La batalla legal para sacar a Franco no acaba: un juez de Madrid tiene ahora la palabra
Un magistrado de lo contencioso-administrativo mantiene a¨²n en suspenso la "licencia" de obra para levantar la losa de la tumba del dictador
La batalla legal para exhumar a Francisco Franco no ha terminado. Pese al aval del Tribunal Supremo al plan del Gobierno para sacar los restos del dictador del Valle de los Ca¨ªdos, una causa secundaria a¨²n mantiene en vilo su salida de la bas¨ªlica de Cuelgamuros. El magistrado Jos¨¦ Yusty del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n¨²mero 3 de Madrid, que se ha manifestado p¨²blicamente en contra de la ley de memoria hist¨®rica, adopt¨® el pasado febrero medidas cautelar¨ªsimas para suspender el informe urban¨ªstico que permit¨ªa levantar la losa de granito de 2.000 kilos de la tumba. Una decisi¨®n que supon¨ªa la par¨¢lisis temporal de este tr¨¢mite hasta que Yusty vuelva a pronunciarse en este proceso accesorio y que, de tener que llegar hasta el Supremo, podr¨ªa tardar hasta cinco a?os en resolverse, seg¨²n calculan fuentes jur¨ªdicas seg¨²n los tiempos de otras causas que han seguido un recorrido similar. Fuentes del Gobierno consideran, en cambio, que este juez no podr¨¢ demorar la exhumaci¨®n.
Dos causas. La pugna jur¨ªdica presenta actualmente dos vertientes. La primera, que versaba sobre el plan del Gobierno de exhumar al dictador, acaba de contar con el respaldo un¨¢nime del Supremo. Esta resoluci¨®n es firme, pero la familia de Franco ya anunci¨® que pretende acudir ahora al Tribunal Constitucional, quien primero deber¨¢ admitir a tr¨¢mite el recurso y despu¨¦s pronunciarse sobre el fondo. Mientras tanto, la segunda batalla seguir¨¢ en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n¨²mero 3 de Madrid, donde se aborda exclusivamente el informe urban¨ªstico del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, que el magistrado Yusty anul¨® de forma cautelar.
La par¨¢lisis de la "licencia". "En el caso de autos no se aprecia especial urgencia en la exhumaci¨®n del que fue jefe del Estado, puesto que lleva enterrado en la bas¨ªlica de la Santa Cruz del Valle de los Ca¨ªdos desde el d¨ªa 23 de noviembre de 1975, es decir, m¨¢s de 44 a?os". Con esta valoraci¨®n, entre otras, Yusty defendi¨® las medidas cautelares para suspender la "licencia" municipal para sacar los restos del dictador. Seg¨²n argument¨® el magistrado, adem¨¢s, esta obra supone un riesgo para los operarios: "Se trata de remover unas losas de m¨¢rmol, que a su vez tapan una losa de granito de, al parecer, 2.000 kilos de peso, y no hace falta ser arquitecto, arquitecto t¨¦cnico, ingeniero ni maestro de obras para percatarse de que ello es de por s¨ª algo complicado, dif¨ªcil de manejar, y por tanto peligroso". Y, por ello, suspendi¨® el informe al considerar que "existen dudas acerca de las condiciones de seguridad".
La batalla que queda. Desde entonces, sigue vigente esta decisi¨®n del titular del juzgado de lo Contencioso-Administrativo n¨²mero 3, conocido por su p¨²blica aversi¨®n a la ley de memoria hist¨®rica ¡ª"es un proyecto sectario y divisor. Representa el ansia de venganza y el odio de los vencidos de la Guerra Civil", ha llegado a decir sobre ella¡ª. De hecho, la Abogac¨ªa del Estado trat¨® de recusarlo por ello, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechaz¨® estas pretensiones y mantuvo a Yusty en la causa. De esta forma, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, le toca ahora a este magistrado volver a mover ficha.
Tras reincorporarse de una baja y pasar el mes inh¨¢bil de agosto, el juez deber¨¢ ahora convocar una vista de medidas cautelares, prevista para octubre, donde podr¨¢n pronunciarse la Abogac¨ªa del Estado y la familia del dictador. Seg¨²n lo previsto, ser¨¢ entonces cuando Yusty decida si mantiene la suspensi¨®n de la "licencia" de obra. En el caso de que el magistrado revoque su propia medida, el Gobierno tendr¨¢ v¨ªa libre. En cambio, si la prolonga, la batalla se trasladar¨¢ de escenario. Es entonces cuando el Ejecutivo puede recurrir esa medida al Tribunal Superior de Justicia y, en el caso de que sigan sin darle la raz¨®n, podr¨¢ acudir al Supremo. Todo este proceso, seg¨²n los c¨¢lculos de fuentes jur¨ªdicas, suele durar entre dos y cinco a?os.
La baza del Gobierno.?Fuentes del Ejecutivo consideran, en cambio, que este juez no tiene competencias para retrasar una decisi¨®n del Consejo de Ministros y que, una vez que se acuerde una fecha en este ¨®rgano, no podr¨¢ impedir la exhumaci¨®n. Seg¨²n insisten, en esta iniciativa no se requiere una licencia de obra y lo que se anul¨® es solo un informe. Pero Yusty expuso en su auto que "una decisi¨®n del Consejo de Ministros, por leg¨ªtima y conforme a la legalidad que sea, no puede ejecutarse sin las garant¨ªas t¨¦cnicas y mec¨¢nicas que puedan poner en peligro la vida o la integridad f¨ªsica de los t¨¦cnicos y operarios de toda clase".
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