El juez Llarena admite que se pueda rebajar a sedici¨®n la acusaci¨®n por el ¡®proc¨¦s¡¯

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena abri¨® ayer por primera vez la puerta a que los l¨ªderes del proc¨¦s no sean juzgados por rebeli¨®n sino por sedici¨®n o conspiraci¨®n para la rebeli¨®n, delitos castigados con c¨¢rcel pero con penas inferiores. El instructor expone esta opci¨®n en el auto en el que confirma el procesamiento de Carles Puigdemont y toda la c¨²pula independentista. Llarena se reafirma en que hubo violencia y en que los datos que ha remitido Hacienda sostienen el delito de malversaci¨®n del que se acusa al anterior Govern.

El juez Llarena rechaz¨® ayer los recursos presentados por 23 l¨ªderes independentistas investigados y confirm¨® el auto de procesamiento que ¨¦l mismo dict¨® en marzo pasado por delitos de rebeli¨®n, malversaci¨®n de caudales p¨²blicos y desobediencia contra la c¨²pula independentista, incluidos Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de miembros de su Gobierno destituidos por la aplicaci¨®n del art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n.

El juez confirma el procesamiento por rebeli¨®n de los principales l¨ªderes independentistas, pero abre la puerta a que los procesados no sean finalmente acusados y juzgados por rebeli¨®n sino por sedici¨®n o conspiraci¨®n para la rebeli¨®n, delitos castigados con penas de c¨¢rcel pero inferiores (siete a?os y medio como m¨¢ximo la conspiraci¨®n y 15 la sedici¨®n, frente a los 30 de la rebeli¨®n).

Esta opci¨®n hab¨ªa sido se?alada hasta el momento varias veces por la Sala de Apelaciones, pero el instructor de la causa nunca la hab¨ªa recogido en sus escritos. Lo hace ahora, despu¨¦s de que Alemania haya rechazado entregar a Puigdemont por rebeli¨®n, lo que ha llevado a que desde la Fiscal¨ªa y desde el propio Supremo se plantee la posibilidad de que haya que cambiar los delitos por los que se pide la entrega del expresidente catal¨¢n, ya que tanto la sedici¨®n como, sobre todo, la conspiraci¨®n para la rebeli¨®n tienen mejor encaje en el C¨®digo Penal alem¨¢n (el art¨ªculo 83 regula ¡°la preparaci¨®n a una alta traici¨®n¡±).

Llarena, con todo, insiste en que en las concentraciones registradas ante la Consejer¨ªa de Econom¨ªa el 20 de septiembre y durante la jornada del refer¨¦ndum independentista del 1 de octubre se registraron varios episodios violentos que justifican el procesamiento por rebeli¨®n. Como una de las pruebas de la ¡°envergadura¡± de la violencia que se ejerci¨® durante ¡°la insurrecci¨®n¡±, el magistrado destaca que, dos d¨ªas despu¨¦s de la votaci¨®n y de que se impulsaran nuevas movilizaciones con cortes de carreteras, el rey Felipe VI, como jefe del Estado, dirigi¨® un mensaje a la Naci¨®n y reclam¨® al Gobierno de la Generalitat que respetara el orden constitucional democr¨¢tico, y apel¨® a todos los funcionarios del Estado y de las Comunidades Aut¨®nomas a que cumplieran con sus obligaciones constitucionales.

Pruebas de malversaci¨®n

La rebeli¨®n es el delito m¨¢s grave que se atribuye a la c¨²pula del proc¨¦s y el que vertebra la causa abierta en el Supremo, pero desde que en marzo pasado se dict¨® el auto de procesamiento han surgido tambi¨¦n dudas sobre la malversaci¨®n, el otro delito que se atribuye a Puigdemont y su equipo. Las dudas han venido tanto desde el tribunal que estudia la entrega del expresidente catal¨¢n como a ra¨ªz de unas declaraciones del ministro de Hacienda, Crist¨®bal Montoro, que descart¨® que la Generalitat usara dinero p¨²blico para el refer¨¦ndum ilegal del 1 octubre.

