?Decidir¨¢ Google lo que es verdad y lo que no?
El Tribunal Supremo estudia si la tecnol¨®gica debe borrar sus enlaces a noticias que afecten a particulares y cuyo contenido no refleje exactamente lo que ocurri¨®
Imaginemos que el expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps quiere que todas las noticias sobre el caso de sus trajes desaparezcan de Google porque acab¨® siendo absuelto ¡ªfue procesado por supuestamente haber recibido ropa como cohecho dentro de la trama G¨¹rtel¡ª. Las empresas con motores de b¨²squeda, ?deber¨ªan analizar si las informaciones previas sobre la investigaci¨®n policial y judicial fueron precisas y eliminarlas si no lo fueron? El Tribunal Supremo ha admitido recientemente a tr¨¢mite un recurso de casaci¨®n interpuesto por Google para fijar doctrina sobre el llamado derecho al olvido que podr¨ªa responder a algunas de estas preguntas.
La cuesti¨®n de fondo asusta un poco: ?llegar¨¢ el d¨ªa en el que la tecnol¨®gica tenga que valorar si las noticias de los medios son veraces o no para indexarlas? El tema no es menor, porque lo que no existe para Google pr¨¢cticamente no existe. ¡°Las hemerotecas de los medios antes estaban cogiendo polvo, y ahora la tecnolog¨ªa nos ha dado una realidad diferente: podemos investigar a cualquiera en cualquier momento a trav¨¦s de un buscador que saca todo a la luz¡±, explica Natalia Martos, abogada experta en nuevas tecnolog¨ªas del despacho P¨¦rez-Llorca. Por eso los particulares afectados por noticias acuden cada vez m¨¢s a Google a quejarse: lo importante no es ya que la informaci¨®n se haya escrito, sino que le gente pueda encontrarla. Y esto fundamentalmente sucede a trav¨¦s de los motores de b¨²squeda.
Un cazador furtivo
El caso que da origen a todo esto se public¨® en este peri¨®dico el 4 de julio de 2010: ¡°Un jefe forestal de la Xunta en Ourense fue sancionado por cazador furtivo. El cargo de Medio Rural enca?on¨® en 2007 a los agentes que lo multaron¡±. La noticia contaba que dos agentes forestales hab¨ªan sorprendido a un t¨¦cnico forestal cazando en una zona prohibida junto a dos personas m¨¢s y que el t¨¦cnico y sus colegas les hab¨ªan amenazado y arrinconado con sus escopetas. Una patrulla del Seprona se acerc¨® tambi¨¦n por all¨ª y denunci¨® a los cazadores, que fueron adem¨¢s expulsados de la sociedad de caza. La noticia, basada en los documentos de denuncia, era absolutamente rigurosa sobre lo que all¨ª constaba.
Despu¨¦s, el Tribunal Superior de Galicia anul¨® las sanciones por una cuesti¨®n formal, de plazos de notificaci¨®n. En los hechos probados, muy escuetos, dice que los cazadores estaban autorizados para cazar y habla de ciertos altercados. La resoluci¨®n no llega a profundizar en lo que sucedi¨® ni especifica las razones de las sanciones impuestas.
Con esta sentencia en la mano, el jefe forestal no pidi¨® a EL PA?S que modificara la noticia o a?adiera en la misma la absoluci¨®n. Lo que hizo fue solicitar a Google que dejara de indexarla. Al no conseguirlo, acudi¨® a la Agencia Espa?ola de Protecci¨®n de Datos y el caso acab¨® finalmente en la Audiencia Nacional. Ambas consideraron que la informaci¨®n no era veraz (a pesar de que contaba con precisi¨®n lo que constaba en una denuncia) y resolvieron que Google la retirara de sus buscadores.
La Audiencia Nacional reconoce que la noticia tiene un evidente inter¨¦s p¨²blico y que los internautas tienen derecho a acceder a ella dado que se trata de un funcionario sancionado por irregularidades relacionadas con el ejercicio de sus funciones p¨²blicas, pero a?ade que el contenido no es ¡°exacto¡± porque no coincide con la sentencia dictada con posterioridad, por lo que no debe ser indexada. Ser¨ªa una especie de falta de veracidad sobrevenida. Google, por su parte, defiende que la informaci¨®n se elabor¨® con diligencia y que nadie puede fabricarse un pasado a la medida.
La tecnol¨®gica recurri¨®, y ahora la Sala Tercera del Tribunal Supremo va a decidir si el derecho al olvido incluye tambi¨¦n que se valore la exactitud de los hechos que se pretenden borrar -resoluci¨®n que adelant¨® la informacion.com-, algo que ser¨ªa muy complicado de llevar a la pr¨¢ctica y que constituir¨ªa un evidente problema para Google.
Decidir la verdad
¡°Creo que es imposible que una empresa de este tipo pueda entrar a determinar la veracidad de las noticias¡±, opina la abogada Martos. ¡°La ¨²nica posibilidad ser¨ªa que el Supremo estableciera unos requisitos muy claros que se puedan aplicar de forma totalmente objetiva, y esto es dif¨ªcil. Creo que lo l¨®gico ser¨ªa que la persona acudiera al medio de comunicaci¨®n, no a Google, que es un mero intermediario t¨¦cnico y ni tiene sentido ni es viable que tenga que tomar estas decisiones sobre lo que es verdad y lo que no¡±.
El reconocimiento jur¨ªdico del derecho al olvido en Europa tiene su origen en 2011, cuando Google defendi¨® ante la Audiencia Nacional su negativa a cancelar datos privados de personas que consideraban que las referencias que el buscador arrojaba sobre ellas lesionaban su dignidad. La multinacional sosten¨ªa que eliminar o alterar los contenidos supondr¨ªa la p¨¦rdida de ¡°objetividad¡± de Internet para caer en la ¡°censura¡±.
