Los expertos, tras la exclusi¨®n de Puigdemont de las europeas: ¡°Lo que est¨¢ en juego es la democracia¡±

La decisi¨®n de la Junta Electoral Central (JEC) de excluir de las listas de las elecciones europeas del 26 de mayo al expresidente catal¨¢n Carles Puigdemont y a otros dos de sus consejeros huidos de la justicia, Clara Ponsat¨ª y Toni Com¨ªn, ha suscitado un amplio rechazo entre los expertos en Derecho Constitucional. El mundo acad¨¦mico considera, de manera muy general, que la resoluci¨®n del ¨®rgano superior de la administraci¨®n electoral est¨¢ mal fundamentada y supone una merma de derechos b¨¢sicos, no solo de los tres pol¨ªticos afectados. ¡°Sin entrar en maximalismos, en este caso lo que est¨¢ en juego es la democracia¡±, sostiene Fernando ?lvarez-Ossorio, catedr¨¢tico de la Universidad de Sevilla.

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La JEC sac¨® de las listas a Puigdemont, Com¨ªn y Ponsat¨ª por un motivo central: al estar fugados de Espa?a para evitar ser encarcelados y juzgados por el proceso independentista catal¨¢n, su inscripci¨®n en el censo electoral como residentes en sus localidades de origen es err¨®nea. La expulsi¨®n del censo y la consiguiente p¨¦rdida de la condici¨®n de elector lleva aparejada autom¨¢ticamente, seg¨²n la ley electoral, la imposibilidad de ser candidatos.

La Junta Electoral aplica, adem¨¢s, a los tres pol¨ªticos huidos el art¨ªculo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por el que se suspende de funciones ¨Cno de la capacidad de ser elegido- a los cargos p¨²blicos que sean procesados y est¨¦n en prisi¨®n provisional por delitos de terrorismo o que se encuentren, como Puigdemont, en situaci¨®n de rebeld¨ªa. La decisi¨®n no es firme: se puede recurrir ante el Tribunal Supremo y, si es rechazada, en amparo ante el Tribunal Constitucional.

Cuatro miembros de la JEC, en una iniciativa con escasos precedentes, emitieron un voto particular. Los discrepantes, entre ellos el presidente y el vicepresidente del organismo, consideran que los tres pol¨ªticos catalanes deben permanecer en las listas de la coalici¨®n Lliures per Europa. Por un lado, entienden que la JEC no tiene competencia para expulsar del censo a un ciudadano, cuesti¨®n que corresponde en exclusiva a la Oficina del Censo Electoral bajo supervisi¨®n judicial.

Por otro, afirman que la situaci¨®n de rebeld¨ªa penal no impide ser candidato en unas elecciones y que la aplicaci¨®n extensiva del art¨ªculo 384 bis no es admisible. En todo caso, los discrepantes recuerdan que la expulsi¨®n de los candidatos de las listas afecta al derecho fundamental de participaci¨®n pol¨ªtica recogido en el art¨ªculo 23 de la Constituci¨®n, y que esta libertad ¡°debe ser constre?ida lo m¨ªnimo imprescindible¡±.

Resoluci¨®n "bizarra"

Los expertos consultados por este peri¨®dico coinciden en lo esencial con el voto particular. ¡°La decisi¨®n mayoritaria de la Junta Electoral es muy bizarra y complicada. Siempre se debe partir de la decisi¨®n m¨¢s favorable al ejercicio de los derechos fundamentales y la JEC se arroga una competencia sobre el censo de la que carece¡±, afirma Isabel Gim¨¦nez, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Aut¨®noma de Madrid. ¡°Cuando a alguien por una raz¨®n tan m¨ªnima se le priva del derecho a ser candidato, se afecta al sistema democr¨¢tico entero, sea con Puigdemont o sea con quien sea¡±, manifiesta el catedr¨¢tico sevillano ?lvarez-Ossorio.

Tanto Isabel Gim¨¦nez como el profesor de la Universidad de Oviedo Miguel Presno a?aden, adem¨¢s, una cuesti¨®n formal que no ha sido planteada en el voto particular. La Junta, afirman, ha incumplido el plazo de 48 horas que marca la ley electoral para que la candidatura de Puigdemont subsanara la lista. ¡°Todo esto lo ten¨ªan que haber hecho el d¨ªa 26. Eso crea indefensi¨®n, sorprende que la Junta incumpla sus propios plazos¡±, afirma Presno. En los foros de expertos constitucionalistas algunos se malician que el organismo electoral retras¨® la notificaci¨®n para no interferir en las elecciones del pasado domingo.

¡°Es cierto que en estos meses ha existido un abuso del derecho por parte de Puigdemont, que nos ha puesto a todos en los l¨ªmites constitucionales, pero ah¨ª est¨¢ nuestra legitimidad y fuerza: si estamos en un sistema democr¨¢tico no vale suspender derechos salvo por los motivos contemplados por la propia Constituci¨®n¡±, recuerda ?lvarez-Ossorio.