Las personas con discapacidad ya podr¨¢n ser jurados populares

Las personas sordas, ciegas o en silla de rueda no pod¨ªan hasta ahora formar parte de un jurado popular, a pesar de que la Convenci¨®n Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entr¨® en vigor en 2008 en Espa?a, les reconoc¨ªa ese derecho. 10 a?os despu¨¦s, la legislaci¨®n espa?ola ha corregido esa discriminaci¨®n y desde esta semana la Justicia estar¨¢ obligada a proporcionar apoyos y a realizar los ajustes que sean necesarios para que puedan llevar a cabo ese desempe?o en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos.

M¨¢s informaci¨®n

La falta de educadores en un colegio de Valencia deja sin clases a un menor con una discapacidad

Las cortes aprobaron por unanimidad a finales de 2017 la reforma de la Ley del Tribunal del Jurado para incorporar el art¨ªculo 13 de la Convenci¨®n, que establece el derecho de acceso a la justicia de este colectivo, "incluido el ajuste de los procedimientos para facilitar su desempe?o en las funciones efectivas como participantes directos e indirectos". La modificaci¨®n se public¨® en el Bolet¨ªn Oficial del Estado el pasado 14 de diciembre y entra en vigor este mi¨¦rcoles.

Los juzgados deber¨¢n garantizar, por ejemplo, que una persona sorda signante cuente con un int¨¦rprete de lengua de signos, si esa es su forma de comunicaci¨®n; que alguien con discapacidad visual tenga acceso a materiales de texto alternativos, como archivos digitales; que una persona con discapacidad f¨ªsica pueda tener el acompa?amiento de un ayudante si as¨ª lo necesita o que si se trata de una persona con alg¨²n trastorno del desarrollo del espectro autista, que no tiene problemas intelectuales pero s¨ª de socializaci¨®n, se instruya al resto de miembros del jurado sobre c¨®mo interactuar con ¨¦l. El requisito para participar ser¨¢ el mismo que para el resto de la poblaci¨®n: tener las aptitudes generales necesarias. Los ajustes necesarios se deber¨¢n adecuar a cada caso porque como explica el presidente del Comit¨¦ Espa?ol de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo P¨¦rez Bueno, la discapacidad es "casi individual".

P¨¦rez Bueno lamenta que hayan tenido que pasar m¨¢s de dos d¨¦cadas -la ley del jurado es de 1995- para terminar con "una anomal¨ªa de nuestro ordenamiento jur¨ªdico que part¨ªa de prejuicios y de una visi¨®n sesgada". Era una "discriminaci¨®n flagrante", denuncia, y lamenta que el colectivo de personas con discapacidad avanza m¨¢s despacio hacia la igualdad porque no se trata solo de no excluir, sino de dar el apoyo que la persona necesite para situarle en igualdad de condiciones.

La "revoluci¨®n" pendiente

En el ¨¢mbito de la Justicia, un estamento que considera "arcaico, vetusto y poco flexible para adaptarse a las demandas del presente y a los avances de todo tipo", el CERMI tiene una "revoluci¨®n" pendiente. Quiere acabar con la incapacitaci¨®n jur¨ªdica que impide a las personas con discapacidad "gobernarse" a s¨ª mismas en asuntos como herencias y otro tipo de decisiones relacionadas con el derecho civil, porque "ya no es admisible desde el punto de vista de los derechos humanos", dice P¨¦rez Bueno. En lugar de incapacitar, el CERMI reivindica que se garanticen los apoyos necesarios materiales o humanos para que las personas con discapacidad puedan tomar sus propias decisiones.

El Comit¨¦ de Bio¨¦tica de Espa?a afirma en un informe publicado recientemente que "a las personas con discapacidad no se les debe restringir la capacidad de obrar, sino, por el contrario, prestarles los debidos apoyos para que puedan ejercerla". Recuerda, adem¨¢s, que "deben establecerse las salvaguardas necesarias para evitar los abusos y conflictos de intereses".

Hay grandes resistencias para conseguir esa modificaci¨®n por la "incertidumbre" que genera, reconoce el presidente del CERMI, que tilda el C¨®digo Civil de "paternalista". "Necesitamos un sistema que empodere, no uno que prive de derechos", dice, aunque reconoce que solo Canad¨¢ est¨¢ empezando a abordar el tema.