregunta espec¨ªfica que le fue formulada, aparte de acatar el art¨ªculo 155.

Jordi Cuixart, presidente de Omnium, fue igualmente expl¨ªcito en respuesta a su letrada, Marina Roig, sobre su voluntad de acatar la v¨ªa constitucional y rechazar la unilateralidad.

Todo ello conduce a plantear que si el magistrado Llarena persiste en las afirmaciones citadas de su auto del 9 de noviembre, argumentos para repetir¡­ haberlos, como las meigas, haylos.

Pero no es la ¨²nica alternativa. Porque este auto tiene mayor relevancia e impacto. Aqu¨ª Llarena tiene que revisar una medida adoptada por otra magistrada ¨CCamen Lamela- y otro tribunal ¨Cla Audiencia Nacional.

Otra alternativa es que Llarena pueda establecer diferencias en las fianzas, con cantidades m¨¢s elevadas para Junqueras y algunos otros dirigentes, por su peso espec¨ªfico.

Y, last but not least, podr¨ªa tambi¨¦n dictar medidas diferentes de mantenimiento en prisi¨®n para algunos y eludibles con fianza para otros.

El PP a vueltas con las maniobras judiciales

La cr¨®nica judicial anot¨® el pasado martes el conocimiento de la noticia de que el 20 de noviembre pasado, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional decidi¨® cambiar las normas de reparto de asuntos y, retroactivamente, modific¨® la composici¨®n del tribunal del caso Papeles de B¨¢rcenas o Contabilidad B del PP.

Hab¨ªa quedado establecido por providencia de la letrada de la Administraci¨®n de Justicia que el tribunal, de 2016, tras debates e impugnaciones, qued¨® formado por los magistrados de la secci¨®n segunda de lo Penal ?ngel Hurtado, presidente y ponente; Julio de Diego y Jos¨¦ Ricardo de Prada. Estos magistrados, aunque la fecha de juicio sigue pendiente, comenzaron a funcionar como tribunal. Analizaron y aprobaron los medios de prueba propuestos por las partes, incluyendo a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y establecieron la lista de testigos.

El pasado 20 de noviembre, a propuesta de Concepci¨®n Espejel, presidenta de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la Sala de Gobierno aprob¨® por unanimidad las nuevas de reparto por las cuales se asignan a magistrados a los juicios, iniciativa de la presidenta de la secci¨®n segunda de lo Penal, Mar¨ªa Jos¨¦ Rodr¨ªguez Dupla.

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Espejel, anterior presidenta de la secci¨®n segunda, iba a ser presidenta tanto de los tribunales de los casos G¨¹rtel 1999-2005 como de Papeles de B¨¢rcenas, pero tanto ella como el magistrado Enrique L¨®pez, fueron apartados de la causa por sendos plenos de los magistrados de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que entonces, en 2015, presid¨ªa el magistrado Fernando Grande-Marlaska. Se apreci¨® por mayor¨ªa que la trayectoria de ambos magistrados abonaban, por en sus relaciones con el Partido Popular, la apariencia de una falta de imparcialidad.

Que ahora, el pasado 20 de noviembre, al presentar las nuevas normas de reparto y aplicarlas retroactivamente a uno de los casos en los que la magistrada result¨® recusada y apartada por una mayor¨ªa de sus propios compa?eros de sala, Espejel no se hubiera abstenido alegando los citados antecedentes parece configurar una conducta temeraria.

El asunto pasar¨¢ ahora, como todo acuerdo de sala de gobierno, a informe del Servicio de Personal Judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a cargo del letrado jefe Javier Aguayo, quien deber¨¢ emitir informe para la Comisi¨®n Permanente del CGPJ.

La decisi¨®n de la Sala de Gobierno de modificar retroactivamente el tribunal supone la salida del presidente y ponente, ?ngel Hurtado, y del magistrado Julio de Diego. Permanece el magistrado Jos¨¦ Ricardo de Prada.

De Diego y de Prada formaron la mayor¨ªa de 2 contra 1, el voto de Hurtado, que oblig¨® a Mariano Rajoy a comparecer en la sala de juicio de G¨¹rtel el pasado 26 de julio en calidad de testigo. Ambos rechazaron que la comparecencia se hiciera, como ped¨ªa La Moncloa, por videoconferencia. Da la impresi¨®n de que Espejel quer¨ªa impedir una eventual mayor¨ªa de De Diego y De Prada tambi¨¦n en Papeles de B¨¢rcenas.

En lugar de Hurtado asumir¨¢ la ponencia el magistrado Juan Pablo Gonz¨¢lez, quien se ha incorporado hace algunos meses en comisi¨®n de servicios en la secci¨®n segunda de lo Penal cuando dicha secci¨®n era presidida por Espejel. Y ser¨¢ presidenta del nuevo tribunal Mar¨ªa Jos¨¦ Rodr¨ªguez Dupla.?

Gonz¨¢lez ser¨¢ recusado por la acusaci¨®n popular como ya lo fuera Espejel en su d¨ªa, habida cuenta de que fue nombrado vocal del CGPJ, donde permaneci¨® entre 2001 y 2007, para luego marchar como magistrado de enlace a Par¨ªs con evidente respaldo pol¨ªtico.

Pero lo significativo es lo siguiente: Carlos Lesmes, presidente del CGPJ y el ministro de Justicia Rafael Catal¨¢ impulsaron la salida del juez Pablo Ruz de la instrucci¨®n del caso Papeles de B¨¢rcenas con el argumento de que era juez en comisi¨®n de servicios. Y aunque se le pod¨ªa renovar una vez m¨¢s esa comisi¨®n para que terminara su instrucci¨®n, Lesmes y Catal¨¢ impusieron su relevo. Ruz, con todo, era instructor. Es decir: no juzgaba. En el juicio su instrucci¨®n se pondr¨ªa a prueba.

Ahora, en cambio, un juez en comisi¨®n de servicios, Juan Pablo Gonz¨¢lez, es el encargado de redactar la ponencia en dicha causa, en la que el PP lleg¨® a ser expulsado en calidad de acusaci¨®n popular por defender a los acusados en lugar de ejercer su papel acusador.

Ese papel de poner piedras en engranaje de la justicia ha quedado, precisamente esta semana, superado al conocerse el auto de apertura de juicio oral dictado por la jueza Rosa Mar¨ªa Freire titular del juzgado 32 de la Audiencia Provincial de Madrid contra el PP como persona jur¨ªdica, la tesorera nacional, Carmen Navarro, el responsable de los servicios jur¨ªdicos del partido, Alberto Dur¨¢n y el jefe de inform¨¢tica, Jos¨¦ Manuel Moreno, por la destrucci¨®n del disco duro del ordenador Apple del extesorero Luis B¨¢rcenas en 2013, durante la investigaci¨®n del juez Ruz.

El ¨²ltimo retraso de esta causa ¨Cdespu¨¦s de la p¨¦rdida del sumario en la Audiencia de Madrid- se debi¨® a dos recusaciones contra la juez Freire, ambas rechazadas, y la ¨²ltima pirueta ha sido la invocaci¨®n de la doctrina Bot¨ªn, ya que el PP logr¨® discretamente que B¨¢rcenas se retirase de la acusaci¨®n particular, en septiembre de 2016, en calidad de perjudicado, y la Fiscal¨ªa de Madrid en lugar de acusar ha solicitado el archivo.

Esta pirueta, pues, no ha evitado el auto de apertura de juicio oral y habr¨¢ de ser debatido en las cuestiones previas del juicio, cuya fecha est¨¢ pendiente de determinar.