La fiscal¨ªa pide imputar al presidente canario por prevaricaci¨®n

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) tendr¨¢ que decidir si llama a declarar al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, de Coalici¨®n Canaria, por el conocido como caso Gr¨²as, que surge por la denuncia de los partidos de la oposici¨®n del Ayuntamiento de La Laguna (Tenerife), Unidos Se Puede y Nueva Canarias, y que ha sido archivado en dos ocasiones y en otras tantas se ha vuelto a reabrir a petici¨®n de los partidos denunciantes. Ni la juez instructora ni el fiscal hab¨ªan visto indicio alguno de delito, raz¨®n por la que el caso fue archivado.

Sin embargo, ahora el mismo fiscal, Santiago S¨¢nchez L¨®pez, ve indicios de prevaricaci¨®n y malversaci¨®n en la decisi¨®n del entonces alcalde de La Laguna de levantar parcialmente un reparo del interventor y aportar 120.000 euros para que no quebrara el servicio municipal de gr¨²as.

El dinero p¨²blico destinado a rescatar la empresa fue recuperado con intereses y antes del plazo establecido. Sin embargo, en el informe, al que ha tenido acceso EL PA?S, el fiscal basa su argumentaci¨®n en que falt¨® poner un plazo de devoluci¨®n del pr¨¦stamo y la garant¨ªa y no entra a valorar que el dinero fue devuelto antes del plazo previsto sin que se produjera un quebranto patrimonial a las arcas del municipio.

Del mismo modo, la fiscal¨ªa toma en consideraci¨®n que el interventor municipal inform¨® de la inexistencia de una regulaci¨®n expresa que permitiera a una Corporaci¨®n local conceder un pr¨¦stamo al concesionario de un servicio y advierte de que Clavijo, en el decreto necesario para realizar la operaci¨®n, "no establece plazo alguno para la devoluci¨®n del mismo".

El fiscal considera que en la actuaci¨®n del actual presidente canario se produjo "una total ausencia de tutela del patrimonio p¨²blico, al autorizar el citado pr¨¦stamo sin regulaci¨®n legal, plazo y fianza para garantizar su devoluci¨®n". En este sentido, cabe recordar que se trata del mismo fiscal que hace un a?o solicit¨® el archivo de las diligencias practicadas contra Clavijo, petici¨®n que fue secundada por parte de la jueza responsable del caso, pero que fue revocada por la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife al entender que no se hab¨ªa investigado suficientemente. Ahora el fiscal s¨ª aprecia indicios de los delitos de prevaricaci¨®n y malversaci¨®n por lo que ser¨¢ el Tribunal Superior de Justicia el que decida si llama a declarar al presidente canario.

La privatizaci¨®n del servicio de gr¨²as se remonta a febrero de 2004. Seg¨²n los diferentes testigos que han comparecido en el juzgado, el Consistorio no tuvo otra opci¨®n que conceder un pr¨¦stamo a la empresa pese a los reparos de la Intervenci¨®n debido a que se pon¨ªa en riesgo el servicio p¨²blico.