El juez cita a Alberto Ruiz-Gallard¨®n como investigado en el ¡®caso Lezo¡¯
El magistrado tambi¨¦n imputa a Carlos Mayor Oreja, exconsejero madrile?o de Justicia y expresidente del Canal, y al exconsejero de Presidencia Manuel Cobo

El juez del caso Lezo ha citado a declarar como investigado ¡ªla figura que ha sustituido a la de imputado¡ª el 7 de junio al expresidente madrile?o Alberto Ruiz-Gallard¨®n por la compra presuntamente fraudulenta en 2001 de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II, seg¨²n han informado fuentes jur¨ªdicas. El magistrado ha citado tambi¨¦n como investigados a principios de junio a Carlos Mayor Oreja, exconsejero madrile?o de Justicia y expresidente del Canal, y al exconsejero de Presidencia Manuel Cobo, seg¨²n las mismas fuentes.
El caso Lezo se centra en los supuestos delitos de cohecho y malversaci¨®n de caudales p¨²blicos para favorecer a personas vinculadas al PP por presuntas irregularidades en torno a la gesti¨®n de la empresa p¨²blica Canal Isabel II, presidida por el exdirigente del PP Ignacio Gonz¨¢lez?entre 2003 y 2012 y dependiente de la Comunidad de Madrid.
El pasado diciembre, en la Asamblea de Madrid, Ruiz-Gallard¨®n manifest¨® que la adquisici¨®n de Inassa, que se llev¨® a cabo en 2001 a trav¨¦s de una empresa con sede en el para¨ªso fiscal de Panam¨¢, fue ¡°legal¡±, ¡°¨¦tica¡± y ¡°beneficiosa para los madrile?os¡±. Inassa se ha convertido en el holding del resto de sociedades que posee el Canal en Latinoam¨¦rica.El Canal pag¨® unos 73 millones de d¨®lares [65 millones de euros al cambio actual] cuando su valor, seg¨²n la investigaci¨®n judicial, era ¡°muy inferior¡±, de unos 30 millones de d¨®lares. Los investigadores sospechan que parte de este sobrecoste sirvi¨® para pagar comisiones a intermediarios.
El movimiento judicial sobre Gallard¨®n llega despu¨¦s de que el pasado diciembre, el juez Garc¨ªa-Castell¨®n citar¨¢, tambi¨¦n como investigadas, a 24 personas que compon¨ªan la c¨²pula del Canal de Isabel II durante su presidencia. Entre los imputados entonces a petici¨®n de la Fiscal¨ªa, figuraban colaboradores estrechos de Ruiz-Gallard¨®n en el Canal, como Juan Bravo, actual presidente del ente p¨²blico ferroviario ADIF; Arturo Canalda, presidente de la C¨¢mara de Cuentas madrile?a y el exconsejero madrile?o Pedro Calvo Poch.
Tambi¨¦n estaban en aquella lista Gaspar Cienfuegos-Jovellanos, gerente de la sociedad Canal Extensia, utilizada para realizar la compra de Inassa; Pablo L¨®pez de las Heras (subdirector de Nuevos Negocios del Canal), Jos¨¦ Antonio de Cachavera (director econ¨®mico y comercial) por su presunta participaci¨®n en la ejecuci¨®n del proceso de adquisici¨®n de la filial colombiana.
La ya expresidenta regional Cristina Cifuentes fue requerida por el magistrado en aquella resoluci¨®n para que le entregara el "expediente completo" del acuerdo por el que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, encabezado por Gallard¨®n, dio la autorizaci¨®n definitiva a la adquisici¨®n de Inassa, en noviembre de 2001.
La operaci¨®n de compra de Inassa, recordaba entonces la Fiscal¨ªa, ¡°contravino de plano los acuerdos¡± adoptados por el Consejo de Gobierno regional. El Canal, a trav¨¦s de una sociedad constituida a tal efecto, se excedi¨® en el objeto de compra, ya que adem¨¢s de Inassa, adquiri¨® una mercantil dominicana llamada Watco S. A. Adem¨¢s, la compra no fue directa, como se hab¨ªa autorizado, sino que se us¨® una sociedad interpuesta residenciada en Panam¨¢, pa¨ªs considerado para¨ªso fiscal.
La determinaci¨®n del precio de compra, con una ¡°sobrevaloraci¨®n claramente perjudicial para los intereses del Canal de Isabel II¡±, se realiz¨® sin apoyarse en informes de asesores externos especializados y ¨²nicamente con la informaci¨®n suministrada por los trabajadores de la propia empresa de aguas madrile?a.
La imputaci¨®n de Ruiz-Gallard¨®n lleva en el horizonte del caso Lezo casi desde su inicio. A finales de abril de 2017, el reci¨¦n nombrado fiscal jefe Anticorrupci¨®n, Manuel Moix, tuvo que aclarar que no hab¨ªa cesado al fiscal encargado del caso, Carlos Y¨¢?ez, que hab¨ªa pedido al entonces magistrado instructor Eloy Velasco, dirigir la investigaci¨®n contra el expresidente madrile?o.
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