El Supremo procesa por rebeli¨®n a Puigdemont, Junqueras, Turull y otros diez l¨ªderes independentistas

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El juez Pablo Llarena ha procesado por un delito de rebeli¨®n a 13 l¨ªderes del proc¨¦s: el expresidente Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras, siete exconsejeros (Joaquim Forn, Jordi Turull, Ra¨¹l Romeva, Clara Ponsat¨ª, Josep Rull, Toni Com¨ªn y Dolors Bassa), a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi S¨¤nchez, el de Omnium Cultural Jordi Cuixart, y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

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En el auto notificado este viernes, el juez procesa adem¨¢s a los otros cinco exmiembros del Gobierno catal¨¢n cuando sucedieron los hechos, Meritxell Borr¨¤s, Lluis Puig, Carles Mund¨®, Santi Vila y Meritxell Serret, por delitos de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, y de desobediencia. A Puigdemont, Junqueras y los siete exconsellers procesados por delito de rebeli¨®n tambi¨¦n les procesa por malversaci¨®n, sin perjuicio de que su calificaci¨®n pueda despu¨¦s formularse en el delito espec¨ªfico de malversaci¨®n (art¨ªculo 432 del C¨®digo Penal) o quedar absorbida en el tipoagravado de rebeli¨®n con distracci¨®n de caudales p¨²blicos contemplado en el art¨ªculo 473.2 del C¨®digo Penal.

Asimismo, el juez procesa por el delito de desobediencia a cinco exmiembros de la Mesa del Parlamento de Catalunya ¡ªLluis Mar¨ªa Corominas, Lluis Guin¨®, Anna Isabel Sim¨®, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet¡ª, as¨ª como a Mireia Boya, expresidenta del grupo parlamentario de la CUP, y a Anna Gabriel, exportavoz del mismo grupo. Llarena ha procesado a 25 de los 28 investigados y ha dejado fuera del auto de procesamiento al expresidente de la Generalitat Artur Mas, a la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, y a la expresidenta de la Asociaci¨®n de Municipios por la Independencia Neus Lloveras.

El juez fija una fianza de responsabilidad civil por importe de 2,1 millones de euros que deber¨¢ ser prestada solidariamente por los 14 exmiembros del antiguo Govern, es decir, Puigdemont, Junqueras, Forn, Turull, Romeva, Ponsat¨ª, Rull, Comin, Bassa, Borr¨¤s, Puig, Mund¨®, Vila y Serret. La cuant¨ªa se ha establecido sumando a 1,6 millones de euros, que el magistrado se?ala que fue el dinero que se emple¨® para sufragar el refer¨¦ndum del 1-0, m¨¢s el tercio de esa cuant¨ªa que debe a?adirse de acuerdo a la ley para este tipo de fianzas para asegurar responsabilidades econ¨®micas.

"Estrategia latente"

En su auto el juez detalla los hechos que se atribuyen a cada uno de los investigados y hace un relato las actuaciones llevadas a cabo por ellos en los ¨²ltimos seis a?os para romper con Espa?a. El instructor parte de que el proc¨¦s estaba basado en un concierto entre partidos pol¨ªticos y entidades soberanistas para llevar a cabo la ejecuci¨®n de un plan predeterminado con el objetivo de declarar la independencia de Catalu?a, al margen de la ley. Llarena entiende, adem¨¢s, que la estrategia independentista no ha muerto con la aplicaci¨®n del art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n y que sigue ¡°latente¡± y cada vez con ¡°mayor nitidez¡±. Seg¨²n el instructor, la ¡°estrategia criminal¡± est¨¢ pendiente de reanudaci¨®n una vez que se recupere el pleno control de las competencias auton¨®micas, ¡°pues el propio Libro Blanco contemplaba que en la eventualidad de que la independencia no fuera consentida por el Estado, dado que la suspensi¨®n del autogobierno no podr¨ªa tener car¨¢cter indefinido y mucho menos definitivo, la secesi¨®n se alcanzar¨ªa reanudando la desobediencia permanente al marco constitucional y legal y manteniendo una movilizaci¨®n ciudadana que terminar¨ªa por forzar al Estado a reconocer la nueva rep¨²blica¡±. En esta estrategia es en la que se ha basado Llarena hasta ahora para justificar el riesgo de reincidencia delictiva de los investigados que siguen presos y lo que tambi¨¦n justifica, se?ala el juez, ¡°que se adopten las determinaciones que garanticen que las instituciones retornadas vuelvan a funcionar con pleno respeto a la realidad constitucional¡±.