Los procesados alegaron en sus recursos que las declaraciones del ministro hacen insostenible el procesamiento por malversaci¨®n, un extremo que el juez rechaza. Llarena pidi¨® a Montoro la grabaci¨®n completa de la entrevista en la que pronunci¨® estas palabras y, seg¨²n el juez, esas afirmaciones ¡°fueron acompa?adas de una serie de matizaciones¡± que los investigados ¡°silencian¡± y que implican la ¡°posibilidad material¡± de que el Govern pudiera haber cometido un fraude aportando, por ejemplo, facturas falsas.

La informaci¨®n que ha entregado Hacienda, seg¨²n el instructor, tambi¨¦n incide en la posibilidad de que hubiera malversaci¨®n, como prueba el hecho de que el Ministerio de Montoro se person¨® como acusaci¨®n en la causa del Supremo a trav¨¦s de la Abogac¨ªa del Estado. Seg¨²n Llarena, algunos de los indicios de fraude surgidos con ocasi¨®n del control presupuestario y denunciados en su d¨ªa ante la Fiscal¨ªa General del Estado, ¡°son coincidentes¡± con los hechos que sostiene la investigaci¨®n que ¨¦l ha dirigido.

En su auto, aglutina los indicios del presunto delito de malversaci¨®n investigado, tanto los que exist¨ªan cuando se dict¨® el auto de procesamiento como los reunidos en la pieza secreta que se levant¨® despu¨¦s de esa fecha. As¨ª, enumera las pruebas reunidas en lo que se refiere a los costes relacionados con la publicidad del refer¨¦ndum en los medios de comunicaci¨®n p¨²blicos (una campa?a en abril 2017 con el eslogan ¡°s¨ª o no¡± sobre el mapa de Catalunya y otra campa?a el 4 de septiembre de 2017 para fomentar participaci¨®n en la votaci¨®n del 1-O), la distribuci¨®n de documentaci¨®n electoral, los sobres para remisi¨®n de cartas certificadas, los gastos de folletos de propaganda y carteler¨ªa, as¨ª como los gastos derivados de la intervenci¨®n de una pluralidad de observadores internacionales (pagos en el extranjero a la sociedad neerlandesa ¡°The Hague Centre for Estrategic Studies¡± y gastos de DIPLOCAT).

Con este auto, el juez desestima los recursos de reforma interpuestos por 23 procesados y por la acusaci¨®n particular ejercida por el partido pol¨ªtico VOX contra el auto en el que acord¨® el procesamiento por un delito de rebeli¨®n del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, del exvicepresidente Oriol Junqueras, de siete exconsellers -Joaquin Forn, Jordi Turull, Ra¨¹l Romeva, Clara Ponsat¨ª, Josep Rull, Antonio Com¨ªn y Dolors Bassa-, de la expresidenta del Parlamento catal¨¢n Carme Forcadell, del expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi S¨¢nchez, del de Omnium Cultural Jordi Cuixart, y de la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

El magistrado proces¨® por delitos de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos y de desobediencia a los otros cinco exconsellers del Gobierno catal¨¢n -Meritxell Borr¨¢s, Lluis Puig, Carles Mund¨®, Santi Vila y Meritxell Serret-. Tambi¨¦n acord¨® el procesamiento por malversaci¨®n, de los procesados por el delito de rebeli¨®n -Puigdemont, Junqueras y siete exconsellers. Los cinco exmiembros de la Mesa del Parlament -Luis Mar¨ªa Corominas, Lluis Guin¨®, Anna Isabel Sim¨®, Ramona Barrufet, y Joan Josep Nuet-, as¨ª como la expresidenta del grupo parlamentario de la CUP, Mireia Boya, y la exportavoz Anna Gabriel fueron procesados por un delito de desobediencia.

En cuanto al recurso de Vox, que reclamaba incluir en el procesamiento al expresidente de la Generalitat Artur Mas y a la presidenta de la Asociaci¨®n de Municipios por la Independencia, Neus Lloveras, el juez lo rechaza porque en la investigaci¨®n no se ha incorporado ninguna prueba que les vincule suficientemente ni con el ejercicio de la violencia desplegada ni con que previeran su utilizaci¨®n en el momento en el que desplegaron su actuaci¨®n.