El expresidente de Murcia, absuelto del ¡®caso Pasarelas¡¯ por la ¡°indolencia¡± en la instrucci¨®n
El magistrado dej¨® transcurrir el plazo de seis meses sin tomar declaraci¨®n a Pedro Antonio S¨¢nchez y la fiscal¨ªa pidi¨® tarde la declaraci¨®n de causa compleja


La ¡°indolencia¡± de la jueza instructora y de la fiscal¨ªa ha provocado la absoluci¨®n del expresidente de la Regi¨®n de Murcia Pedro Antonio S¨¢nchez, del PP, en un caso de presunta corrupci¨®n. El pol¨ªtico se ha beneficiado de la limitaci¨®n a seis meses de la instrucci¨®n de las causas penales aprobada por su partido en 2015. La jueza Mar¨ªa del Carmen Torres Buitrago dej¨® pasar los seis meses sin tomar declaraci¨®n a los investigados y la fiscal¨ªa pidi¨® tarde la ampliaci¨®n del plazo de investigaci¨®n.
La decisi¨®n de absolver al expresidente murciano la ha tomado este jueves la Secci¨®n Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia en la sesi¨®n preliminar del juicio del caso Pasarelas, la primera de las tres causas judiciales que S¨¢nchez ten¨ªa pendientes y que le llevaron a dimitir en abril de 2017. Tanto el abogado defensor del expresidente, Jos¨¦ Antonio Chocl¨¢n, como el del arquitecto Mart¨ªn Lej¨¢rraga, el otro implicado en el caso, solicitaron la nulidad del proceso y la absoluci¨®n de sus defendidos por ese defecto de forma en los plazos.
Chocl¨¢n aport¨® varias sentencias recientes del Tribunal Supremo y de las Audiencias Provinciales de Madrid y Barcelona en ese sentido y critic¨® que a lo largo de este proceso judicial, que comenz¨® en 2016, se han vulnerado los derechos fundamentales del expresidente porque el caso ya fue archivado y abierto de nuevo a pesar de que los plazos estaban vencidos.
Para entender esta situaci¨®n, hay que recordar que el caso Pasarelas surgi¨® como una escisi¨®n del caso Auditorio, uno de los procesos que S¨¢nchez a¨²n tiene abierto por su gesti¨®n como alcalde de Puerto Lumbreras. La jueza instructora de ese caso, Consuelo Andreo, apreci¨® indicios de delito en la contrataci¨®n de Lej¨¢rraga en 2006 para reconstruir y embellecer un puente y una pasarela sobre la rambla de Nogalte. Para ello, S¨¢nchez supuestamente dividi¨® los trabajos en varios contratos, todos por valor inferior a 12.000 euros, con lo que no era obligatorio sacarlos a concurso p¨²blico, aunque juntos sumaban m¨¢s de 54.000.
Andreo orden¨® deducir testimonio y el Juzgado Decano de Lorca envi¨® el caso al juzgado de Instrucci¨®n 3 de esa localidad, que abri¨® diligencias previas el 14 de julio de 2016. Sin embargo, el instructor no llev¨® a cabo ninguna actuaci¨®n, m¨¢s all¨¢ de remitir la documentaci¨®n al fiscal anticorrupci¨®n, Juan Pablo Lozano, para que propusiera pruebas.
El siguiente paso en el proceso judicial se dio el 16 de enero de 2017, cuando el fiscal solicit¨® declarar la complejidad de la causa. Hab¨ªan pasado seis meses y dos d¨ªas desde la apertura de diligencias, as¨ª que el instructor en ese momento, Antonio Morente, decidi¨® archivar la causa por haber expirado el plazo que fija la ley.
Sin embargo, el fiscal y las acusaciones populares recurrieron la decisi¨®n ante la Audiencia Provincial de Murcia y su Secci¨®n Segunda decidi¨® reabrir la causa y reenviarla de nuevo a Lorca el 28 de noviembre de 2017. La Sala estim¨® entonces que el plazo de seis meses fijado en la ley es orientativo pero, en ning¨²n caso supon¨ªa el archivo de la causa.
