Costa Rica y los tiburones invierten los papeles del 'asesino'

El temible tibur¨®n es atrapado, le cercenan su aleta y es lanzado de nuevo al mar para que muera como pueda. La membrana queda en la superficie, la secan y la preparan para viajar al otro lado del mundo. Los asi¨¢ticos est¨¢n dispuestos a pagar m¨¢s de 100 d¨®lares por cada kilo de ese manjar de presuntas propiedades curativas y afrodisiacas. El restante 95% del tibur¨®n queda moribundo en las aguas del Pac¨ªfico costarricense. Y pendientes sobre la robusta imagen ecologista que este pa¨ªs se ha forjado en el mundo, algunos interrogantes sin respuesta.

Costa Rica y los tiburones asesinos de la costa pac¨ªfica protagonizan ahora una pel¨ªcula de papeles invertidos. El pa¨ªs muestra colmillos mutiladores de unos peces cuyo valor en las conciencias ecologistas crece quiz¨¢ tanto como el precio en yuanes en un mercado de Taipei. La poblaci¨®n de estos animales se redujo un 60% entre 1991 y 2001 por culpa del desaleteo, una pr¨¢ctica que involucra a peque?os pescadores, grandes flotas asi¨¢ticas, muelles privados, algo de negligencia de las autoridades y una paup¨¦rrima estructura para perseguir a los mutiladores.

El problema siempre existi¨®, pero s¨®lo hay algo peor que matar tiburones: que todo el mundo lo sepa. El cineasta canadiense Rob Steward se encarg¨® de eso. Su documental Sharkwater se estren¨® en noviembre y provoc¨® escalofr¨ªos en un pa¨ªs donde la mayor actividad econ¨®mica propia es el turismo, basado sobre un concepto de ecoturismo construido con meticulosidad durante a?os. A los influyentes ecologistas locales no les ha faltado dinero internacional para fortalecer la presi¨®n por aumentar los controles y las sanciones que a cuentagotas se han instaurado.

El Gobierno, sin embargo, no puede ocultar la preocupaci¨®n. "No niego que el documental haya tenido su impacto, pero es desafortunado, porque responde a una realidad que ya no vivimos. Es inaceptable todo lo que se ha hecho en el pasado, con t¨¦cnicas de pesca insostenibles, pero eso ya no ocurre as¨ª en Costa Rica", explica a EL PA?S el ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Bruno Stagno.

El pasado, sin embargo, persiste gracias a la inoperancia de las entidades y su desobediencia a los fallos del Tribunal Constitucional costarricense, recuerda el bi¨®logo Randall Arauz, presidente del Programa de Restauraci¨®n de la Tortuga Marina (Pretoma) y uno de los l¨ªderes de una campa?a que cada vez cala m¨¢s en la poblaci¨®n. No es raro ver tiburones de peluche colgados de los retrovisores de los coches.

Costa Rica ilegaliz¨® el desaleteo en 2005 y se uni¨® a la lista de pa¨ªses afines: Canad¨¢, Estados Unidos, Australia y Brasil. La diferencia es que la capacidad de sus autoridades para eliminarlo es tanta como la posibilidad de que un tibur¨®n siga vivo despu¨¦s de que le hayan amputado su extremidad m¨¢s amenazante. Est¨¢ prohibido descargar un escualo incompleto, pero los puertos privados son zona prohibida para un control estatal que, de todos modos, carece de recursos —y de voluntad, agregan los activistas— para hacer cumplir la ley. "Las autoridades siempre han mostrado mayor inter¨¦s por proteger el inter¨¦s de los due?os de los muelles privados", se queja Arauz.

Para colmo, la participaci¨®n de organizaciones medioambientales en los controles ha generado conflicto con los pescadores, que no tardan en referirse a ellos como "esos vagabundos de sandalias y pelo largo que no tienen nada mejor que hacer". As¨ª, aunque a?adiendo t¨¦rminos m¨¢s fuertes, se expresa Mario, un desaleteador que malvive con lo que gana por su funci¨®n en la parte m¨¢s baja de la pir¨¢mide del negocio. "Jam¨¢s pagar¨ªa ni 500 colones [un d¨®lar] por una sopa de ¨¦sas [de aleta de tibur¨®n], pero as¨ª me gano la vida m¨ªa, de mi esposa y mis hijas", comenta el pescador, que se declara con suerte por tener trabajo en Puntarenas, en la costa pac¨ªfica.

Este joven, de innegable apariencia de marinero, dice que vio la pel¨ªcula Sharkwater porque le dijeron que ¨¦l hab¨ªa sido filmado. "Pero no vi nada. S¨®lo a esos mechudos queriendo que nos muramos de hambre", dijo en referencia a los tripulantes del barco ecologista Sea Sheperd Conservation Society, que en el documental terminan acusados de "amenazar la vida" de los pescadores por atravesarse para evitar el paso de un barco cargado con aletas de tibur¨®n rumbo a tierra firme, donde las ponen a secar sobre l¨¢minas de zinc. Steward hace un esfuerzo de l¨®gica y concluye que, si se logr¨® filmar aletas, es porque hubo desaleteo, aunque admite una t¨ªmida reacci¨®n positiva de las autoridades locales en los ¨²ltimos seis a?os, al menos superior al resto de los pa¨ªses centroamericanos, donde ni siquiera las leyes proh¨ªben esta pr¨¢ctica.

La alerta de los ecologistas se mantiene tambi¨¦n por la posible llegada de flotas chinas a las costas nacionales, como una consecuencia de la relaci¨®n diplom¨¢tica que Costa Rica estableci¨® con China en junio, en sustituci¨®n de Taiwan. El hambre, la curiosidad y el enriquecimiento de los millones de comensales chinos no deja tranquilos a los defensores de los tiburones, a pesar de que el Gobierno pide calma.

"Es cierto que China consume mucha aleta de tibur¨®n, pero aqu¨ª tenemos nuestra ley. Las condiciones legales que antes permit¨ªan la presencia de una importante flota pesquera taiwanesa ya han cambiado. Eso ocurri¨® en el pasado; no tenemos por qu¨¦ ser condescendientes con una flota de un pa¨ªs que realiza pr¨¢cticas de pesca insostenibles", responde Stagno.