Los que pagan la par¨¢lisis pol¨ªtica

Este jueves, como todos desde hace meses, N. M. S. fue con su hija de nueve a?os a un punto de encuentro familiar de su ciudad. No pasaron de la puerta. La escena se ha convertido en habitual. La peque?a se niega a ver a su padre, condenado en 2014 por malos tratos a su madre. Una medida del Pacto de Estado contra la Violencia de G¨¦nero, aprobado en 2017, contempla la suspensi¨®n de las visitas de los ni?os a los padres maltratadores, pero su desarrollo est¨¢ paralizado. Como casi todo en Espa?a desde las elecciones de diciembre de 2015, que dieron comienzo a un periodo est¨¦ril marcado por Ejecutivos en funciones, una moci¨®n de censura y tres ¡ªa punto de cuatro¡ª citas con las urnas. Un bloqueo pol¨ªtico que marca la vida de un pa¨ªs y que, en el caso de muchas personas, condiciona la propia. Como la de N. M. S. y su hija, que esperan que la pol¨ªtica les devuelva pronto la tarde de los jueves.

N. M. S. estuvo siete a?os conviviendo con su expareja. Cuando la hija (de ambos) ten¨ªa tres, su madre relata que reuni¨® ¡°la fuerza suficiente¡± para denunciarlo por malos tratos. ?l se declar¨® culpable en el juicio y fue condenado a realizar trabajos para la comunidad, a pagarle una multa de 120 euros y a una orden de alejamiento de un a?o. El juez le dio a ella la custodia pero le permiti¨® a ¨¦l estar con la ni?a los fines de semana.

Hace dos a?os la menor empez¨® a resistirse a ver su padre. El pasado mes de octubre llamaron del colegio a su madre para que fuera a recogerla. Ese d¨ªa le tocaba a ¨¦l, pero la peque?a ofreci¨® tal resistencia que el hombre, seg¨²n la versi¨®n de la madre, trat¨® de arrastrarla. No pudo.

N. M. S. puso una nueva denuncia por el incidente. A la espera de que se celebre el juicio, el juez orden¨® que las visitas al padre continuaran en un punto de encuentro. Madre e hija nunca faltan a la cita de los jueves a las 18.30. ¡°He solicitado que se suspendan, pero es mi obligaci¨®n llevarla¡±, dice ella. Hace semanas que, pese a la insistencia de los t¨¦cnicos del centro, la ni?a no pasa de la puerta.

Todos los partidos pol¨ªticos, con la abstenci¨®n de Unidas Podemos, aprobaron a finales de 2017 el Pacto de Estado contra la Violencia de G¨¦nero con 213 medidas. Una de ellas incluye la suspensi¨®n de las visitas al padre maltratador en ¡°todos los casos en los que el menor hubiera presenciado, sufrido o convivido con manifestaciones de violencia¡±. Casi dos a?os despu¨¦s, la mayor¨ªa de las medidas del pacto no se han puesto en marcha.

Promesas olvidadas para la Espa?a vac¨ªa. Cada ma?ana ?lvaro Tom¨¢s llega a su puesto de trabajo al frente de su empresa en Rubielos de Mora (Teruel). Enciende el ordenador y espera varios minutos a que se descargue el correo electr¨®nico, con un Internet a pedales como si volviera a 1985, cuando su padre cre¨® de la nada Turomas. La compa?¨ªa ha valorado la opci¨®n de trasladarse a M¨¦xico o de moverse a una gran capital para mejorar su rendimiento, pero hasta ahora ha pesado el arraigo. ¡°Si solo mir¨¢ramos el aspecto econ¨®mico, nos habr¨ªamos ido ya¡±, dice.

La historia del empresario Miguel Tom¨¢s es de esas que les gusta contar a los gur¨²s en las charlas de motivaci¨®n. En los ochenta, en una visita a una f¨¢brica, a Tom¨¢s le llam¨® la atenci¨®n que el vidrio se segu¨ªa cortando a mano. Pas¨® dos a?os d¨¢ndole vueltas hasta que en 1985 cre¨® la primera mesa para cortar cristal de Espa?a. Tres d¨¦cadas despu¨¦s, su creaci¨®n da forma al vidrio en todo el mundo. Una historia de ¨¦xito que, pese a todo lo que ha cambiado la industria en 34 a?os, mantiene su origen por pura cabezoner¨ªa del jefe: ¡°Las m¨¢quinas se hacen en Rubielos de Mora o no se hacen¡±.

La promesa de una red de banda ancha de calidad en el mundo rural ha transitado, como casi todo en Espa?a, a trav¨¦s de una situaci¨®n pol¨ªtica que empez¨® a atragantarse con las elecciones de 2015 y la repetici¨®n electoral de junio de 2016. En una visita a Teruel como presidente del Gobierno en 2018, Mariano Rajoy prometi¨® 300 megas de velocidad. Dos meses despu¨¦s se produjo la moci¨®n de censura. La promesa cay¨® en el olvido hasta que a principios de 2019 empez¨® el sonar el runr¨²n de la Espa?a vac¨ªa.