El magistrado sit¨²a el inicio de este concierto el 19 de diciembre de 2012, cuando el entonces candidato a la Presidencia de la Generalitat y l¨ªder de CIU Artur Mas firm¨® con el presidente de Esquerra Republica de Catalu?a Oriol Junqueras el ¡°Acuerdo para la Transici¨®n Nacional y para Garantizar la Estabilidad del Govern de Catalunya¡±, un acuerdo que determin¨® el nombramiento de Mas como presidente de la Generalitat. Llarena destaca la importancia del llamado ¡° Libro Blanco de la Transici¨®n Nacional de Catalu?a¡±, presentado p¨²blicamente por Artur Mas en septiembre de 2014, que proclam¨® la legitimidad del proceso de autodeterminaci¨®n de Catalu?a y que ha venido marcando desde entonces la hoja de ruta para el proceso de transici¨®n de Catalu?a hacia un pa¨ªs independiente.

Ese libro ¡°contempl¨® distintos procedimientos para la creaci¨®n del nuevo Estado, en funci¨®n de que la independencia pudiera alcanzarse mediante un marco de colaboraci¨®n negociada con el Gobierno espa?ol, o que, por el contrario, se desplegaran instrumentos de oposici¨®n a la independencia por parte del Estado¡±. ¡°Esto es, no era la independencia la consecuencia de una falta de negociaci¨®n con el Estado, sino el objetivo que pretend¨ªa alcanzarse en todo caso, primeramente mediante un acuerdo pactado y, en caso contrario, de manera unilateral y forzando al Gobierno a asumir una situaci¨®n de hecho que buscaba crearse¡±, afirma Llarena.

A la vez que el Govern y el Parlament desarrollaran el contenido del Libro Blanco, en marzo de 2015 se ampli¨® el concierto de actuaci¨®n ilegal ¡°a otras agrupaciones distintas de los partidos pol¨ªticos que conformaban la mayor¨ªa pol¨ªtica que prestaba soporte al Gobierno de la Generalidad y que hab¨ªan firmado el pacto de legislatura¡±. De este modo, a?ade el juez, se acord¨® una hoja de ruta respecto del proceso independentista entre los partidos pol¨ªticos CDC y Esquerra con las entidades soberanistas Omnium, ANC y la Asociaci¨®n de Municipios para la Independencia.

Llarena recuerda las sentencias del Tribunal Constitucional que el Govern y la Mesa del Parlament fueron desobedeciendo en funci¨®n de una estrategia que culmin¨® el 27 de octubre de 2017 con la declaraci¨®n unilateral de independencia aprobada en la C¨¢mara catalana.

Sobre el refer¨¦ndum ilegal del 1 de Octubre, el juez detalla la actuaci¨®n de consejeros como los de Sanidad, Educaci¨®n y Trabajo y Asuntos Sociales que, mediante determinadas decisiones administrativas, asumieron la responsabilidad propia de los directores de los locales dependientes de esas consejer¨ªas para asumir ¡°de manera directa¡± la responsabilidad de las decisiones relativas a su ubicaci¨®n y garantizar su disponibilidad como centros de votaci¨®n, as¨ª como la reuni¨®n previa que mantuvieron el 28 de septiembre de 2017, tres d¨ªas antes del 1-O, los Mossos d¡¯Esquadra con Puigdemont, Junqueras, y el Consejero de Interior Joaquim Forn donde los m¨¢ximos responsables policiales alertaron de la escalada de violencia y del riesgo que conllevaba la celebraci¨®n del refer¨¦ndum. Y ¡°pese a ello ¨C se?ala LLarena- la decisi¨®n de los miembros del Gobierno fue de que la votaci¨®n hab¨ªa de celebrarse¡±. El magistrado recoge en su auto todo el operativo llevado a cabo por los Mossos d¡¯ esquadra ante el 1 de Octubre, ¡°para boicotear el cumplimiento de la orden judicial por inacci¨®n¡±, con un despliegue de 7.000 agentes, cuando en jornadas electorales normales pasaban de 12.000.

