El Tribunal de Cuentas embarga la vivienda de Artur Mas en el caso del 9-N

El Tribunal de Cuentas ha ordenado el embargo de la vivienda del expresidente de la Generalitat Artur Mas, en la calle Tuset de Barcelona, para hacer frente a parte de la fianza de 5,27 millones de euros que el m¨¢ximo ¨®rgano fiscalizador del Estado le impuso en la causa por el mal uso de fondos p¨²blicos en la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, seg¨²n confirman fuentes jur¨ªdicas. El organismo que vela por el buen destino del presupuesto ha embargado tambi¨¦n la mitad de un inmueble del exconsejero de Presidencia y exdiputado Francesc Homs en Taradell (Barcelona) y fincas de las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau en Barcelona y Ribes de Fresser (Girona). Los cuatro fueron condenados a penas de inhabilitaci¨®n por desobediencia por los tribunales de justicia por preparar aquella consulta ilegal.

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Todos estos bienes fueron designados voluntariamente por los encausados para cubrir completamente la fianza que les impuso el organismo fiscalizador. El Tribunal de Cuentas tambi¨¦n ha trabado un inmueble de un antiguo alto cargo de la Generalitat que supuestamente permiti¨® que salieran fondos para el 9-N, Jordi Vilajoana. Este, no obstante, no fue perseguido en su d¨ªa por la v¨ªa penal. Los investigados lograron depositar en met¨¢lico 2,9 millones de euros. El resto han tenido que garantizarlo con sus propiedades y bienes inmuebles.

El embargo de estas viviendas y fincas, inscrito en el Registro de la Propiedad, no implica el desahucio de sus propietarios. La causa en el Tribunal de Cuentas se encuentra en fase de investigaci¨®n. Ser¨¢ tras la fase de enjuiciamiento, y si el organismo les acaba considerando responsables del mal uso de los fondos p¨²blicos, cuando los exmiembros del Govern catal¨¢n se expondr¨¢n a quedarse sin esos bienes.

Fuentes jur¨ªdicas afirman que la voluntad de los pol¨ªticos es que los altos cargos que trabajaron a sus ¨®rdenes no tuvieran que prestar fianza. ¡°Hay que subrayar que la liquidaci¨®n y la garant¨ªa y, por tanto, el embargo es provisional a resultas del juicio contable propiamente dicho que todav¨ªa no ha comenzado¡±, recalca un abogado.

El Ministerio Fiscal tiene que presentar demanda para que se abra la fase de enjuiciamiento. Las defensas est¨¢n "absolutamente disconformes con la liquidaci¨®n" por entender que no ha habido infracci¨®n contable. ¡°Ello es especialmente evidente en relaci¨®n con los 3,1 millones que se reclaman por unos ordenadores que est¨¢n en poder del Departamento de Educaci¨®n y afectos a un servicio p¨²blico¡±, se?alan los abogados. Las defensas recuerdan que ¡°todos los contratos y facturas¡± son anteriores a la providencia de 4 de noviembre de 2014 del Tribunal Constitucional que prohibi¨® la consulta independentista, que se celebr¨® de todos modos.