El Gobierno de Torra paraliza las pol¨ªticas sociales que pregona

Incremento en las listas de espera en la sanidad, trabas para percibir la renta garantizada de ciudadan¨ªa (RGI), colas para tramitar ayudas a la dependencia, congelaci¨®n de tarifas en el Tercer Sector¡­ Las pol¨ªticas sociales deb¨ªan ser el ¡°motor de la rep¨²blica¡±, seg¨²n publicit¨® Quim Torra en su investidura presidencial en mayo pasado. Sin embargo, se han convertido en la gran asignatura pendiente del Ejecutivo catal¨¢n. Se agita la importancia de esas inversiones como un reclamo para ampliar la base social del independentismo, pero al tiempo se desatienden esas pol¨ªticas, seg¨²n los potenciales beneficiarios y las entidades que los agrupan. El Gobierno catal¨¢n nada con m¨¢s comodidad en las aguas de la simbolog¨ªa, con sus banderas, lazos e imprecisas hojas de ruta.

El Ejecutivo de Torra no se cansa de repetir que los presupuestos actuales ¨Cen realidad son los de 2017 prorrogados, ahora por falta de mayor¨ªa parlamentaria¨C son los m¨¢s sociales, puesto que suponen una inversi¨®n en ese terreno superior al 70%. El caso es que ni Junts per Catalunya ni Esquerra Republicana ¨Clas dos patas sobre las que descansa el Consell Executiu¨C han logrado encontrar la complicidad de potenciales aliados pol¨ªticos como Catalunya en Com¨², Partit dels Socialistes o sus viejos socios de la Candidatura d¡¯Unitat Popular (CUP). Con los Comunes de Ada Colau es con quien m¨¢s cerca ha estado de cerrar un acuerdo. Pero la negociaci¨®n se fue al traste con el portazo del independentismo a los Presupuestos Generales del Estado de Pedro S¨¢nchez y, en clave catalana, por las reiteradas negativas del Ejecutivo de Torra a subir el tramo auton¨®mico del IRPF hasta un 25,5% para los ingresos superiores a 120.000 euros ¨Ccomo sucede en Andaluc¨ªa, Asturias o Cantabria¨C , y por su determinaci¨®n de no tocar el impuesto de sucesiones.

El Gobierno catal¨¢n conf¨ªa en regresar a los mercados financieros internacionales, una voluntad recurrente del independentismo, cuando el rating de la deuda p¨²blica catalana merece todav¨ªa la consideraci¨®n de bono basura. Desde 2011, cuando se inici¨® la etapa de austeridad bajo los Gobiernos de Artur Mas, a¨²n queda trecho por recorrer para sobreponerse a unos recortes que solo encontraron parang¨®n en la Castilla-La Mancha de la popular Mar¨ªa Dolores de Cospedal .

En estos momentos, mientras el propio Torra blande el d¨¦ficit fiscal ¨Cque sit¨²a en 15.000 millones anuales¨C como la causa de esa falta de fondos para pol¨ªticas sociales, entre sindicatos, colectivos y usuarios crece la indignaci¨®n por las magras partidas, los retrasos y la burocracia. El Gobierno catal¨¢n ya tuvo que hacer frente en noviembre de 2018 a las protestas en la calle de funcionarios, estudiantes, profesores y m¨¦dicos. La pol¨ªtica de parches se ha mostrado insuficiente. Un 53,1% de los catalanes consultados por el Centro de Estudios de Opini¨®n de la Generalitat en enero de este a?o consideraban que el Gobierno de Torra ¡°no sabe c¨®mo resolver los problemas del pa¨ªs¡±

El pasado jueves, la patronal del Tercer Sector, que gestiona buena parte de la cartera p¨²blica de servicios sociales y aglutina a 1.200 entidades, denunci¨® la infrafinanciaci¨®n y reclam¨® una inyecci¨®n urgente de entre 600 y 900 millones de euros para atender las necesidades m¨¢s acuciantes. La tarifa por usuario para un centro de d¨ªa con terapia ocupacional era de 555,79 euros en 2009 y sigue siendo la misma cantidad diez a?os despu¨¦s.

