El PP planea fiscalizar el patrimonio de sus cargos y revisarlo cada dos a?os

La revisi¨®n patrimonial peri¨®dica que plantea el PP ¡ªy que en principio ser¨ªa cada dos a?os¡ª permitir¨ªa a los responsables de la oficina anticorrupci¨®n identificar cualquier cambio sospechoso en el patrimonio de los cargos populares. Sin embargo, esa no ha sido la ¨²nica cuesti¨®n ¡°muy delicada¡± que han abordado los impulsores del borrador del reglamento del organismo durante el a?o largo que han durado sus trabajos.

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Si el texto propuesto es aprobado ¡ªlo que puede ocurrir el lunes, durante el comit¨¦ ejecutivo nacional¡ª el nuevo organismo se encargar¨¢ de velar por el cumplimiento del r¨¦gimen de incompatibilidades y podr¨¢ actuar de oficio para investigar denuncias o informaciones publicadas. Adem¨¢s de concentrar los datos patrimoniales de todas las personas que formen parte de las listas del PP, los integrantes de la oficina tambi¨¦n tendr¨¢n la capacidad de reclamar informaci¨®n extra a los afectados por cualquier sospecha y la posibilidad de recabar sus testimonios. La falta de cooperaci¨®n por parte de los convocados incluso podr¨ªa ser sancionada con la expulsi¨®n del partido ¡ªprevio paso por el comit¨¦ de derechos y garant¨ªas¡ª, seg¨²n fuentes de la direcci¨®n nacional.

El contenido del reglamento afectar¨¢ desde su entrada en vigor a los 500 integrantes de la junta directiva nacional, entre los que se encuentran el presidente, Mariano Rajoy; los ministros de su Gobierno; todos los integrantes de la direcci¨®n nacional del PP; los diputados y senadores del partido; y representantes europeos, auton¨®micos, provinciales y municipales de la formaci¨®n conservadora.

No obstante, la fiscalizaci¨®n de las actividades de los cargos p¨²blicos populares tambi¨¦n se extender¨¢ m¨¢s all¨¢ del n¨²cleo duro del partido. Las estructuras regionales del PP tendr¨¢n que replicar la oficina para que as¨ª pueda ejercer su labor con los candidatos auton¨®micos y provinciales que presentar¨¢ la formaci¨®n a las elecciones de 2019. Los cargos org¨¢nicos que no sean tambi¨¦n representantes p¨²blicos seguir¨¢n teniendo que responder seg¨²n la regulaci¨®n interna anterior.

La formaci¨®n de Mariano Rajoy intenta reaccionar as¨ª a los numerosos casos de corrupci¨®n protagonizados por integrantes del partido y destapados por la instrucci¨®n judicial de las tramas G¨¹rtel, P¨²nica, B¨¢rcenas, Taula o Lezo. El objetivo de los impulsores del proyecto es lograr ¡°un filtro de idoneidad previa¡± para los candidatos antes de las elecciones locales, auton¨®micas y europeas que se celebrar¨¢n en 2019. Y la meta es dotar a la direcci¨®n del partido de una herramienta con la que lograr un cambio en la cultura interna de una formaci¨®n golpeada una y otra vez por los casos de corrupci¨®n; que ha llegado a ser investigada como part¨ªcipe a t¨ªtulo lucrativo de una de las tramas; y cuyo presidente ha sido citado a declarar como testigo del caso G¨¹rtel.

El precedente de Gonz¨¢lez

¡°Se podr¨¢ comprobar informaci¨®n de oficio, llamando y citando a los afectados¡±, resumi¨® un dirigente conocedor de los detalles del proyecto. ¡°Se trata de que no se repitan casos como los de Ignacio Gonz¨¢lez o Francisco Granados¡±.

En 2014, la direcci¨®n nacional del PP recibi¨® varias denuncias internas sobre una supuesta cuenta oculta en Suiza del expresidente madrile?o Ignacio Gonz¨¢lez. Hubo reuniones al m¨¢s alto nivel, primero en el PP de Madrid y luego en el nacional. Se convoc¨® a uno de los denunciantes a una cita en el Congreso de los Diputados. Y nadie pregunt¨® m¨¢s ni denunci¨® nada. Faltaban medios para investigar internamente, seg¨²n adujeron los receptores de la denuncia cuando se conoci¨® el caso.

Casi cuatro a?os despu¨¦s, los dirigentes de la formaci¨®n conservadora explican con ese ejemplo la necesidad de impulsar la oficina del cargo popular, que fue aprobada en el Congreso Nacional de febrero de 2017. Estos interlocutores se?alan que ning¨²n otro partido tiene una estructura similar, aunque defienden que el PP no puede sustituir las labores de investigaci¨®n de jueces, fiscales y polic¨ªas.

Al tiempo, tambi¨¦n subrayan que la oficina tendr¨¢ la capacidad de notificar cualquier sospecha corroborada con pruebas documentales a las distintas administraciones ¡ªcomo por ejemplo a la oficina de conflictos de intereses¡ª, o a la fiscal¨ªa.

De hecho, la formaci¨®n de Rajoy aprob¨® en enero un reglamento disciplinario que recoge la obligatoriedad de denunciar los posibles delitos cometidos por sus afiliados que detecte a trav¨¦s de sus comit¨¦s de derechos y garant¨ªas.