Taxis y VTC: cuando la falta de valent¨ªa y sentido com¨²n eternizan un conflicto

La guerra entre el sector del taxi y las VTCs se ha traducido en una proliferaci¨®n normativa que ha provocado una inseguridad jur¨ªdica sin precedentes en el ¨¢mbito de la movilidad urbana. El RDL 13/2018, convalidado por el Congreso de los Diputados en septiembre y todav¨ªa en fase de enmiendas para su transformaci¨®n a proyecto de ley, a?ade m¨¢s le?a al fuego. Por un lado, limita la habilitaci¨®n asociada a la actividad de arrendamiento de veh¨ªculos con conductor, de tal forma que dichos t¨ªtulos habilitantes ¨²nicamente permitir¨¢n realizar transporte interurbano de viajeros, no urbano como hasta el momento. Y, por otro, traslada las competencias para modificar las condiciones de explotaci¨®n de las licencias VTC desde el Gobierno central a las CCAA y, eventualmente, a los entes locales. La urgencia y la brusquedad impregnan el propio texto del Real Decreto Ley y la principal causa es la tenaz presi¨®n que est¨¢ llevando a cabo el sector del taxi.

El objetivo del decreto ley es claro: de manera totalmente precipitada, pretende adelgazar las competencias del gobierno central y, a su vez, exonerarle de responsabilidades en materia de VTC convirtiendo un problema nacional en diecisiete (?o m¨¢s!) conflictos locales.

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Por si fuera poco, la forma en la que se ha llevado a cabo la limitaci¨®n de la habilitaci¨®n no est¨¢ exenta de pol¨¦mica: el r¨¦gimen transitorio de cuatro a?os que determina el RDL ya se est¨¢ tambaleando y la sombra de las indemnizaciones millonarias se cierne sobre las distintas administraciones p¨²blicas.

En este contexto, sin lugar a dudas, la estrategia m¨¢s sensata por parte de las administraciones p¨²blicas auton¨®micas y locales, supuestas receptoras de nuevas competencias, pasa por no tomar decisiones precipitadas que puedan suponer pagos futuros por da?os y perjuicios y complicar, todav¨ªa m¨¢s, una situaci¨®n jur¨ªdica y judicial ya de por s¨ª muy compleja. Convendr¨ªa analizar debidamente las consecuencias del RDL 13/2018, esperar a su tramitaci¨®n definitiva como ley y estar atentos a las sentencias y autos judiciales, pues podr¨ªan modificar en gran medida las reglas del juego.

En el caso de Catalunya, los rumores apuntan a un traslado de competencias de la Generalitat a la ?rea Metropolitana de Barcelona (AMB) a trav¨¦s de dos Decretos Leyes por parte del ejecutivo catal¨¢n (de hecho, la AMB ya est¨¢ preparando su segundo Reglamento en informaci¨®n p¨²blica hasta el 25 de enero despu¨¦s de que la CNMC y la ACCO impugnaran el primero). Posiblemente, esta ser¨ªa la peor de las decisiones por varios motivos:

• El uso excesivo del decreto ley, norma con rango de ley, en los ¨²ltimos a?os para evitar las impugnaciones de las autoridades de competencia es una estrategia ruin que se reproducir¨ªa de nuevo en esta ocasi¨®n delatando una intencionalidad poco clara por parte del legislador.
• La aprobaci¨®n de un Decreto Ley donde se delegan unas competencias que todav¨ªa no est¨¢n plenamente asumidas parece irracional. Recordemos que el RDL 13/2018 est¨¢ convalidado, pero se encuentra todav¨ªa en fase de enmiendas.
• Pol¨ªticamente, la AMB se ha postulado p¨²blicamente en contra de la actividad de las VTC y, con su regulaci¨®n, podr¨ªa erradicar injusta y tajantemente su actividad sin respetar el periodo de indemnizaci¨®n.
• Si la Generalitat o la AMB no respetan el plazo de cuatro a?os determinado en el RDL 13/2018, se arriesga a asumir una indemnizaci¨®n que podr¨ªa situarse en 1.000 millones de euros (3.800 millones en todo el territorio nacional), seg¨²n un estudio de la consultora E&Y.?

Sin lugar a dudas, la situaci¨®n es compleja y, por ello, necesitamos valent¨ªa y sentido com¨²n de nuestros pol¨ªticos. El informe de la Comisi¨®n Interdepartamental de la Econom¨ªa Colaborativa aprobado por Gobierno de la Generalitat de Catalunya hace ya m¨¢s de un a?o apuntaba algunas propuestas interesantes para buscar un primer acercamiento taxi-VTC (taxi compartido, flexibilizaci¨®n de tarifas, proyectos piloto de movilidad compartida, l¨ªneas de ayuda a la modernizaci¨®n y digitalizaci¨®n del servicio de taxi). Y la ACCO tambi¨¦n se ha manifestado en m¨¢s de una ocasi¨®n apuntando soluciones al conflicto, haciendo valer los principios de Better Regulation de la normativa europea que invitan a no prohibir, sino a establecer un terreno de juego equilibrado en el cual todos los operadores puedan llevar a cabo su actividad en igualdad de condiciones.

Pero tambi¨¦n la ACCO ha perdido la paciencia y, en sus ¨²ltimas declaraciones sobre el asunto, considera que ser¨ªa totalmente discriminatorio y restrictivo que la futura norma catalana impusiera a las VTC, tal y como supuestamente pretende, la obligaci¨®n que se les pre-contraten los servicios con una antelaci¨®n m¨ªnima de seis horas.

Por todo ello, es necesario proceder con cautela e ir con especial cuidado con las decisiones partidistas tomadas bajo mucha presi¨®n. Si se consiguiera superar esta primera fase, se podr¨ªa romper la barrera del cortoplacismo e idearse una regulaci¨®n coherente, moderna y respetuosa con el conjunto del sector y de los principios de buena regulaci¨®n. La l¨®gica invita a regular tanto el taxi como las VTC bajo una sola normativa, pues actualmente se trata de servicios pr¨¢cticamente id¨¦nticos. En pa¨ªses como Portugal u Holanda, el servicio del taxi y de la VTC coexisten pac¨ªficamente desde hace m¨¢s de un a?o, y ello es debido a una buena regulaci¨®n.

Uber y otras plataformas tecnol¨®gicas operan en la mayor parte de las grandes ciudades europeas donde se est¨¢ regulando su actividad de forma m¨¢s o menos acertada. ?Tiene que ser Barcelona la primera ciudad donde se proh¨ªba definitivamente su actividad? ?La ciudad que est¨¢ despuntando como nuevo n¨²cleo de empresas tecnol¨®gicas? ?La ciudad del Mobile World Congress?

Las administraciones p¨²blicas deben dejar de pasarse la patata caliente de una a otra. La Generalitat deber¨ªa aprovechar esta oportunidad y establecer un marco normativo estable para las VTC y el taxi en Catalu?a, es decir, afrontar el reto y regular el sector en su conjunto. Ahora parece complejo, pero en menos de una d¨¦cada se espera la llegada del coche aut¨®nomo, ?tambi¨¦n lo vetaremos? Los avances tecnol¨®gicos no deben ser el n¨²cleo del problema, sino parte de la soluci¨®n: el objetivo, en definitiva, deber¨ªa ser una movilidad urbana m¨¢s verde, competitiva, sostenible, innovadora, moderna y adaptada a las necesidades cambiantes del ciudadano.

Anna Merino es?doctora en econom¨ªa y consultora experta en competencia, regulaci¨®n y econom¨ªa digital.