Morente s¨ª inici¨® entonces las diligencias y tom¨® declaraci¨®n a una decena de testigos y al propio S¨¢nchez en marzo de 2018. El 9 de mayo orden¨® la apertura de juicio oral contra el pol¨ªtico por prevaricaci¨®n y falsedad y remiti¨® el caso a la Audiencia Provincial, en este caso, a la Secci¨®n Tercera, la que este jueves ha decidido absolver a S¨¢nchez.
El presidente del tribunal, ?lvaro Casta?o-Penalva, ha considerado que hubo una ¡°indolencia¡± en la instrucci¨®n del caso, puesto que en esos seis meses no se lleg¨® siquiera a tomar declaraci¨®n a los acusados. En su opini¨®n, se trata de un error atribuible a la Administraci¨®n de Justicia que no debe repercutir de forma desfavorable en los investigados, por lo que decidi¨® absolver al expresidente en la sesi¨®n preliminar del juicio para no alargar el proceso.
Derogaci¨®n de la ley
Las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales pidieron el pasado 30 de noviembre por carta al presidente del Gobierno, Pedro S¨¢nchez, que derogue, mediante un real decreto ley, el art¨ªculo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que entr¨® en vigor en diciembre de 2015 y que limita a un plazo de seis meses la investigaci¨®n de las causas penales y a 18 meses, prorrogables a otros 18, aquellas causas declaradas complejas. Las asociaciones reclaman este cambio legal ¡°para evitar impunidad¡± por el archivo de las causas, como ha sucedido en el caso de Pedro Antonio S¨¢nchez.
Tanto S¨¢nchez como Lej¨¢rraga est¨¢n investigados tambi¨¦n en el caso Auditorio, que se remonta a la misma ¨¦poca y trata de esclarecer si hubo irregularidades en la adjudicaci¨®n, ejecuci¨®n y recepci¨®n del auditorio de Puerto Lumbreras, que se construy¨® con una subvenci¨®n auton¨®mica de seis millones de euros y se entreg¨® y acept¨® en 2011 aunque estaba sin concluir.
Adem¨¢s, S¨¢nchez est¨¢ investigado en el caso P¨²nica por posibles delitos de fraude a ente p¨²blico, cohecho y revelaci¨®n de informaci¨®n reservada que habr¨ªan tenido lugar en 2014, cuando era consejero del Gobierno murciano. El juez investiga si contact¨® con empresas de esa trama para contratar con cargo a los presupuestos de su consejer¨ªa trabajos de mejora de su imagen en Internet de cara a impulsar su candidatura como cabeza de lista del PP en las elecciones auton¨®micas del a?o siguiente.
El PP pide que se mantenga el plazo m¨¢ximo de instrucci¨®n
La absoluci¨®n de Pedro Antonio S¨¢nchez ha sido posible gracias al art¨ªculo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), introducido en una reforma impulsada por el exministro de Justicia Rafael Catal¨¢.
El Congreso tramita desde marzo de 2017 una proposici¨®n de ley presentada por Podemos, y que cuenta con el apoyo del PSOE, para derogar este art¨ªculo. El texto alternativo establece, adem¨¢s, que la derogaci¨®n afectar¨ªa a los casos que ya se estaban instruyendo, por lo que de haber salido adelante, el expresidente de Murcia no habr¨ªa sido absuelto. Pero su partido, el PP, ha mantenido bloqueada esta iniciativa solicitando reiteradamente la ampliaci¨®n del plazo de enmiendas: desde que se registr¨® la proposici¨®n lo ha pedido 58 veces. Las ¨²ltimas 17, despu¨¦s de que el presidente del PP Pablo Casado se reuniera el 4 de septiembre con las siete asociaciones de jueces y fiscales y se comprometiera a apoyar la derogaci¨®n del plazo m¨¢ximo de instrucci¨®n.
Por fin, el pasado martes, el PP present¨® su enmienda, pero propone justo lo contrario que Casado prometi¨® a las asociaciones. El texto de los populares pide que se mantengan los seis meses m¨¢ximos de instrucci¨®n.
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