El juez manda al banquillo a dos ex cargos p¨²blicos del PP en el segundo juicio del ¡®caso P¨²nica¡¯

El titular del Juzgado Central de Instrucci¨®n 6, Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, ha dictado el auto por el que ordena la apertura de juicio contra seis personas por la trama leonesa del caso P¨²nica. Ser¨¢ la segunda vista de esta macrocausa de corrupci¨®n en la que hasta ahora solo se ha juzgado la pieza del chivatazo a Francisco Granados, en la que este fue condenado a dos a?os de c¨¢rcel. Entre los que se sentar¨¢n ahora en el banquillo se encuentran dos excargos p¨²blicos del PP: el que fuera presidente de la Diputaci¨®n de Le¨®n y actualmente alcalde independiente del municipio de Cuadros, Marcos Mart¨ªnez Baraz¨®n, y el regidor de la localidad de Puebla de Lillo, Pedro Vicente S¨¢nchez, que fue expulsado del partido tras su imputaci¨®n. La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n pide para ellos ocho y siete a?os de prisi¨®n, respectivamente.

Junto a ellos, est¨¢n procesados el exinterventor de la Diputaci¨®n, Manuel Jes¨²s L¨®pez, y tres supuestos integrantes de la red de corrupci¨®n, el inform¨¢tico Alejandro de Pedro, su socio y exalcalde socialista de Cartagena, Jos¨¦ Antonio Alonso Conesa, y una empleada del primero, Guadalupe Carrascosa. Todos ellos est¨¢n acusados de desviar fondos p¨²blicos para pagar trabajos privados de reputaci¨®n online de Mart¨ªnez Baraz¨®n y su antecesora, Isabel Carrasco -asesinada en mayo de 2014-, y del ama?o frustrado de una adjudicaci¨®n en una estaci¨®n de esqu¨ª de la provincia.

En el auto, que se entreg¨® este mi¨¦rcoles a los seis inculpados, se recogen las acusaciones de la Fiscal¨ªa para todos ellos. As¨ª, a Mart¨ªnez Baraz¨®n -que durante la instrucci¨®n de la causa lleg¨® a estar acusado de siete delitos- se le atribuye malversaci¨®n, fraude y tr¨¢fico de influencias; mientras que los restantes se sientan en el banquillo por los dos primeros delitos, salvo Guadalupe Carrasco, que lo hace solo por el de malversaci¨®n. Para los dos pol¨ªticos, Anticorrupci¨®n plantea tambi¨¦n la pena alternativa de cohecho. Las penas que solicita Anticorrupci¨®n van desde los ocho para el expresidente de la diputaci¨®n a los tres a?os y cinco meses para la empleada de De Pedro y Alonso Conesa.

Tambi¨¦n est¨¢n procesadas como personas jur¨ªdicas dos empresas de estos ¨²ltimos, Madiva Editorial y Publicidad SA y Eico On Line SA. A todos ellos les pide una fianza de responsabilidad civil conjunta de 171.000 euros. La acusaci¨®n popular tambi¨¦n ped¨ªa que se sentaran en el banquillo otras dos personas ligadas a estas sociedades, pero el magistrado ha sobrese¨ªdo la causa contra ellas.

La investigaci¨®n apunta a que las empresas de De Pedro y Alonso Conesa recibieron entre abril de 2012 y septiembre de 2014 un total de 97.740 euros por realizar trabajos privados de reputaci¨®n en Internet para los dos ¨²ltimos presidentes de la Diputaci¨®n de Le¨®n y que dicha cantidad se pag¨® con dinero p¨²blico. 86.850 correspondieron a trabajos para la fallecida Isabel Carrasco, mientras que con los 10.890 restantes se intent¨® mejorar la imagen de su sucesor, Mart¨ªnez Baraz¨®n.

Estos servicios no se facturaron como tales, sino que presuntamente se camufl¨® su pago mediante la inserci¨®n de banners publicitarios en un medios digitales de Alejandro de Pedro como Le¨®n Actualidad, Noticias Ponferrada, Astorga Actualidad y Ahora Cistierna, todos ellos sin apenas seguidores y en los que no trabajaban periodistas. Los contenidos de estos diarios digitales zombis se alimentaban con las notas de prensa que facilitaba el gabinete de prensa de la propia Diputaci¨®n.

Adem¨¢s, las pesquisas de la Guardia Civil se?alan que De Pedro tambi¨¦n se encarg¨® de ¡°trasladar a personas notorias e influyentes del Partido Popular¡± como Carlos Floriano y la secretaria general, Dolores de Cospedal, informaciones favorables sobre Mart¨ªnez Baraz¨®n para conseguir que el partido lo mantuviera como presidente del PP en la provincia de Le¨®n.

La investigaci¨®n a?ade a las irregularidades de la trama leonesa de P¨²nica el supuesto ama?o frustrado por las detenciones de octubre de 2014 de varios concursos relacionados con la estaci¨®n de esqu¨ª de San Isidro y que iban a ser adjudicados a una empresa presuntamente elegida por De Pedro. En este sentido, las pesquisas han localizado los pliegos con las observaciones "en color rojo para que las cambiasen los funcionarios de la Administraci¨®n" y, de este modo, los contratos se los llevase una de las dos empresas elegidas por la trama para concurrir. El sumario apunta a que el propio Mart¨ªnez Baraz¨®n "participar¨ªa en una de las sociedades que tomar¨ªa parte en el proceso de licitaci¨®n de los contratos de la estaci¨®n invernal para acabar adjudic¨¢ndoselo".