Tom¨¢s padre, de 67 a?os, viaj¨® el pasado marzo a Madrid para unirse a la multitudinaria marcha que inund¨® el centro de la capital con las reivindicaciones del mundo rural. ¡°Algo va a cambiar¡±, le anunci¨® a su hijo a su vuelta al pueblo. Ese convencimiento sorprendi¨® a ?lvaro. ?Y si esta vez era verdad?

Espa?a estaba ya en plena precampa?a electoral. La imposibilidad del presidente Pedro S¨¢nchez de sacar adelante los Presupuestos de 2019 abri¨® la puerta a otras elecciones, las terceras en cuatro a?os. Los cuatro candidatos de los principales partidos se llenaron entonces la boca con la despoblaci¨®n. Beneficios fiscales, banda ancha, servicios p¨²blicos de calidad. Albert Rivera se fotografi¨® al volante de un tractor y Pablo Casado acariciando un ternero. Los nuevos partidos ¡ªCiudadanos y Podemos¡ª hab¨ªan logrado romper el bipartidismo por primera vez en el mundo rural y los pocos esca?os que reparten las provincias m¨¢s despobladas de Espa?a se tornaron decisivas en las encuestas. Ning¨²n pol¨ªtico quer¨ªa perderse el nuevo man¨¢ electoral.

Lleg¨® el 28 de abril. Los espa?oles acudieron a las urnas. Y el resto ya es historia. Desde entonces no ha vuelto a pasar nada, ni en el Congreso ni en la red wifi del pueblo.

Una consejera con la calculadora. Para la consejera de Hacienda del Gobierno balear (PSOE), Rosario S¨¢nchez, la elaboraci¨®n de los presupuestos auton¨®micos de 2020 se est¨¢ convirtiendo en un rompecabezas. El veto a los Presupuestos de 2019 y la pr¨®rroga de las cuentas de 2018 supone recibir 177 millones menos respecto a las previsiones iniciales. Adem¨¢s, el bloqueo de las transferencias del Gobierno central a las autonom¨ªas aumenta la asfixia de los Ejecutivos regionales. La consejera balear y sus colegas auton¨®micos se han visto obligados a echar mano de la calculadora para esquivar los temidos recortes. ¡°Es fundamental para todas las comunidades tener Gobierno en plenas funciones. Para nosotros es irrenunciable poder disponer de los recursos pendientes de la financiaci¨®n y el IVA y se debe dar una soluci¨®n lo antes posible¡±, asegura S¨¢nchez, en plena elaboraci¨®n de las cuentas auton¨®micas de 2020.

La situaci¨®n, dice, ¡°obliga a realizar unos presupuestos prudentes¡± a la espera de poder concretar las previsiones de ingresos de la financiaci¨®n para el pr¨®ximo a?o. Y aunque no habla de recortes, reconoce que prepara ¡°medidas de control del gasto¡± que, asegura, ser¨¢n compatibles con los ¡°compromisos con las pol¨ªticas sociales y con el mantenimiento de los servicios p¨²blicos fundamentales¡±.

Los primeros ajustes en las comunidades. El bloqueo de las transferencias del Estado ha empezado a notarse en Canarias. El encaje de bolillos econ¨®mico del Gobierno insular ya afecta a algunas ¨¢reas como la Sanidad, donde la Intersindical Canaria ha denunciado un recorte de 10 millones de euros. En uno de los centros sanitarios de referencia, el hospital universitario de Canarias, el recorte asciende, seg¨²n los sindicatos, a 1,5 millones en los que queda de a?o. Esta situaci¨®n impide la rebaja de horas de trabajo y afectar¨¢ a servicios que se prestan a los pacientes. Ricardo, un trabajador de la lavander¨ªa de dos hospitales de Tenerife, denuncia la sobrecarga que sufren. ¡°Los recortes anunciados van a provocar que sigamos as¨ª porque atendemos a dos hospitales de referencia con 33 trabajadores por turno y lavamos 15.000 kilos de ropa cuando est¨¢ pactado solo 12.000 kilos¡±, se queja.

El responsable de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rom¨¢n Rodr¨ªguez, descarta que se trate de recortes, pero reconoce algunos reajustes econ¨®micos para no incumplir con el d¨¦ficit. ¡°No se va a gastar un solo euro menos de lo presupuestado¡±, sostiene.

Las cuentas canarias dependen en m¨¢s del 60% del presupuesto de las transferencias del Estado. ¡°Es imprescindible que se transfieran las partidas de la financiaci¨®n auton¨®mica porque de ello depende la estabilidad presupuestaria y el mantenimiento de los servicios p¨²blicos b¨¢sicos¡±, advierte Rodr¨ªguez.