Tres a?os despu¨¦s, el Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea declar¨® que cualquier persona tiene derecho a solicitar a los motores de b¨²squeda la retirada de ciertos resultados de las consultas que hagan referencia a ella, aunque siempre ponderando las circunstancias para ver si prevalece la protecci¨®n de los datos personales o el derecho a la informaci¨®n y a la libertad de expresi¨®n.
Ahora lo que decidir¨¢ la justicia espa?ola es si, Google, adem¨¢s, debe verificar si la informaci¨®n es exacta. ¡°Es un tema complicado, porque es cierto que en este momento la memoria de lo acontecido la fijan los buscadores y unos hechos por los que alguien ha sido absuelto pueden quedar fijados en Internet para siempre¡±, opina Juan Antonio Orgaz, abogado experto en nuevas tecnolog¨ªas y privacidad y socio director de Loop un data. ¡°Pero si Google tuviera que valorar la veracidad de las noticias que indexan sus motores de b¨²squeda le estar¨ªamos trasladando una responsabilidad incre¨ªble: la de determinar la verdad. El Estado estar¨ªa haciendo una dejaci¨®n de funciones¡±.
65.000 espa?oles quieren ser olvidados
Desde 2014, Google ha recibido en los pa¨ªses de la UE 656.899 solicitudes para retirar del buscador m¨¢s de 2,4 millones de direcciones de Internet, de las que ha cancelado alrededor de un mill¨®n. Desde Espa?a, la tecnol¨®gica registr¨® m¨¢s de 64.000 peticiones y atendi¨® alrededor del 38%. Google explica que eval¨²a las reclamaciones una por una. ¡°En algunos casos pedimos m¨¢s informaci¨®n a la persona que ha presentado la petici¨®n¡±, se?ala. No siempre retira las p¨¢ginas. ¡°Tenemos en cuenta varios factores para tomar esta decisi¨®n tan compleja¡±. Entre esos factores figura la vida profesional del solicitante ¡ªsi tiene un perfil p¨²blico o no¡ª, si el caso sucedi¨® hace mucho tiempo, si hace referencia a un delito de sangre, si hay una sentencia absolutoria... Se valora tambi¨¦n si la informaci¨®n se incluye en documentos oficiales o es de car¨¢cter period¨ªstico.
Los casos a los que se enfrenta son muy variopintos. Entre los espa?oles figura el de una persona que pidi¨® la retirada de un archivo de noticias seg¨²n el cual figuraba en el registro de la polic¨ªa como culpable de haber atropellado con su coche a otra persona y haberla matado hac¨ªa 50 a?os aproximadamente. La compa?¨ªa accedi¨® a la retirada al considerar el tiempo transcurrido. Otra persona reclamaba la retirada de una noticia de 1994 y una publicaci¨®n de un foro de 2007 sobre su actividad anterior como l¨ªder del brazo pol¨ªtico de una organizaci¨®n terrorista. En este caso prim¨® el inter¨¦s p¨²blico y se mantuvo.
Hay situaciones en las que no falta la picaresca para intentar enga?ar al gigante de Internet. Por ejemplo: un hombre condenado en Reino Unido por fraude en 2012 pidi¨® a Google la retirada de unos 300 art¨ªculos relacionados con la condena. Para dar m¨¢s peso a su solicitud present¨® un documento en el que se insinuaba que era inocente. Inicialmente, Google retir¨® 293 URL como consecuencia de la documentaci¨®n proporcionada. M¨¢s tarde el afectado pidi¨® la supresi¨®n de varias p¨¢ginas m¨¢s relacionadas con una condena por falsificaci¨®n de documentaci¨®n. Tras revisar el documento que hab¨ªa enviado al principio para demostrar su inocencia, Google descubri¨® que era una falsificaci¨®n, por lo que restableci¨® todas las URL.
Tampoco atendi¨® la petici¨®n de un cura franc¨¦s condenado por posesi¨®n de im¨¢genes de abuso sexual infantil que fue expulsado de la Iglesia, ni la de un italiano que reclam¨® la retirada de 20 enlaces a art¨ªculos sobre su arresto por los delitos financieros que cometi¨® en el desarrollo de su profesi¨®n. El buscador hizo tambi¨¦n caso omiso a un funcionario brit¨¢nico que quer¨ªa que se retirara un enlace a la petici¨®n de una organizaci¨®n estudiantil en la que se reclama su destituci¨®n y rechaz¨® la solicitud de un alem¨¢n para retirar cuatro noticias sobre una investigaci¨®n acad¨¦mica que conten¨ªa la foto del solicitante, dado que hab¨ªa cambiado de sexo y de nombre.
Cuando se trata de personajes p¨²blicos o de informaciones avaladas por documentos oficiales, Google opta por mantener los enlaces. Sin embargo, a menudo accede a cancelarlos por orden de las autoridades de protecci¨®n de datos de los pa¨ªses de la UE. As¨ª ocurri¨® con la solicitud de la esposa de un ciudadano de Finlandia fallecido, que aparec¨ªa en un foro seg¨²n el cual el hombre hab¨ªa cometido varios cr¨ªmenes de ¨ªndole sexual. Varias noticias publicadas en Reino Unido sobre una mujer que intent¨® suicidarse tras haber asesinado a su marido hac¨ªa m¨¢s de 10 a?os fueron retiradas a petici¨®n de la agencia de protecci¨®n de datos brit¨¢nica. Y por orden de la agencia portuguesa se retir¨® una noticia sobre una investigaci¨®n criminal de un empresario famoso por presunto fraude, falsificaci¨®n de documentos y evasi¨®n de impuestos.
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