En el terreno sanitario, el panorama tampoco mejora: el n¨²mero de personas en espera de una prueba diagn¨®stica ha crecido en un 23,5%, 27.736 ciudadanos m¨¢s desde que Torra tom¨® posesi¨®n. Aguardan para operarse 17.392 pacientes, un 10% m¨¢s que en abril de 2018. Y 454.098 usuarios esperan una media de 97 d¨ªas para ser visitados por el especialista correspondiente. Estos datos, que tienen como fuente el Departamento de Salud, son provocados por ¡°el desgobierno¡± y por la falta de una ¡°dotaci¨®n presupuestaria estructural en listas de espera¡±, apuntan desde el colectivo de la Marea Blanca.

En el campo de la dependencia sucede otro tanto. 24.751 personas han fallecido en Catalu?a desde 2011 mientras esperaban que el procedimiento burocr¨¢tico determinara la ayuda que les correspond¨ªa. En febrero de 2019, hab¨ªa 26.104 catalanes a quienes les hab¨ªan reconocido los dos grados m¨¢s severos de dependencia ¨Cel II y el III¨C que aguardaban que se hiciera efectiva la prestaci¨®n ya concedida. Lo mismo sucede con 47.305 dependientes del nivel m¨¢s leve. Adem¨¢s, 27.032 personas esperan plaza en una residencia p¨²blica. Seg¨²n la Asociaci¨®n de Directores y Gerentes de Servicios Sociales la ¡°situaci¨®n es cr¨ªtica¡±. La falta de contribuci¨®n por parte del Gobierno central es una de las causas de esta situaci¨®n, pues, seg¨²n la Generalitat, ha dejado de aportar 5.700 millones. Sin embargo, Catalu?a es el furg¨®n de cola de las comunidades espa?olas, pues desde 2015 ha paralizado el desarrollo del sistema de dependencia, contrariamente a otras autonom¨ªas que han volcado fondos propios en esa tarea, seg¨²n la citada asociaci¨®n.

Otro tanto sucede en el terreno de la RGI, una prestaci¨®n que pueden percibir los mayores de 23 a?os, con dos a?os de residencia en Catalu?a sin patrimonio ¨Cmas all¨¢ de la primera residencia¨C y con las ayudas de la Administraci¨®n agotadas. Una iniciativa legislativa popular, apoyada por m¨¢s de 120.000 firmas, la llev¨® al Parlament en 2017. Fue aprobada por unanimidad. Casi dos a?os despu¨¦s, sin embargo, de las 133.746 solicitudes solo se han aprobado 10.468. La burocracia ha convertido en un aut¨¦ntico v¨ªacrucis la consecuci¨®n de esta prestaci¨®n. En la actualidad hay 120.004 beneficiarios de la RGI, la inmensa mayor¨ªa de los cuales percib¨ªan antes de 2017 la antecesora renta m¨ªnima de inserci¨®n. Estas cifras cobran importancia pues la propia Generalitat reconoce que en Catalu?a hay 350.000 personas en situaci¨®n de pobreza severa. Los ayuntamientos de las coronas metropolitanas de Barcelona ¡ªincluida la propia capital desde el pasado viernes, sin el apoyo de PDeCAT y ERC¡ª han aprobado mociones o realizado declaraciones institucionales para que se agilice la renta garantizada de ciudadan¨ªa.

De los obst¨¢culos que el Gobierno catal¨¢n pone a las medidas que reclaman ciudadanos y ayuntamientos da idea el reciente decreto sobre el modelo de vivienda social de protecci¨®n oficial. En el texto se liberaliza el modelo de vivienda protegida para fijar los precios en funci¨®n del valor del suelo o del barrio en que se ubique, dando la vuelta como un calcet¨ªn a la propuesta aprobada hace semanas por el Ayuntamiento de Barcelona, que obliga a hacer un 30% de vivienda social a los promotores en nuevas construcciones.

Con informaciones de Clara Blanchar y Jessica Mouzo