UGT Andaluc¨ªa defiende la actuaci¨®n de su exc¨²pula procesada por un supuesto fraude de 40 millones

La UGT en Andaluc¨ªa ha defendido este martes la gesti¨®n de su anterior c¨²pula, cuatro de cuyos miembros fueron procesados la semana pasada, junto con 10 empresarios, por supuestamente defraudar subvenciones de la Junta para cursos de formaci¨®n por 40 millones de euros. Germ¨¢n Fern¨¢ndez, coordinador de los servicios jur¨ªdicos del sindicato en Andaluc¨ªa, ha expresado su convicci¨®n de que sus predecesores actuaron ¡°conforme a la ley¡±. Unas palabras que contrastan con las de su secretario general, Pepe ?lvarez, que la semana pasada busc¨® desvincular al sindicato de las acusaciones apelando a que quien iba al banquillo de los acusados ¡°no es UGT de Andaluc¨ªa, sino exdirigentes¡±.

¡°Tenemos el convencimiento de que las actuaciones de la anterior ejecutiva se realizaron conforme a la ley¡±, ha asegurado Fern¨¢ndez, quien ha se?alado que los cuatro antiguos cargos procesados ¡ªel ex secretario general de UGT en Andaluc¨ªa Francisco Fern¨¢ndez, el ex secretario general de Administraci¨®n, la ex secretaria de Gesti¨®n Econ¨®mica y la exresponsable del Departamento de Compras¡ª siguen afiliados al sindicato.

Fern¨¢ndez ha matizado despu¨¦s que ¡°si la justicia dictamina lo contrario¡±, se pondr¨¢n en marcha los mecanismos establecidos en sus Estatutos. Fern¨¢ndez no considera que sus palabras desvirt¨²en la estrategia del l¨ªder nacional del sindicato. ¡°La posici¨®n es la misma, ni minimizamos la trascendencia del auto, ni consideramos que sea una cuesti¨®n de mero tr¨¢mite¡±, ha afirmado.

El auto, dictado el 3 de diciembre por el titular del Juzgado de Instrucci¨®n N¨²mero 9 de Sevilla, establece ¡°la existencia entre 2009 y 2013 de procedimientos concertados entre los responsables de la entidad UGT Andaluc¨ªa y determinados proveedores, a fin de que, de una forma coordinada, pudieran facilitar al referido sindicato una v¨ªa de financiaci¨®n para la pr¨¢ctica de sus actuaciones propias¡±. Las t¨¦cnicas utilizadas para la consecuci¨®n de esos ¡°fines fraudulentos¡±, fueron, seg¨²n el escrito de procesamiento, el rappel, por el que el sindicato se beneficiaba de descuentos de los proveedores, que no declaraba a la Administraci¨®n, el bote, un sistema de financiaci¨®n generado a trav¨¦s de pago a proveedores a trav¨¦s de facturas simuladas, y la cesi¨®n en usufructo de locales propiedad del sindicato a una sociedad mercantil de UGT, ¡°que no generaban ning¨²n gasto¡±, de acuerdo con el juez.

El sindicato ha defendido que todos los cursos investigados que recibieron subvenci¨®n se impartieron y ha manifestado su discrepancia con la decisi¨®n judicial alegando que existen ¡°disparidad de criterios entre el informe pericial y el auto¡±. Fern¨¢ndez, que no ha objetado los mecanismos de rappel o bote detallados por el instructor, ha advertido de que el perito no ¡°cuantific¨® el bote¡± y que, en el caso del mecanismo del rappel, ¡°realiz¨® un c¨¢lculo te¨®rico¡±.

Con esta estrategia el sindicato busca desvirtuar el c¨¢lculo al que llega el juez de 40 millones que pudieron haberse desviado por parte de la organizaci¨®n sindical, reduci¨¦ndolas a 1,4, en cuanto al rappel, y 1,6 millones, para el alquiler. Fern¨¢ndez s¨ª ha defendido la legalidad de la cesi¨®n en usufructo de los locales del sindicato por entender que ¡°el alquiler de aulas implica gesti¨®n, mantenimiento e inversi¨®n¡±. UGT-A tambi¨¦n considera que el objeto que se est¨¢ juzgando: ¡°un gasto subvencionable o elegible¡±, no deber¨ªa ser objeto de un proceso penal sino de uno administrativo¡±.

M¨¢s all¨¢ de la defensa jur¨ªdica de un caso en el que el sindicato no est¨¢ personado ni como parte implicada ni como acusaci¨®n particular, UGT Andaluc¨ªa ha sido muy cr¨ªtico con la labor fiscalizadora que est¨¢ haciendo la Junta de Andaluc¨ªa sobre la organizaci¨®n. ¡°No conocemos que el resto de firmantes de acuerdos tengan la misma supervisi¨®n ni que sus conclusiones tengan la misma repercusi¨®n¡±, ha asegurado Fern¨¢ndez, quien ha recalcado que todos los expedientes relativos a formaci¨®n desde enero de 2007 hasta 2011 han sido objeto de procedimientos de revisi¨®n por parte de la Administraci¨®n. El coordinador de los servicios jur¨ªdicos tambi¨¦n ha confirmado que desde 2011 la entidad no ha desarrollado m¨¢s cursos de formaci¨®n subvencionados por el Gobierno regional.