El drama de ¡®La Marrurra¡¯, la cantaora de EE UU a la que encerraron ilegalmente en un geri¨¢trico de Madrid
El Constitucional censur¨® la decisi¨®n del Samur y orden¨® a una residencia del Ayuntamiento su inmediata liberaci¨®n
El primer d¨ªa que Lola consigui¨® visitar en la residencia p¨²blica Margarita Retuerto de Madrid, especializada en?enfermos de alzheimer, a la cantaora flamenca Mar¨ªa La Marrurra, nacida en EE UU, esta se ech¨® a llorar al ver a su amiga. Ten¨ªa 73 a?os y no le quedaban m¨¢s fuerzas para protestar ("No estoy loca, quiero irme de aqu¨ª...", se hart¨® de gritar en la residencia). Parec¨ªa resignada a su cautiverio. ¡°?Qu¨¦ hago yo aqu¨ª, Lola? ?Por qu¨¦ no me dejan irme a mi casa...?¡±. Lola se abraz¨® a ella y le prometi¨® que ella y sus otros amigos har¨ªan todo lo posible por sacarla de all¨ª. Tard¨® un a?o en recuperar su libertad. Fue gracias al Tribunal Constitucional.
Aquel d¨ªa el rostro de La Marrurra era el espejismo roto de un pasado cargado de rebeld¨ªa y far¨¢ndula al calor del buen cante y el finito. Nada que ver con la luz de la joven americana veintea?era que huy¨® de los lujos de la casa de sus padres en Florida y acab¨® en el coraz¨®n del flamenco, en Andaluc¨ªa, tras enamorarse perdidamente de un guitarrista de su pa¨ªs. Se vinieron a vivir a Espa?a. El matrimonio apenas dur¨® un a?o. Y luego cada uno por su lado. Pero para entonces se le hab¨ªa inoculado el flamenco. Se convirti¨® en su pasi¨®n, se hizo cantaora y dej¨® de ser?La americana. Prefiri¨® que la llamaran Mar¨ªa en lugar de Maureen (sus amigos se liaban con su nombre) mientras escond¨ªa en el pasaporte sus apellidos, Sondra Silver.
Nada que ver con la luz de aquella joven americana que huy¨® de los lujos de la casa de sus padres y acab¨® en Andaluc¨ªa tras enamorarse de un guitarrista
Los entendidos le a?adieron r¨¢pidamente un mote a Mar¨ªa, La Marrurra. Y ah¨ª empez¨® su leyenda por tablaos de Sevilla y C¨¢diz. Jes¨²s Quintero la incluy¨® entre los personajes de su programa televisivo de Canal Sur. A veces sent¨ªa una extra?a nostalgia y visitaba las bases militares americanas de la zona.? Se despeg¨® por completo de sus padres, que siempre fueron su sost¨¦n econ¨®mico en Espa?a. Era hija ¨²nica. Pero lo mismo que le llegaba el dinero de su pa¨ªs, se lo gastaba con sus amigos.? A sus apuros econ¨®micos le suced¨ªan las remesas de sus padres.
La Marrurra dej¨® los tablaos andaluces y se asent¨® en Madrid a mediados de los noventa, siempre cerca del flamenco. Su madre, consciente del desorden vital de su hija, le compr¨® un piso en una lujosa urbanizaci¨®n del barrio de Salamanca, con tres porteros y piscina. No hubo forma de arrancarla de Espa?a. Y as¨ª pasaron los a?os.
Los excesos de la noche se dejaron notar en su salud hace varios a?os (ahora tiene 76). A algunos vecinos de su lujosa urbanizaci¨®n les incomodaba su "bohemia" forma de vivir; la ve¨ªan "desconfiada, no pagaba la luz"...? Y la denunciaron. Tambi¨¦n le reprocharon que acumulaba mucha ropa en el piso. O eso se dec¨ªa en un informe de una trabajadora del Samur Social del Ayuntamiento de Madrid. El 17 de febrero de 2014, el Samur fue a por ella a su casa y se la llev¨® por la fuerza a la residencia Margarita Retuerto. Le otorgaron una "plaza p¨²blica de emergencia". Ella se resisti¨® cuanto pudo.
Todos vulneraron la ley al privarla de libertad
El internamiento involuntario de una persona en una residencia supone una privaci¨®n de libertad similar a estar en una c¨¢rcel. Legalmente, esta medida solo la puede aplicar un juez de incapacidades y est¨¢ sujeta a requisitos muy estrictos. El Samur puede encerrar de urgencia a una persona que no se gobierna as¨ª misma, pero el juez debe acudir al centro en un plazo m¨¢ximo de 72 horas tras el ingreso, examinar a la persona con un forense y validar el ingreso.
Pero hay m¨¢s: el director del centro de acogida debe comunicarlo al juez en menos de 24 horas. No es una recomendaci¨®n, es una orden legal taxativa. En el caso de La Marrura, todos, ¡ªjueces, fiscales y hasta la Secci¨®n 22 de la Audiencia Provincial de Madrid¡ª se saltaron la ley. Nadie hizo lo que deb¨ªa. A la residencia se le olvid¨® comunicar el ingreso al juzgado, y la juez, que se enter¨® por el Samur Social, sobrepas¨® en casi una semana el plazo m¨¢ximo de 72 horas.
