La Fiscal¨ªa pide levantar la imputaci¨®n de Gallard¨®n en el ¡®caso Lezo¡¯

El horizonte judicial del exministro de Justicia y expresidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, se despeja notablemente. La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha solicitado este mi¨¦rcoles al juez instructor del caso Lezo que archive la causa contra el expol¨ªtico por la compra, en el a?o 2001, por el Canal de Isabel II ¨Cla empresa p¨²blica de aguas madrile?a- del 75% de la sociedad colombiana Inassa, una operaci¨®n que tuvo un sobreprecio de hasta 35,4 millones de euros.

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La Fiscal¨ªa considera que la investigaci¨®n, iniciada en julio de 2016, no ha arrojado indicios de que Gallard¨®n y otros ocho miembros de su Consejo de Gobierno imputados con ¨¦l ¡°conocieran los detalles de esta operaci¨®n y, por tanto, el menoscabo econ¨®mico que para la Administraci¨®n auton¨®mica se generar¨ªa con la compra de Inassa¡±, por lo que pide que se levante la imputaci¨®n sobre ellos.

En un escrito remitido hoy, la Fiscal¨ªa solicita al juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n que abra una pieza separada sobre la compra de Inassa en el macrosumario Lezo, que tiene como principal imputado al expresidente madrile?o Ignacio Gonz¨¢lez, para poder juzgar estos hechos de manera independiente. La acusaci¨®n p¨²blica pide tambi¨¦n archivar la investigaci¨®n -exclusivamente dentro de esta parte del sumario- sobre el propio Gonz¨¢lez y sobre Edmundo Rodr¨ªguez Sobrino, considerado su testaferro en la trama del Canal de Isabel II en Latinoam¨¦rica. La Fiscal¨ªa entiende que no hay suficientes indicios de la participaci¨®n de ambos en el proceso de adquisici¨®n de Inassa.

El ministerio p¨²blico pide, en cambio, que se prosiga la causa de Inassa para 22 miembros del Consejo de Administraci¨®n del Canal de Isabel II que aprobaron la adquisici¨®n de la mayor¨ªa de las acciones de la mercantil colombiana por 73 millones de d¨®lares en 2001. Entre estos investigados a los que la Fiscal¨ªa pretende llevar a juicio figuran dos exconsejeros del gobierno auton¨®mico de Gallard¨®n de aquella ¨¦poca, Pedro Calvo Poch y Juan Bravo. Estos 22 imputados, seg¨²n el fiscal, ¡°otorgaron la autorizaci¨®n para la compra directa de Inassa en la sesi¨®n del Consejo celebrada el 14 de noviembre de 2001, a pesar de conocer que se iba a interponer en la operaci¨®n una sociedad paname?a y el sobreprecio injustificado que se iba a pagar¡±.

Del monto total de la operaci¨®n, unos 10 millones de d¨®lares, seg¨²n la fiscal¨ªa, acabaron en manos de trabajadores espa?oles de Aguas de Barcelona ¨CAGBAR-, que ten¨ªan la titularidad de Inassa con varios socios colombianos y que lograron que estos les vendieran toda su participaci¨®n en la empresa colombiana.

Ruiz Gallard¨®n declar¨® como imputado en la Audiencia Nacional por esta causa en junio de 2018. "La adquisici¨®n se hizo con el m¨¢s absoluto convencimiento de que era buena", asegur¨® entonces el exministro, que a?adi¨® que la operaci¨®n de Inassa contaba con todos los informes jur¨ªdicos que la avalaban. "Adem¨¢s, los resultados han sido positivos a la larga para la comunidad", asegur¨® a los medios de comunicaci¨®n tras declarar.