El conflicto en las prisiones se le complica a Zoido

El conflicto laboral que protagonizan los funcionarios de prisiones se encona. Tras las graves lesiones sufridas por uno de los trabajadores penitenciarios durante una carga policial el pasado 17 de mayo ante las puertas de la c¨¢rcel sevillana de Mor¨®n, donde reclamaba junto a sus compa?eros la equiparaci¨®n salarial, los tres principales sindicatos del colectivo ¡ªACAIP, CC OO y UGT¡ª han anunciado nuevas movilizaciones. Siguen reclamando la apertura de una mesa de negociaci¨®n con el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, para abordar la equiparaci¨®n salarial, pero en esta ocasi¨®n el ambiente llega caldeado despu¨¦s de que por las redes sociales hayan circulado en los ¨²ltimos d¨ªas im¨¢genes de los incidentes de Mor¨®n. Los funcionarios de prisiones no han ahorrado reproches hacia polic¨ªas y guardias civiles, a los que los ellos apoyaron cuando reclamaron la equiparaci¨®n salarial y a cuyos mandos ahora acusan de emplearse con excesiva dureza en sus protestas.

Este martes est¨¢ convocado un paro de 15 minutos en todos los establecimientos penitenciarios en repulsa por las lesiones sufridas por el trabajador bajo el lema 'Ministro, a palos no. Todos somos Dani', en referencia al funcionario herido. Adem¨¢s, a partir de ese d¨ªa y hasta el viernes, continuar¨¢n con las concentraciones a primera hora de la ma?ana ¡ªcoincidiendo con el cambio de turno¡ª a las puertas de once prisiones con el corte de las carreteras de acceso. El primer d¨ªa ser¨¢ el turno de los centros penitenciarios de Ja¨¦n y Logro?o. Le seguir¨¢n los de Valdemoro y Castell¨®n, el mi¨¦rcoles; las tres del Puerto de Santa Mar¨ªa (C¨¢diz), Asturias y Aranjuez, el jueves; y Teruel y Lanzarote, el viernes.

Seg¨²n detallan en un comunicado hecho p¨²blico este lunes, los representantes sindicales de los trabajadores justifican las movilizaciones en el "olvido y menosprecio" que aseguran sufrir por parte del departamento que encabeza Zoido. Los tres sindicatos aseguran que su objetivo es "obligar al Gobierno" a abrir una mesa de negociaci¨®n "que ponga fin a la insostenible situaci¨®n que atraviesa la Instituci¨®n Penitenciaria" y que tildan de "la etapa m¨¢s decadente de prisiones de toda la democracia". En anteriores comunicados han reclamado tambi¨¦n de manera insistente el cese del secretario general de Instituciones Penitenciarios, ?ngel Yuste.

El origen de la propuesta est¨¢ en la divisi¨®n que Interior hace de las prisiones en diferentes categor¨ªas y que determina el salario de los 25.000 trabajadores penitenciarios. As¨ª, aquellos destinados en las tres prisiones del Pa¨ªs Vasco y la de Navarra ¡ªtodas ellas denominadas de "categor¨ªa especial"¡ª tienen un salario que puede ser superior a los 600 euros mensuales respecto al que perciben los que desempe?an su labor en las c¨¢rceles de "categor¨ªa 2", como son las de Cuenca, Teruel, Albacete, Alcal¨¢ de Guadaira y Alc¨¢zar de San Juan, adem¨¢s de once Centros de Inserci¨®n Social (CIS).?

Los sindicatos consideran que este sistema ¡ªheredado de la etapa en la que ETA convirti¨® a los funcionarios de prisiones en objetivo de sus atentados¡ª est¨¢ superado en la actualidad y que la peligrosidad de las c¨¢rceles es similar en toda Espa?a a la vista de los datos de agresiones. Por ello, reclaman que todos los trabajadores penitenciarios perciban el mismo salario y que este debe ser el que actualmente reciben los funcionarios destinados en los centros del Pa¨ªs Vasco y Navarra. Seg¨²n sus primeras estimaciones, el impacto de estas reivindicaciones salariales es de 120 millones de euros.

Una cifra que, aseguraban este lunes en un comunicado, es inferior a la que el ministerio lleva gastada en la privatizaci¨®n de la vigilancia exterior de los centros penitenciarios puesta en marcha en la etapa de Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz al frente de Interior. Los sindicatos denuncian que esta inversi¨®n y la decisi¨®n de dejar vacantes cerca de 3.400 plazas de funcionarios de prisiones encubren la intenci¨®n del Ejecutivo de Mariano Rajoy de "degradar el servicio p¨²blico penitenciario y orientarlo a su privatizaci¨®n".