Una juez de Barcelona tramita como atentado la agresi¨®n de dos padres a unos profesores
Los progenitores golpearon y amenazaron de muerte a la directora, un docente y un conserje de un colegio catal¨¢n.- Hasta hace poco, estas acciones se consideraban una falta
El fiscal general del Estado apost¨® hace unos d¨ªas por tramitar como atentado -un delito que conlleva penas de c¨¢rcel- las agresiones graves a maestros y m¨¦dicos. Respaldaba as¨ª la propuesta de la Fiscal¨ªa Superior de Justicia de Catalu?a, que instruy¨® a los fiscales de esa comunidad para que lo hicieran as¨ª. Hoy, una juez de Barcelona ha procedido de esta manera contra los padres de un alumno que agredieron y amenazaron a dos profesores y a un conserje. Andaluc¨ªa fue la primera comunidad en tramitar as¨ª un caso.
La titular del juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 33 de la capital catalana ha atendido as¨ª la petici¨®n de la fiscal¨ªa y de la acusaci¨®n particular (ejercida por la Generalitat de Catalu?a) de que el caso no se tramitara como falta sino como atentado. Los procesados se enfrentan a una posible pena de entre uno y tres a?os de prisi¨®n por esta agresi¨®n, que tuvo lugar en el colegio Eduard Marquina de esa ciudad.
La juez hab¨ªa suspendido el juicio el pasado martes para estudiar la petici¨®n de la fiscal¨ªa; los procesados est¨¢n acusados de agredir y amenazar de muerte a la directora, la jefa de estudios y a un conserje del centro educativo tras entablar una discusi¨®n con ellos. Los padres exig¨ªan que a su hijo, que cursa educaci¨®n infantil, le permitieran entrar una hora antes del horario establecido.
Los art¨ªculos 550 y 551 del C¨®digo Penal, que recogen el delito de atentado, castigan con penas de prisi¨®n de entre uno y tres a?os a "los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios p¨²blicos, o empleen fuerza contra ellos, los intimiden gravemente les hagan resistencia activa tambi¨¦n grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasi¨®n de ellas". Si el atentado se considera que es contra una autoridad, las penas previstas son de entre dos y cuatro a?os de c¨¢rcel.
Conde-Pumpido precis¨® en su momento que la aplicaci¨®n de este art¨ªculo, tal y como est¨¢ redactado, a maestros y m¨¦dicos, comporta dificultades t¨¦cnico-jur¨ªdicas, por lo que insisti¨® en que se trata de una posibilidad legal que debe utilizarse s¨®lo en los casos en los que se den situaciones de gravedad.
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