Cerrojazo militar a los archivos de la Guerra Civil
El Ej¨¦rcito aplica retroactivamente la Ley de Secretos Oficiales a documentos hist¨®ricos hasta ahora de libre acceso
Los archiveros est¨¢n consternados, los investigadores perplejos. El Ej¨¦rcito de Tierra ha decidido echar el cerrojo a documentos que durante d¨¦cadas han sido de libre acceso para los historiadores. Desde principios de abril, coincidiendo con el 79? aniversario del final de la Guerra Civil, ya no se pueden consultar los documentos que lleven el sello de secreto o reservado, al margen de cu¨¢l sea su antig¨¹edad u origen.
La decisi¨®n afecta especialmente al Archivo General Militar de ?vila, el organismo de referencia para el estudio de la Guerra Civil espa?ola, junto al Centro Documental de la Memoria Hist¨®rica de Salamanca. Parte de la documentaci¨®n que se guarda en ?vila procede de los archivos de los Ej¨¦rcitos de ambos bandos, unificados por orden de Franco en 1939, de los fondos de la Divisi¨®n Azul y de las comisiones hist¨®ricas sobre el S¨¢hara, Gibraltar o Guinea Ecuatorial y han estado a disposici¨®n de los estudiosos pr¨¢cticamente desde el fin de la contienda.
Se da la paradoja de algunos documentos secretos que ya no podr¨¢n consultarse fueron clasificados por el Gobierno de la II Rep¨²blica o el Estado Mayor del Ej¨¦rcito popular.
Un portavoz del Ej¨¦rcito de Tierra asegura que la decisi¨®n responde a una consulta elevada por el Instituto de Historia y Cultura Militar (IHCM) al Estado Mayor del Ej¨¦rcito sobre el tratamiento que deb¨ªa darse a la documentaci¨®n hist¨®rica que tuviera el sello de secreto o reservado.
El criterio, adoptado en 2016 y reiterado en enero pasado, ¡°fue el de que todo documento con marca de clasificaci¨®n deber¨ªa tratarse como documento clasificado, excepto si el documento conten¨ªa referencias concretas a la validez temporal de la clasificaci¨®n¡±. Esta decisi¨®n, agrega el mismo portavoz, no se limita a los archivos de la Guerra Civil, sino que afecta a toda la documentaci¨®n custodiada por el Ej¨¦rcito.
Es decir, de la noche a la ma?ana se ha decidido aplicar retroactivamente la ley franquista de Secretos Oficiales de 1968 a documentos clasificados d¨¦cadas e incluso siglos antes.
El PP quiere prorrogar tres a?os el cierre
Es probable que la idea de que la Ley de Secretos Oficiales de 1968 puede aplicarse retroactivamente a los documentos hist¨®ricos de etapas anteriores no se le ocurriera al Ej¨¦rcito por s¨ª mismo. En las enmiendas que el PP ha presentado a la reforma de dicha ley, a tr¨¢mite en el Congreso, se dice que ¡°la informaci¨®n clasificada con anterioridad a la ley de 1968 se desclasificar¨¢ autom¨¢ticamente a los tres a?os de la entrada en vigor de esta ley¡±.
Es decir, el PP asume expresamente que los documentos de la Guerra Civil o de la de Cuba siguen siendo secretos, lo que lo que los expertos no comparten, y prorroga el cierre de los archivos hist¨®ricos, hasta ahora de acceso p¨²blico, hasta el a?o 2022 en el mejor de los casos.
El Ej¨¦rcito asegura que su objetivo no es ¡°impedir o dificultar la investigaci¨®n cient¨ªfica de ning¨²n periodo de la historia¡±, pero reconoce que el resultado de la decisi¨®n ha sido ¡°la denegaci¨®n de acceso a los investigadores a una documentaci¨®n hist¨®rica hasta ahora a su disposici¨®n¡±.
Asegura que persigue ¡°ajustar a la normativa vigente situaciones que pudieran no haberlo estado con anterioridad¡± (es decir, que lo ilegal ser¨ªa haber dejado hasta ahora consultar estos documentos) y que se trata de ¡°una medida de car¨¢cter temporal¡±, mientras se aprueba la reforma de la Ley de Secretos Oficiales a tr¨¢mite en el Congreso.
La decisi¨®n se ha tomado en contra del criterio de los t¨¦cnicos. Antonio Gonz¨¢lez Quintana, portavoz de la asociaci¨®n Archiveros Espa?oles en la Funci¨®n P¨²blica (AEFP) tacha la medida de ¡°incre¨ªble¡± y ¡°carente de cualquier base legal o fundamento jur¨ªdico¡±. Gonz¨¢lez, que de 1994 a 2003 fue jefe de la Unidad de Archivos Militares de Defensa, asegura que supone un retroceso de d¨¦cadas en la normalizaci¨®n y homologaci¨®n de los archivos del Ej¨¦rcito.
Se da la paradoja de que mientras Defensa impide consultar esos documentos, el archivo de Salamanca, dependiente de Cultura, permite acceder a miles de informes secretos. Adem¨¢s, la medida no figura en ning¨²n decreto, orden ministerial, circular o instrucci¨®n. Se trata de una orden verbal, lo que deja a los archiveros e investigadores en una situaci¨®n de indefensi¨®n.
Mientras, Defensa guarda silencio, como si interpretar la ley de Secretos Oficiales fuese competencia del Ej¨¦rcito.
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