En el reparto de papeles que Llarena considera que existi¨®, el juez explica la actuaci¨®n de los miembros de la Mesa del Parlament, as¨ª como el papel desarrollado por las entidades ANC y Omnium que asumieron, seg¨²n el juez ¡° la responsabilidad de impulsar la mayor aceptaci¨®n social de las iniciativas secesionistas, as¨ª como favorecer la creencia p¨²blica de que la proclamaci¨®n de la rep¨²blica era perfectamente viable, buscando, por ¨²ltimo, una intensa movilizaci¨®n¡±. Seg¨²n el juez, estas entidades han convocado durante estos a?os de forma ¡°permanente¡± actos y manifestaciones. Entre ellas, el juez enumera siete de ellos y destaca el que se produjo el 20 de septiembre de 2017 ante la sede de la Consejer¨ªa de vicepresidencia, Econom¨ªa y Hacienda de la Generalitat, en Barcelona, con motivo de los registros judiciales que se intentaban llevar a cabo en dicha sede en b¨²squeda de documentos sobre la convocatoria del refer¨¦ndum ilegal.

Llarena califica de ¡°asedio¡± a la Guardia Civil la situaci¨®n que se vivi¨® ese d¨ªa, cuando se congregaron hasta 60.000 manifestantes. La movilizaci¨®n impidi¨® que la Guardia Civil introdujera a los detenidos en el edificio y que se desarrollara con normalidad la orden judicial, ya que ¡°la muchedumbre rode¨® los veh¨ªculos de la Guardia Civil, que terminaron devastados y destrozados, interior y exteriormente. Las armas que se encontraban en el interior de los coches policiales quedaron al albur del vandalismo desplegado. Sobrevino el lanzamiento de objetos contra los agentes y, ni hubo un control policial de que la muchedumbre no invadiera el edificio en cualquier momento¡±, afirma el instructor, que recuerda que la secretaria judicial tuvo que salir por la azotea del inmueble de al lado. El juez atribuye la responsabilidad de estos hechos, que califica de "violentos enfrentamientos" a Jordi S¨¤nchez y Jordi Cuixart, como responsables de la convocatoria de la concentraci¨®n, y "el control que ejercieron sobre la misma".

El auto tambi¨¦n identifica y detalla parte de los ¡°m¨²ltiples actos de violencia¡± que se produjeron durante el 1 de octubre, y la amenaza ¡°de un uso a¨²n mayor de la violencia¡±, contra los agentes de polic¨ªa y los medios que utilizaban para intentar dar cumplimiento a la orden impartida por la Juez de Instrucci¨®n del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a para impedir la celebraci¨®n del refer¨¦ndum ilegal de independencia.

Por otro lado, la resoluci¨®n destaca que, conforme a la evaluaci¨®n hasta ahora practicada, los gastos p¨²blicos que necesariamente hab¨ªan de realizarse o comprometerse para la realizaci¨®n del refer¨¦ndum ascend¨ªan a un total de 1,6 millones de euros, con la siguiente distribuci¨®n: 224.834 euros de la campa?a de registro de catalanes en el extranjero para la emisi¨®n del voto; 277.804 euros relativos a la campa?a de publicidad y difusi¨®n de la convocatoria; 979.661 euros en materia de suministro de papeletas, censo electoral y citaciones de los miembros de mesas electorales; y 199.700 euros por la participaci¨®n de observadores internacionales.