El Gobierno traslad¨® al Constitucional la gravedad del intento de Puigdemont

La sesi¨®n plenaria del Tribunal Constitucional consigui¨® llegar a la unanimidad a ¨²ltima hora de la tarde del s¨¢bado, aunque la jornada hab¨ªa comenzado con una fuerte divisi¨®n entre sus miembros. Ante las primeras noticias de las diferencias entre los magistrados y, sobre todo, del criterio en contra de admitir el recurso, el Gobierno entr¨® en p¨¢nico. Fuentes gubernamentales admiten que el miedo y el v¨¦rtigo no abandonaron al Ejecutivo desde la tarde del mi¨¦rcoles, cuando el Consejo de Estado rechaz¨® el recurso preventivo "al no haberse producido a¨²n ning¨²n hecho ilegal".

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Con todos los temores a flor de piel, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, animado por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, decidi¨® seguir adelante, y presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la investidura de Carles Puigdemont. Antes de que los magistrados se reunieran hubo contactos entre miembros del Gobierno y del Tribunal Constitucional. Los ministros, y el propio Rajoy, en primera l¨ªnea, seg¨²n fuentes del Ejecutivo, transmitieron a quienes ten¨ªan que tomar la decisi¨®n, la grave situaci¨®n en la que se pon¨ªa al Estado si se permit¨ªa que el expresidente de la Generalitat resultara investido por la C¨¢mara catalana. "No hubo presiones porque ning¨²n miembro del Tribunal Constitucional lo permitir¨ªa, pero s¨ª trasladaron el dram¨¢tico cuadro en el que quedar¨ªan enmarcadas las instituciones democr¨¢ticas con Puigdemont investido y obligadas a actuar despu¨¦s", se?alan fuentes conocedoras de las intenciones de Rajoy y otros miembros del Gobierno al ponerse en contacto con magistrados del Constitucional. "Se apel¨® a razones de Estado", contin¨²an estas fuentes.

Independencia de criterio

Por parte del tribunal, se comparti¨® la extrema gravedad del conflicto pero se defendi¨® la independencia de criterio de cada uno de sus miembros. "En ese ¨®rgano, no hay jerarqu¨ªas como en otros, sino que se act¨²a con criterios individuales", afirman quienes conocen el funcionamiento del mismo y de las caracter¨ªsticas de sus miembros actuales. Adem¨¢s, las deliberaciones y decisiones de los magistrados han tenido en cuenta la probabilidad de que del lado independentista se recurra ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por violaci¨®n de derechos fundamentales, aplicables a Puigdemont.

Este temor tambi¨¦n lo expresa el Gobierno. Aun as¨ª, ha estado dispuesto a arrostrar esas consecuencias a medio plazo antes que permitir que Puigdemont sea votado. De ah¨ª que el presidente del Gobierno atendiera los argumentos de su vicepresidenta para dirigirse el jueves al Consejo de Estado, como paso previo al recurso ante el Constitucional. El contacto previo entre el Gobierno y el ¨®rgano consultivo existi¨® pero solo con su presidente, Jos¨¦ Manuel Romay, que no vislumbr¨® la respuesta negativa de los dem¨¢s miembros y, singularmente, del ponente, Landelino Lavilla.

Lo mismo pod¨ªa ocurrir en el Tribunal Constitucional por lo que el Gobierno decidi¨® no hablar solo con uno de sus miembros sino compartir con varios de ellos las graves consecuencias de que no admitieran a tr¨¢mite el recurso.

"No vamos a hacer seguidismo del Gobierno". Esta fue una respuesta de un magistrado, seg¨²n fuentes gubernamentales, que sab¨ªan de antemano que as¨ª iba a ser. El final fue, sin embargo, mucho mejor de lo que pensaban. No se admiti¨® el recurso y, por tanto, no hubo un s¨ª o un no a paralizar la investidura concreta y singular de Puigdemont, pero los objetivos del Gobierno se vieron cumplidos con creces. No solo que no habr¨¢ investidura sin presencia f¨ªsica, sino que se pone a Puigdemont en la tesitura de presentarse ante la justicia para pedir autorizaci¨®n para acudir al Parlament. El Gobierno, adem¨¢s, ha concedido extraordinaria importancia a la advertencia del Constitucional a todos los miembros de la Mesa de que si colaboran con el expresident para que sea investido, sin los requisitos citados, incurrir¨¢n en responsabilidad penal. "El Gobierno no quiere que nadie m¨¢s vaya a la c¨¢rcel, sino que propongan a alguien que no est¨¦ fugado, ni preso", se?alan fuentes gubernamentales.