Asegura el Constitucional que nadie puede ser ingresado en una residencia contra su voluntad si no es con una orden judicial previa, y si se trata de un caso de urgencia, cumplir los citados plazos es crucial. Si no se hace, como ocurri¨® con La Marrurra, la persona debe ser liberada de inmediato.
El ¨²nico documento aparentemente serio esgrimido por el Samur para encerrarla sin su consentimiento fue un antiguo informe elaborado por un psiquiatra del hospital Cl¨ªnico de Madrid que hac¨ªa a?os le hab¨ªa diagnosticado "un trastorno delirante". Pero el informe estaba obsoleto. No era serio internar a una anciana con un informe antiguo, que m¨¢s tarde ser¨ªa refutado por otros a los que el juez no hizo caso.
Los amigos de La Marrurra tardaron muchos d¨ªas en conocer su paradero. Y les cost¨® que les dejaran visitarla en la residencia. Sab¨ªan que era una mujer "que iba a su bola, descuidada..., pero en ese momento", se?ala Lola, "su cabeza estaba bien y no hab¨ªa motivos para encerrarla contra su voluntad, era como llevarla a la c¨¢rcel". Los amigos buscaron al abogado Fernando Rodr¨ªguez y este recurri¨® la orden de ingreso ante el juzgado que lo hab¨ªa autorizado.
Tras rechazar el juzgado su libertad, acudieron a la Audiencia de Madrid, que mantuvo la situaci¨®n sin percatarse de la ilegalidad que gravitaba sobre el ingreso de La Marrurra. "Lejos de internarla, lo que pod¨ªan haber hecho el juez y el Samur Social era proporcionarle una persona que le ayudara en casa, pero no ingresarla de por vida".? Sus amigos siempre vieron detr¨¢s de ese encierro "la mano negra de alguien del vecindario con influencias". Pasaban los meses y Mar¨ªa segu¨ªa sin poder salir de all¨ª, rodeada de enfermos con trastornos mentales.??
El encierro involuntario de La Marrurra acab¨® casi un a?o despu¨¦s en las manos del magistrado del Tribunal Constitucional Andr¨¦s Ollero. Es raro que el Constitucional enmiende la plana a un juez y a una audiencia provincial en un pleito por un asunto tan particular. El alto tribunal analiz¨® el caso y orden¨® la inmediata puesta en libertad de Mar¨ªa, y reprendi¨® la desidia de todos los ¨®rganos judiciales que hab¨ªan permitido su encierro. Todos hab¨ªan vulnerado la ley y los plazos legales y, adem¨¢s, no era fiable el antiqu¨ªsimo informe del psiquiatra del Cl¨ªnico que determin¨® su internamiento.
A algunos vecinos no les gustaba su "bohemia" forma de vivir, "desconfiada y desordenada", sus deshoras, su "extrema delgadez..",
"El hecho de llevar una vida m¨¢s o menos bohemia o desordenada no es motivo suficiente para privar de libertad a nadie. Se podr¨¢n tomar las medidas que se quiera, se le podr¨¢ obligar a que limpie su casa, a que arregle el pago de la luz, a que se vista de otro modo... pero nunca, nunca puede confinarse a una persona por una conducta at¨ªpica; es sencillamente un crimen". Este argumento del abogado de Mar¨ªa La Marrurra es asumido ¨ªntegro por el Constitucional en su novedosa y hasta ahora in¨¦dita sentencia sobre este asunto.
Liberada, Mar¨ªa volvi¨® a su casa del barrio de Salamanca. Y ah¨ª sigue. Su madre no se fiaba de ella y al morir dej¨® como albacea a su hermano, ahora nonagenario, que le fue enviando dinero peri¨®dicamente. Hace a?os se acab¨® el dinero. Pero Mar¨ªa mantiene su amplio y lujoso piso. Varias amigas de Mar¨ªa fueron citadas en enero pasado por el juzgado. ¡°La juez nos dijo que hab¨ªa intenci¨®n de vender el piso, aunque ella lo podr¨ªa utilizar mientras viva, para compensar los gastos de la ayuda social", indica Lola. Ahora dispone de cuidadora social las 24 horas del d¨ªa, pero en su casa. ¡°Lo que pretende el juzgado es una barbaridad, ese piso vale mucho dinero; no seria justo que se lo quedase alguna de esas asociaciones que les sacan el dinero a los ancianos¡±, a?ade.
Grave error judicial
Por el a?o que estuvo encerrada ilegalmente, el abogado de La Marrurra ha pedido 1,4 millones de euros al Estado. El poder judicial asegura en un informe al que ha tenido acceso EL PA?S que el internamiento forzoso de La Marrura "fue ilegal" y que hubo un claro error judicial en su caso, pero que eso debe determinarlo un tribunal de rango superior al juzgado que la mantuvo encerrada.
Desde su largo e ilegal encierro, han pasado cuatro a?os y a Mar¨ªa, ahora s¨ª, se le nota ya m¨¢s torpe. Su comprensi¨®n de la realidad es escasa, pero sale y entra de su casa con total libertad, aquella que La Marrurra, llorando, reclamaba a su amiga Lola cuando esta consigui¨® por primera vez visitarla en el geri¨¢trico municipal en el que se pas¨® un a?o injustamente.
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