Con informaci¨®n de Luc¨ªa Boh¨®rquez y Pedro Murillo

Nueve ministros, ninguna soluci¨®n

I. S.

Cuenta Rafael Basterrechea que cuando descubri¨® su verdadera historia pens¨® que en cuanto un responsable pol¨ªtico se enterase le ayudar¨ªa sin pensarlo. El primer ministro de Sanidad con el que se entrevist¨® fue el socialista Bernat Soria (2007-2009). Desde entonces han pasado ocho titulares m¨¢s por el ministerio. Todos han conocido a Basterrechea. Pero ninguno le ha dado a¨²n una soluci¨®n. Estuvieron muy cerca varias veces, la ¨²ltima con una partida en los Presupuestos de 2018 de Mariano Rajoy, pero la moci¨®n de censura y el cambio de Gobierno les devolvi¨® al punto de origen. El Ejecutivo en funciones asegura que tiene preparado un decreto ley en el caj¨®n, pero Basterrechea reniega. ¡°Ni PSOE, ni PP, ni con Gobierno ni sin ¨¦l. Lo que no hay es voluntad pol¨ªtica de indemnizar a las v¨ªctimas de la talidomida¡±, lamenta.

Espa?a es el ¨²nico pa¨ªs que a¨²n no ha cumplido con las v¨ªctimas de este f¨¢rmaco que se recet¨® a miles de mujeres embarazadas para las n¨¢useas en los a?os 60 y que provoc¨® malformaciones graves a miles de ni?os en todo el mundo. En Alemania, por ejemplo, las v¨ªctimas perciben del laboratorio Gr¨¹nenthal, que comercializ¨® el f¨¢rmaco, una cuant¨ªa que llega hasta los 7.800 euros al mes.

Cuando naci¨® Basterrechea en 1965, con un 82% de discapacidad, nadie supo darle una explicaci¨®n a su madre. El ni?o creci¨® escuchando que se trataba de ¡°la voluntad de Dios¡±. Ten¨ªa 40 a?os cuando se asom¨® a la Asociaci¨®n de V¨ªctimas de la Talidomida, que tiene 285 socios: ¡°Vi por primera vez personas como yo¡±. Ah¨ª se dio cuenta de que sus brazos cortos y sin movilidad en el codo eran resultado del maldito f¨¢rmaco. El Tribunal Supremo eximi¨® en 2015 a Gr¨¹nenthal de pagar indemnizaciones en Espa?a al considerar que el delito hab¨ªa prescrito. ¡°?Acaso yo he prescrito?¡±, se pregunta Basterrechea.

La promesa, sin fondos,de una residencia

CRISTINA HUETE

Antonio Ara¨²jo, de 99 a?os, y su mujer, Julia ?lvarez, de 94 e inmovilizada los ¨²ltimos cuatro a?os en cama sin capacidad para valerse por s¨ª misma, esperaban la construcci¨®n de la residencia de mayores prometida por la ministra de Sanidad en funciones, Mar¨ªa Luisa Carcedo, el pasado abril en una visita al municipio ourensano de Amoeiro.

La esperanza del matrimonio, sin embargo, se ha visto truncada de momento: sobre el terreno adquirido y ofrecido por el Ayuntamiento al ministerio no crece ni la hierba. El bloqueo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que obliga a mantener las cuentas de 2018, impide comenzar la obra.

La situaci¨®n de esta pareja la comparte un elevado porcentaje de vecinos del municipio. Con algo menos de 2.300 habitantes, Amoeiro tiene 170 mayores de 75 a?os viviendo solos en sus domicilios y 48 personas usuarias de los servicios de dependencia atendidos por 11 trabajadores de ayuda a domicilio. Seg¨²n datos municipales, el 28% de los mayores de 70 a?os viven solos. ¡°Para nosotros, la residencia es casi una emergencia¡±, sostiene el alcalde, Jos¨¦ Luis Gonz¨¢lez. Lo corrobora Julita ?lvarez, la sobrina del matrimonio, que vive con ellos para echar una mano. ¡°La verdad es que ¨¦l no necesita mucha ayuda". Antonio Ara¨²jo no tiene problemas para encontrar vecinos de su edad con los que pasar las tardes. Seg¨²n datos del Instituto Galego de Estad¨ªstica referidos a 2018, la media de edad de la poblaci¨®n de Amoeiro, de 53,65 a?os, supera la de la provincia de Ourense, de 50,97 a?os, la m¨¢s envejecida de Espa?a.

Pero el apoyo de Julita y la ayuda municipal no es suficiente. ¡°Este Ayuntamiento estuvo muchos a?os abandonado. Nadie miraba por nosotros, y ahora que por fin hay voluntad y podemos conseguir la residencia, se nos tuerce otra vez y aqu¨ª no hay ni un centro de d¨ªa¡±, se lamenta la sobrina. Antonio asiente a su lado: ¡°Solo hay una residencia pero es de pago y no todo el mundo puede ir¡±.