Espa?a afronta una multa millonaria por depurar mal las aguas urbanas

En los ¨²ltimos 27 a?os ha dado tiempo para que Espa?a tenga tres presidentes socialistas y dos populares. Pero ninguno de estos Ejecutivos del PP y del PSOE ha cumplido completamente con la directiva sobre el correcto tratamiento de las aguas residuales urbanas. La norma data de mayo de 1991. Y, tras un sinf¨ªn de avisos de Bruselas, cartas de emplazamiento e, incluso, condenas ¨Caunque sin sanciones¨C, la primera multa por los incumplimientos sostenidos de la normativa comunitaria est¨¢ previsto que llegue este mi¨¦rcoles desde el Tribunal de Justicia de la UE. Y ser¨¢ millonaria, como han reconocido el Ejecutivo espa?ol y la Comisi¨®n.

Espa?a se unir¨¢ as¨ª al club de pa¨ªses de la Uni¨®n Europea ¨Centre los que figuran ya B¨¦lgica, Luxemburgo, Grecia, Portugal e Italia¨C sancionados por estos mismos incumplimientos.

Cuando la ministra para la Transici¨®n Ecol¨®gica, la socialista Teresa Ribera, lleg¨® al cargo sab¨ªa lo que se ven¨ªa encima. "Estamos a punto de recibir la notificaci¨®n de multas coercitivas muy importantes por el incumplimiento de las obligaciones de saneamiento y depuraci¨®n", adelantaba en una entrevista a EL PA?S. Unos d¨ªas despu¨¦s, en el Congreso de los Diputados, insisti¨® en la misma idea y en "los deficientes y preocupantes niveles de depuraci¨®n de aguas residuales" de Espa?a. La ministra Ribera propuso "un plan de choque". El anterior Ejecutivo ya declar¨® algunas depuradoras de "inter¨¦s general" para asumir las costosas obras de construcci¨®n de esas instalaciones, que requieren de varios millones de euros de inversi¨®n.

Norma de 1991

Espa?a tiene abiertos cuatro expedientes por incumplimientos de aquella directiva de tratamientos de las aguas residuales urbanas de los a?os noventa. El expediente sobre el que se pronunciar¨¢ este mi¨¦rcoles el Tribunal de Justicia de la UE y que acarrear¨¢ esa primera sanci¨®n hace referencia a las obligaciones que ten¨ªan que cumplir las aglomeraciones urbanas de m¨¢s de 15.000 habitantes ¨Cla norma era m¨¢s o menos estricta en funci¨®n del tama?o de las localidades¨C. La directiva de 1991 establec¨ªa que los municipios de m¨¢s de 15.000 habitantes ten¨ªan que cumplir con una serie de requisitos sobre colectores y tratamiento para evitar que se vertieran aguas residuales sin control a los r¨ªos o mares. Y la fecha tope que se daba era el 1 de diciembre de 2000.

Lleg¨® 2008 y los Ayuntamientos y comunidades aut¨®nomas de Espa?a no hab¨ªan cumplido. La Comisi¨®n Europea demand¨® entonces al pa¨ªs ante el Tribunal de Justicia. Espa?a fue condenada en 2011 por el incumplimiento en 37 aglomeraciones de m¨¢s de 15.000 habitantes.

Pero, como ocurre en los procesos sancionadores de la UE, la primera condena es solo un aviso; no acarrea multa alguna. La Comisi¨®n dio a Espa?a un nuevo plazo para que esos 37 municipios cumplieran con la directiva de 1991. El plazo expir¨® el 31 de julio de 2013 y 17 aglomeraciones ¨Ccon una poblaci¨®n aproximada de 1,4 millones¨C segu¨ªan sin depurar correctamente, explican fuentes de la Comisi¨®n.

Bruselas esper¨® a¨²n casi cuatro a?os m¨¢s para llevar a Espa?a ante la justicia. Pero, tras constatar el "deficiente progreso registrado", demand¨® a Espa?a en abril de 2017.

Esta vez s¨ª iba en serio. La Comisi¨®n ped¨ªa una sanci¨®n "a tanto alzado" que supondr¨ªa m¨¢s de 50 millones de euros. Adem¨¢s, mientras persistan los problemas en todas las localidades denunciadas, Bruselas solicitaba una multa diaria de 171.217,2 euros. Ser¨¢ el Tribunal de Justica el que tenga que imponer hoy las sanciones.

El pasado 19 de abril, cuando se celebr¨® la vista oral del caso, la Comisi¨®n asegur¨® que a¨²n persisten los incumplimientos en nueve de los 17 casos, detallan fuentes comunitarias. Se trataba de siete casos en Andaluc¨ªa, uno en Asturias y otro en Canarias. La defensa de Espa?a, sin embargo, rebaj¨® esa cifra a siete, seg¨²n explican las mismas fuentes.

Ya sean siete o nueve, el incumplimiento persiste. Y en algunos casos parece que va para largo. Por ejemplo, en Barbate (C¨¢diz) o en el n¨²cleo de Matalasca?as, en pleno espacio natural de Do?ana. En ninguno de estos dos casos se han iniciado las obras. En otros, como la depuradora de Gij¨®n Este, la planta est¨¢ construida pero paralizada en los tribunales tras varios pleitos y pronunciamientos de los tribunales espa?oles.

Cuando hace un par de a?os la Comisi¨®n anunci¨® esta demanda, Bruselas record¨® que "las autoridades auton¨®micas deben garantizar que las aguas residuales urbanas sean debidamente recogidas y tratadas". Pero es al Estado ¡ªque al final se hizo cargo de muchas de las obras¡ª al que sanciona el Tribunal de Justicia. La Comisi¨®n tambi¨¦n resalt¨® entonces que "la falta de un nivel adecuado de recogida y tratamiento de las aguas residuales plantea riesgos significativos para la salud humana, las aguas interiores y el medio marino".